Los Báez, una familia diezmada por el terror de la dictadura

El 5 de marzo de 1976, tres cadáveres aparecieron semienterrados al costado de la ruta 2 a la altura de Dolores. Les faltaban los dedos de las manos y estaban cubiertos con cal para acelerar la descomposición. El hombre y las dos mujeres, familiares de Federico Báez un militante de Montoneros, habían sido secuestrados cuatro días antes por un grupo paramilitar que los torturó hasta la muerte. El caso Báez da cuenta de cómo el poder militar montó una operación de inteligencia que contó con la colaboración de los medios de comunicación para ocultar la persecución y la masacre de toda una familia, días antes del Golpe de Estado.

El 11 de febrero, el coronel Rafael Reyes, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea (Gada 601) cumplió con el ritual de cada día y salió de su casa rumbo a la guarnición militar, ubicada sobre la Ruta 11 camino a Santa Clara. Minutos después de las seis de la mañana bajó del vigésimo piso del edificio de Las Américas y subió al auto Ford Falcon verde que remontó velocidad por la calle Córdoba. Los colimbas Tempone y Gómez custodiaban al coronel y se turnaban para manejar el auto.

Mientras esperaba la luz verde del semáforo de Córdoba y Diagonal Alberdi, una camioneta Ford F100  y un Peugeot 404 intentaron interceptarlos, pero la rapidez del conductor evitó el primer ataque. El segundo intento los esperaba a 200 metros, al cruzar la calle 9 de Julio. Enseguida fueron rodeados por un grupo de diez personas que le ordenaron a Tempone y Gómez que bajaran del auto. Reyes quedó en el asiento de atrás y, según la crónica publicada por el diario Clarín el 12 de febrero, fue una mujer quien asesinó al coronel con una ráfaga de ametralladora. Los médicos de la clínica Pueyrredon no pudieron hacer nada, con 18 disparos sobre el cuerpo la suerte estaba echada.

 A las pocas horas todas las salidas de la ciudad estaban bloqueadas en busca de los asesinos. El jefe de la Policía de Buenos Aires, Alfio Brignone, viajó desde La Plata para encabezar el operativo de captura mientras que la máxima autoridad del Primer Cuerpo del Ejército, general Súarez Mason, llegó en un avión militar para participar del velatorio del coronel.

Gustavo Demarchi, exfiscal, actualmente condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad.

La primera información sobre los atacantes se supo en horas de la tarde. Un comunicado llegó a las redacciones de todos los medios: el “Comando Tito Marinelli” de las Brigadas Rojas de la Organización Comunista Poder Obrero (BR – OCPO) reconocía la autoría del atentado y reivindicaba la acción. La investigación por el crimen de Reyes quedó a cargo del recientemente constituido Juzgado Federal de Mar del Plata en manos del juez Adolfo González Etcheverry y del fiscal Gustavo Demarchi.

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Isabel Eckerl y Federico Guillermo Báez se conocieron militando. Ella estudiaba Sociología y él Derecho y los dos tenían una segunda carrera: Ciencias Políticas. A principios del 70 coincidieron en las protestas en contra de la dictadura. Los dos provenían de tradición radical, pero a esa altura ya habían abrazado el peronismo.

Isabel recuerda el despertar a la política de la mano de su tío Luis Palacios. “Muy militante, un caudillo de la UCR con formación muy sólida”, dice frente a la cámara en una entrevista realizada por la Biblioteca Nacional. La primera manifestación en la calle fue para festejar el triunfo de Arturo Illia en 1963. Tiempo después, las barbaridades que decía una profesora en contra de Eva Perón la acercaron, casi por curiosidad, al peronismo.

Hay seis generaciones que llevan los nombres Federico Guillermo en la familia Báez. El primero de ellos se lo pudo rastrear en la guerra contra el Paraguay, fue un correo de Urquiza durante la contienda de la Triple Alianza. El cuarto fue un destacado miembro de la UCR y un reconocido agente inmobiliario. El quinto eligió el peronismo y se casó con Isabel. El 22 de septiembre de 1973 nació el sexto: Federico Guillermo Báez. Lo llamarán “Guille” como una forma de evitar la confusión con el papá y el abuelo.

En 1974 Federico trabajaba en la casa central del Banco Provincia y militaba en la Juventud de Trabajadores Peronistas (JTP) y Montoneros. El 20 de marzo de 1975, en un atentado, Montoneros asesinó al abogado Ernesto Piantoni, líder de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La muerte del  principal referente de la agrupación de ultraderecha peronista desató una ola de venganza: en una noche la CNU asesinó a cinco militantes de la tendencia revolucionaria y los crímenes no se detuvieron hasta febrero de 1976.

Los militantes con mayor exposición eran un blanco móvil. Federico decidió pedir el traslado a la sucursal del Banco Provincia en Villa Gesell hasta que se apaciguaran los ánimos, pero eso nunca ocurrió. El 15 de julio de 1975, Isabel fue detenida durante un operativo en su casa. Bajo la ley 20840, el fiscal Demarchi la acusó de traición a la patria y pidió 14 años de prisión. El juez González Etcheverry la condenó a 7 años y fue trasladada al penal de Olmos.

El 20 de noviembre de 1975 Federico visitó a Isabel en la cárcel. Esa fue una de las últimas veces que se vieron. “En esa oportunidad Fede me dijo que la cosa estaba muy pesada afuera y que después de febrero, cuando terminara la temporada de verano se iba ir del banco”, recordó Isabel.

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Enrique Fiorentini había hecho suyo aquel slogan: “Constitución, la avenida del ruido”. Desde los años 60, la principal arteria de la zona norte de la ciudad, era una larga galería de boliches bailables. Desde Champagnat hasta la costa se contaban más de 30 locales. El empresario de la construcción había colaborado en aquella imagen. En 1969 abrió Enterprise, el boliche futurista que durante las tres décadas siguientes llamó la atención por su forma de plato volador.

Fiorentini provenía de una familia de albañiles. Junto a su hermano Domingo consolidaron la constructora familiar: Mirador Cabo Corrientes y el edifico Sacoa fueron algunos de los edificios que le dieron grandes dividendos y prestigio a la firma. A comienzos de los 70, Enrique se había convertido en un referente de la noche marplatense y el jet set. Manejaba varios locales nocturnos y las fotografías con Susana Giménez, el Polaco Goyeneche y las estrellas de la época eran cada vez más comunes.

Enterprise, boliche emblema de la década del '70.

El primer secuestro de Fiorentini ocurrió el 16 de junio de 1974,  un grupo de hombres se lo llevó sin mayores inconvenientes. Semanas después fue liberado en Buenos Aires tras pagar un importante rescate. En principio se responsabilizó al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) del secuestro, pero la organización político militar nunca reivindicó el hecho y todo  parecía indicar que se trató de un secuestro extorsivo sin fines políticos.

Fiorentini siguió atendiendo sus boliches con total normalidad. No contaba con custodia, pero tampoco estaba dispuesto a sufrir un nuevo ataque sin defenderse. La madrugada del 25 de febrero, minutos después de las 3 de la mañana, el Chevy del empresario fue interceptado en la esquina de Constitución y Artigas. Cuando Enrique vio a los dos hombres que se le venían encima intentó resistirse. Hubo un forcejeo y un solo disparo que le atravesó la garganta. Enrique murió en el acto.

La noticia fue tapa de los diarios al día siguiente, pero luego se apagó. Ningún medio de comunicación replicó el artículo de la revista Estrella Roja, órgano de difusión del ERP, que en su publicación N°71 del 14 de marzo de 1976 reconocían que “habían ajusticiado” al empresario Enrique Fiorentini.

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Las presas hacían malabares para poder enganchar radio Colonia en un aparato bastante rudimentario y una vez que lo lograban, debían cuidar que los guardias no lo detectaran. Cuando el locutor informó que habían encontrado los cuerpos de la familia Báez, Isabel prefirió escuchar “familia Páez” y siguió limpiando junto a sus compañeras.

La segunda vez que el informativo repitió la noticia no hubo mecanismo de negación posible: los cadáveres de Federico Guillermo Báez, de 52 años; Agnes Acevedo, de 47, y la hija de ambos, María Ercilia, de 23, habían aparecido el 5 de marzo al costado de la Ruta 2 en el kilómetro 232.

La noche del 1 de marzo de 1976, la patota conformada por militares, policías y civiles se dividió en dos. Cada grupo tenía un objetivo: la casa de Alvarado 2361 en el barrio San José, allí vivían los Báez. El otro, el departamento 2° F de Luro 3050, donde los padres de Isabel pasaban la temporada mientras alquilaban la casa familiar a turistas.

María Gromaz, la mamá de Isabel, fue la única sobreviviente. Los captores le preguntaban en medio de la tortura por su yerno Federico. Días después la arrojaron desde un auto en el cruce de la ruta 2 y el camino que va a Santa Clara. Desde allí llegó a su casa haciendo dedo. Por su testimonio se sabe que pudo haber estado en La Cueva, el centro clandestino de detención que funcionó debajo del viejo radar en la Base Aérea militar marplatense. Hasta el día de su muerte arrastró la sordera de un oído y una afección renal, consecuencias de la tortura.

El ex intendente de general Pueyrredon, Ángel Roig y el ex concejal radical Domingo Cavalcanti fueron los encargados de reconocer los cuerpos de la familia Báez. Tuvieron que hacerlo a través de las fotos que la policía de Dolores tomó cuando encontró los cadáveres.

El exintendente Ángel Roig reconoció los cuerpos de la familia Báez.

El 29 de octubre de 2007, en una audiencia de los Juicios por la Verdad, Roig reconstruyó aquellos días de horror e incertidumbre. Tenía una amistad de más de 20 años con Federico Báez padre. Frente al tribunal federal de Mar del Plata, recordó  que fue Cavalcanti, quien le informó sobre el operativo. “Habían secuestrado a Federico, la señora y la hija y había un gran revuelto en el departamento y habían intervenido las fuerzas de seguridad, que entendía que eran de policía y que podían ser también de ejército. Posteriormente también me dijo que había desaparecido una suma de dinero, que estaba guardado y que pertenecía a la inmobiliaria que constituían Cavalcanti y Báez, padre”.

El coronel Pedro Alberto Barda se constituyó como la máxima autoridad militar de Mar del Plata y la zona, tras el crimen de Reyes. Antes de que aparecieran los cuerpos de los Báez, recibió a los dirigentes radicales. Los escuchó atento y sólo les dijo: “Los detenidos van a aparecer”. Acto fallido o no, Barda reconocía que la familia Báez estaba detenida.

Hubo una duda que llevó años dilucidar: por qué la mamá de Isabel fue liberada y la familia Báez no. Todos fueron secuestrados por el mismo motivo, saber dónde estaba Federico Báez (h). Tiempo después Cavalcanti supo de parte de una fuente militar que Federico Báez padre había muerto de un paro cardiaco en la tortura y que ante ese escenario los militares decidieron matar a su esposa e hija para no dejar cabos sueltos. Incluso que los cuerpos aparecieran a más de 300 kilómetros de Mar del Plata era parte de la coartada para despegarse del crimen.

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Con el correr de los días, los medios de comunicación se olvidaron del comunicado de Poder Obrero y  comenzaron a publicar sin cuestionamientos los partes oficiales sobre una supuesta investigación que apuntaba a un empleado bancario y militante de la organización Montoneros como el autor del asesinato de Reyes. “Detalles sobre la investigación de atentados extremistas”, El Atlántico, del 2 de marzo de 1976, señalaba a Báez (h) como el principal sospechoso de los crímenes. Ocho días después, La Capital también se suma como vehículo de difusión de la operación de inteligencia: “Federico Báez habría participado en los atentados contra Reyes y Fiorentini”, edición del 10 de marzo.

El comisario mayor Tomás Vilá, a cargo de la investigación por el crimen de la familia Báez, convocó a una conferencia de prensa, la primera desde que se  había conocido la noticia. Frente a los periodistas aseguró que durante una inspección en la casa de la calle Alvarado “encontraron elementos, documentos y cartas que vinculan a los integrantes de la familia, sin lugar a dudas con la guerrilla y la subversión”.

El comunicado de Vilá mencionaba que se realizó un allanamiento en la casa de Federico Báez (h) en Villa Gesell. No lo encontraron, pero el comisario aseguraba que había pruebas para determinar que el joven bancario fue el autor de los atentados contra Reyes y Fiorentini. Nunca más se volvió a hablar de “Las brigadas Rojas de Poder Obrero” ni del ERP.

Dos días después de aquella conferencia, el juez González Etcheverry ordenó la detención de Federico.

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Federico camina por la estación de trenes de Brandsen, es un día de invierno. No se sabe si vive en esa localidad o si espera el tren hacia algún lugar. Los testigos nunca van a hablar: no dirán quienes lo rodearon, lo golpearon y lo metieron en un auto. Tampoco se sabrá si se resistió, si intentó escapar o sólo se entregó porque estaba cansado de esconderse.

Nada se sabe de Federico desde que se fue de Villa Gesell hasta su muerte en el centro clandestino de detención La Cueva entre octubre y diciembre de 1976. Siete años más tarde, en democracia, a Isabel Eckerl le llegó la versión de que su pareja se había ido a Capital Federal, que vivió un tiempo en la clandestinidad y que compartió un departamento con una pareja de militantes.

Federico Guillermo Báez.

Otra información asegura que a principios de marzo del 76 se entrevistó con el dirigente de la UCR Antonio Tróccoli, quien le ofreció denunciar el asesinato de su familia en el Senado. No hay evidencias de que esa denuncia haya llegado al Congreso, pero en la edición del 19 de marzo del diario Última Hora apareció una carta firmada por Federico. En ella, de alguna manera, anticipaba su final: “Todo es una monstruosa conspiración para justificar los crímenes cometidos en las personas de mi padre, de mi madre y mi hermana, y que sospecho debe terminar en mi propia muerte para impedir que se destape algún día la verdad”.

Héctor Gómez, chofer de Micromar y delegado gremial, fue secuestrado en la puerta de su casa a mediados de septiembre de 1976. Después de un derrotero que incluyó la delegación de la Policía Federal y la Jefatura Regional de la Policía de Provincia de Buenos Aires, terminó en La Cueva. Allí permaneció hasta la Navidad.

A partir de la apertura de los Juicios por la Verdad, Gómez declaró su calvario en más de una oportunidad.

En cada testimonio, Gómez recordó a varios de los detenidos desaparecidos con los que compartió cautiverio y siempre se emocionó en una parte del relato. “Había un chico que era empleado bancario. Se llamaba Federico y lo habían detenido en Brandsen. Lo torturaban mucho porque decían que había matado a un coronel de apellido Reyes. Un día se lo llevaron al baño y al ratito escuchamos un disparo… Federico no volvió a la celda”.

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Por el secuestro y la desaparición de Federico Guillermo Báez (h) hay varios condenados. A partir del 20 de abril podrían sumarse los ex miembros del Ejército Alcides José Cerutti, Juan Carlos Aiello y Fortunato Valentín Rezzet, quienes esperan el fallo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata por la causa “Cueva 2”.

La investigación del crimen de la familia Báez se inició en Dolores. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de aquella localidad y el juez trasladó la causa a Mar del Plata un día antes del golpe de Estado. Un mes después, el juez penal Juan Alberto Ferrara, sin disponer una sola medida de instrucción, dictó el sobreseimiento provisorio. En 2007, y en el marco de la apertura de los juicios de lesa humanidad, el fiscal federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani solicitó al Tribunal Oral Federal que declare la competencia para reabrir la investigación.

El ex fiscal Gustavo Demarchi, quien llevó a delante la acusación contra Isabel Eckerl y la investigación que señalaba como responsable a Federico Báez por el crimen de Reyes, fue condenado en 2016 a prisión perpetua por ser el líder de una asociación ilícita cuyo fin era la persecución y eliminación de opositores políticos de la tendencia revolucionaria. Hoy purga la pena en un departamento a metros del centro comercial de calle Güemes.

Isabel cambió la cárcel por la expulsión del país. El 4 de junio de 1980, con ayuda del gobierno Austriaco, se instaló en Viena. Trabajó en un jardín de infantes, mientras perfeccionaba su alemán. El 1982 se fue a México y desde allí, luego del final de la Guerra de Malvinas, regresó clandestina a la Argentina. Continuó su militancia denunciando los crímenes de la dictadura y asistiendo a los familiares de los detenidos.

Crió al sexto Federico Guillermo Báez y tuvo dos hijos más: Martín y Pablo. Cuando el Banco Provincia decidió restaurar el puesto de trabajo de sus empleados desaparecidos a sus hijos, Guille rechazó la posibilidad y se la cedió a  su hermano Martín.  Isabel experimentó aquello que suele pasarle a los familiares de los desaparecidos: la ausencia presencia. “Durante mucho tiempo me parecía ver a Federico en distintos lugares. A aquel Federico… a ese chico de veinti pocos años”.