Ráfaga de acusaciones contra Bolsonaro

“Personas que ya fueron vacunadas contra covid-19 desarrollan sida mucho más rápido”. “Estamos cumpliendo tres años de mandato sin denuncias de corrupción”. “Mi inmunidad es superior, ¿para qué me voy a vacunar?” “Esto será una gripecita o nada”. “Tienen que dejar de ser un país de maricas”. “Sólo saldré de acá preso, muerto o victorioso”. Estas son sólo algunas de las frases que Jair Bolsonaro dijo como presidente de Brasil durante la pandemia. 

Previamente, tras dejar el Ejército para dedicarse a la política, el político había construido su imagen con ladrillos retóricos como: “El error de la dictadura fue torturar y no matar”. “A usted (una diputada) nunca la violaría porque no se lo merece, es muy fea”. Un hijo gay “para mí es la muerte, prefiero que muera en un accidente”. “El pobre sirve sólo para una cosa: votar”. “Se debería haber fusilado a unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente".

Por eso no sorprende que el mandatario haya dicho esta semana, en el intervalo de una transmisión en vivo por el canal de YouTube de su hijo (ya que el suyo propio fue suspendido por la empresa de vídeos): “Díganme, ¿cuánto creen que vale una vacante en el Supremo?”, lanzó,  sin percatarse de que estaba siendo grabado, en referencia a la Corte Suprema, donde podrá ir a parar si las acusaciones en su contra toman cuerpo jurídico suficiente.

¿Fin de la impunidad?

No obstante, la impunidad de que gozó hasta ahora podría haber llegado a su fin después de que una comisión del Senado concluyó que el titular del Ejecutivo incurrió en nueve delitos, de los cuales siete son comunes (entre ellos epidemia con resultado de muerte, falsificación de documentos, desvío de fondos públicos e incitación al delito), uno administrativo (como el que precedió a la destitución de Dilma Rousseff) y uno “contra la humanidad”.

Al cabo de seis meses investigando la gestión del jefe de Estado y de funcionarios de su Gobierno durante la pandemia, la comisión entregó un informe tres veces más voluminoso que los Pandora Papers (9,998 Terabytes), miles de páginas que tienen potencial para llevar a Bolsonaro inclusive hasta la Corte Penal Internacional de La Haya, donde ya hay tres acusaciones en su contra presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos que le acusan de genocidio. 

Con el expediente a la vista, para usar una metáfora del armamentismo a que es tan afecto el líder ultraderechista, diríase que Bolsonaro ha sido blanco de una ráfaga de acusaciones, acribillado con documentos, testimonios, evidencias. Si bien, más allá de la gravedad de las acusaciones, es poco probable que esta “balacera” lo quite del camino en lo inmediato -como afirman conocedores de la trama política brasileña que ocurrirá- hay otro factor, también derivado de la pandemia, que podría complicar sus aspiraciones a la reelección en 2022.

Números que no cierran

Es que, a un paso del tercer año de coronavirus, con más de 605.000 muertes, 17 millones de personas en la pobreza y Brasil nuevamente en el mapa del hambre de la ONU, “los números no cierran”. Esto es lo que se escucha recurrentemente en las últimas semanas en los ambientes económicos en relación a la falta de resultados del ministro Paulo Guedes, adalid del libre mercado que esta semana tomó un desvío “populista” por orden de Bolsonaro. 

Con el calendario electoral ya sobre la mesa, el jefe de Estado busca ganarse el apoyo popular que las encuestas le niegan (sondeos de Datafolha de hace dos semanas le dan 22% de aprobación). Así, le ordenó a Guedes que incluya en el presupuesto 2022 un aumento de 34 a 72 dólares en la mensualidad de un programa de auxilio y que aumente de 14,7 millones a 17 millones el número de beneficiarios hasta diciembre de 2022.

Ello provocó la inmediata renuncia de cuatro secretarios de primer nivel en Hacienda, la peor caída del año en la bolsa de valores y una elevación de la desconfianza internacional en el rumbo del Gobierno tanto por la quiebra de una regla de oro (la ley que fijó un techo de gastos hasta 2036) como por el populismo que ahora coloca a Bolsonaro en la misma línea de otros líderes regionales cuestionados por su desprolijidad financiera. 

La huelga que faltaba

Todos estos elementos se suman a una huelga que han decretado los camioneros el 1 de noviembre para protestar por el aumento de los combustibles. La última vez que hubo una medida semejante, en mayo de 2018, el costo para la economía fue de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares (1,2% del PIB), otro frente turbulento en la gestión de Petrobras. 

Al mismo tiempo, comienzan a aparecer pronósticos más pesimistas sobre el PIB 2021 y 2022 (menos del 5% y 1,2%, respectivamente).  Junto con eso, las perspectivas de inflación son de casi 10% este año, que es más del doble de la meta de 3,75%, y hay economistas y agentes que consideran que los intereses básicos llegarán a 8,75% a fin de año. Esta semana, esa tasa ya llegó al récord de 7,75%. 

Ante tal cuadro, la pregunta que queda en el aire es qué destino tendrá Bolsonaro entre tal tormenta de números irresueltos que se avecina. Después de haber sobrevivido a una puñalada en campaña y ser acribillado con causas judiciales que tienden a no producir resultados prácticos, la prestidigitación financiera que ha lanzado con los planes sociales ¿alcanzará para darle combustible en la carrera de 2022? Las posibles respuestas, ya están en el radar del propio interesado. Como dijo el día del fallido golpe del 7 de septiembre: “sólo saldré de aquí preso, muerto o victorioso”. La moneda ya está girando en el aire.