Con niveles de morosidad inéditos, los colegios privados esperan el auxilio del Estado para no cerrar

Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de red Mar del Plata Entre Todos reveló que la crisis por la pandemia de coronavirus obligó a cuatro de cada diez familias marplatenses a dejar de pagar, entre otras obligaciones, las cuotas de educación privada. Y las repercusiones, claro, son inmediatas: con niveles de morosidad inéditos, hasta el momento ya cerraron 40 establecimientos en toda la provincia, mientras que otros tantos se encuentran en situación terminal. 

Los números hablan por sí solos: en las 6 mil escuelas de gestión privada que concentran a 1,6 millones de estudiantes de toda la Provincia, la morosidad en el pago de los aranceles en los niveles primario y secundario ronda el 60%, en los jardines alcanza el 70%, mientras que en el caso de los maternales es del 90%. Según un relevamiento de Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta agosto, el 66% de los colegios se endeudó para pagar salarios y el 81% suspendió el pago a proveedores. 

“No hay despidos pero sí demoras en el pago de salarios en varias instituciones y hay sectores más complicados, como el nivel inicial”, reconoció por su parte Adriana Donzelli, secretaria general del Sadop en Mar del Plata.

En este marco, Aiepba espera que la Cámara de Diputados bonaerense apruebe lo antes posible el proyecto de ley de asistencia a establecimientos educativos de gestión privada, que ya tuvo media sanción en Senadores. La iniciativa prevé un aporte extraordinario no reembolsable hasta el regreso de las clases presenciales al que podrían acceder escuelas con o sin subvención del Estado, con cuotas mensuales de menos de 12 mil pesos y que hayan sufrido una baja del 35% real de sus ingresos. A mayor subvención, menor sería el aporte extraordinario, mientras que aquellas escuelas que no tengan ayuda del Estado recibirían una suma mensual de hasta 105 mil pesos. 

Se estima que la medida alcanzaría a 4500 escuelas privadas -el 75% de los establecimientos que funcionan en toda la provincia- y también a 2000 jardines con salas de 2, 3, 4 y 5 años inscriptos en Diegep. Además, llegaría a 140 establecimientos de educación especial.

“Los colegios no son multinacionales, son pymes, emprendimientos familiares que hoy están muy comprometidos”, advirtió Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba, quien remarcó que el ATP “no llegó a todos los establecimientos” y que, en aquellos casos en los que sí se pudo acceder, “sólo alcanzó a 5 de 20 trabajadores”.  “Ningún empleador quiere cerrar y por eso han sacado créditos para seguir, pero ya es insostenible para todos”, aseguró.

Zurita advirtió que los jardines de infantes y maternales -el 70% son privados-, están directamente “diezmados”. “No se le puede hacer un seguimiento pedagógico a un bebé por Zoom, además de que muchos padres se quedaron sin trabajo o no pudieron seguir pagando y tuvieron que sacar a sus hijos del jardín maternal que, además, no es obligatorio”, razonó.

Cerradas desde el 12 de marzo y aún sin fecha de reapertura, las guarderías subsisten gracias al compromiso de las docentes que, en muchos casos, no cobran su salario: en Mar del Plata, sólo dos de alrededor de 30 establecimientos pudieron acceder al ATP y, en los últimos siete meses, al menos dos debieron cerrar sus puertas ante la imposibilidad de hacer frente al pago de alquileres, sueldos y otros gastos por el mantenimiento de las instalaciones.

Desde hace tres años, Andrea y su hija tienen “Aqualuna”, una guardería ubicada en calle Santa Fe 2274, en donde trabajan nueve docentes y otras tres personas que se ocupan de la limpieza. En lo que va de la cuarentena, calculan que la matrícula cayó un 80% y, para mantener a los alumnos, debieron reducir hasta el 60% el valor de las cuotas. “Nadie está cobrando el sueldo. Algunas docentes están cuidando nenes de forma particular y otras se reinventaron vendiendo cosas”, admitió la propietaria del lugar.

El sector ya presentó un protocolo para volver a trabajar de manera presencial y si bien aseguran que tienen el visto bueno del municipio, siguen sin lograr la habilitación para funcionar en el contexto de pandemia. Por lo pronto, en algunos casos realizan encuentros por Zoom cada 15 días y reparten todos los meses, casa por casa, el material para que los chicos puedan mantenerse activos. “Necesitamos trabajar, no abrimos la guardería para pintar maderitas ni hacer plantitas”, se quejó Andrea.

Aunque cada establecimiento tiene su propios valores, en promedio, las cuotas que antes eran de 8 mil pesos pasaron a ser de 3 mil. Aún así, hay jardines que sólo tienen dos o tres alumnos. Frente a este panorama, Andrea aseguró que, hoy por hoy, los propietarios de una decena de establecimientos ya empezaron a hacerse la idea de que deberán cerrar para no seguir acumulando deudas.