La Justicia de Mar del Plata pide una audiencia de conciliación para analizar la reactivación de la economía

Tras la presentación de una acción de amparo por parte de un grupo gastronómico y de complejos deportivos, el fiscal general federal Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, recomendó que se realice una audiencia conciliatoria para analizar la reactivación de la economía.

La presentación había sido realizada por el abogado Néstor Fernando Herrera, en representación de un grupo reducido de empresarios gastronómicos y también de complejos deportivos, contra el Ejecutivo nacional para dejar sin efecto las restricciones que se sostienen hace casi ocho meses y desarrollar la actividad en un marco de "normalidad".

En la medida cautelar se había resaltado que "luego de largos años de debilidad del sistema sanitario, no puede ahora calificarse como una situación extraordinaria que justifique la limitación de otros derechos constitucionales distintos al de la salud".

Además, habían apuntado que "la imposibilidad de contención del sistema sanitario está recayendo ilegítimamente sobre un sector del comercio y de la industria que demostró que reúne condiciones de salubridad por apelación de protocolos autorizados y homologados por el Municipio de General Pueyrredon".

Ante este análisis, Adler sostiene que "la vía elegida por los actores para canalizar su reclamo resulta ser formalmente adecuada" y es por ello que solicita  que se habilite la instancia y se llame a audiencia conciliatoria a desarrollarse a través de medios virtuales para buscar acuerdos mínimos en pos de "salvaguardar los derechos de todos".

El fiscal federal solicitó que participe un representante por la parte actora, uno de la Municipalidad de General Pueyrredon, uno del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y otro del Estado nacional, como también de Zona Sanitaria VIII, la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) desde el área de Bioética.

Adler fundamentó su postura al señalar que "ni los actores quieren muertes ni el Estado quiere desempleo". "La extensión de esta pandemia y de las normas estatales que la abordan y que impide el ejercicio pleno de los derechos invocados, necesita de una instancia superadora", señaló.

"Entiendo que debe adoptarse en esta coyuntura un rol del juez que no se centre en la tradicional lógica de decidir entre ganadores y perdedores, sino en alcanzar acuerdos sociales e institucionales que solo se alcanzan mediante acuerdos razonables de convivencia pacífica ante una situación inédita para nuestros tiempos. El sistema de administración de Justicia puede cumplir un rol relevante en esta encrucijada", indicó al finalizar.