El fallo marplatense que revolucionó al país y la abogada a la que le dieron bolsas de monedas: historias del 2001

Como si se tratara de los dibujitos animados, una mujer tuvo que arrastrar grandes bolsos de pesos en plena avenida Independencia después de que un banco le devolviera unos depósitos. Así se vivió, también, la locura del 2001 en Mar del Plata.

20 de Diciembre de 2021 10:36

Qué hacer cuando nadie te ampara. Cuando la sociedad es un caos, cuando las instituciones quedan desdibujadas, cuando la democracia está en riesgo, cuando un Gobierno no representa al pueblo que lo votó, cuando un presidente no tiene capacidad de conducción, cuando un ministro de Economía lleva a la quiebra al país. Qué hacer.

En el 2001, muchos argentinos se lo preguntaron y, entre apuros y urgencias, descubrieron que la misma pregunta escondía la respuesta: sí, la única alternativa posible era el recurso de amparo. De alguna manera, la herramienta judicial se convirtió en la solución más inmediata que encontraron miles de ahorristas en su desesperación por recuperar los depósitos bancarios que de un momento a otro les arrebató el ministro Domingo Felipe Cavallo con la política del “corralito”.

Según la Real Academia Española (RAE), amparar es la acción con la que una persona se pretende “valer del apoyo o protección de alguien o algo”. Si bien la definición jurídica ahonda en otros tecnicismos y explicaciones, se puede decir que el recurso de amparo se concibe con la misma idea conceptual: se trata, esencialmente, de una acción de protección.

El amparo siempre se invoca para poder atacar o controvertir una norma o acto de Gobierno que afecta derechos personales y garantías constitucionales. Y quien lo hace también puede pedir una medida cautelar por un lapso determinado,  hasta tanto se resuelva la pretensión de fondo, para que durante ese transcurso de tiempo no se vea afectado el derecho en cuestión.

Cavallo y De la Rúa, dos hombres que llevaron al país a su peor crisis desde el retorno de la democracia.

Durante el “corralito”, la afectación de derechos personales resultó evidente frente al decreto 1570/2001, firmado en diciembre por el entonces presidente Fernando De La Rúa, que restringió a las personas el uso de prácticamente todos sus depósitos bancarios. En primer lugar, el planteo de fondo que se elevaba a la Justicia mediante el amparo tenía que ver con la inconstitucionalidad de semejante atropello al derecho a la propiedad.

Pero como analizar la inconstitucionalidad o no de una norma suele terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo que demanda meses o hasta años, y la mayoría de los amparistas necesitaban recuperar su dinero cuanto antes, a través del dictado de medidas cautelares se buscaba obtener la orden rápida de un juez para que, al menos de forma provisoria, las entidades bancarias restituyeran los ahorros a sus dueños.

Hasta acá todo parece resumirse a un trámite razonable, fácil y lógico pero lamentablemente nada fue así durante la crisis económica más grande que vivió Argentina desde el retorno a la democracia. Como el recurso amparo – y el pedido de la cautelar, naturalmente – tiene la particularidad de que puede presentarse ante cualquier juez, por más que no sea competente, se volcaron numerosas presentaciones en distintos ámbitos, ya sea civiles o penales, de jurisdicción provincial o federal, con tal de conseguir alguna sentencia que respaldara el pedido de los ahorristas.

En una entrevista con 0223, el abogado Guillermo Lapenna reconoce que a la Justicia le llevó tiempo poder digerir tantos expedientes y sentar “criterios” sobre el “corralito” hasta que finalmente “los profesionales pudieron dar soluciones exitosas a sus clientes”. “Cuando el Gobierno anunció todas estas medidas, nos planteábamos cuestiones éticas y morales. Hicimos un análisis introspectivo para ver si considerábamos justo lo que estaba pasando, si quizás había que hacer un esfuerzo durante un tiempo para no sacar más dinero de los bancos. Son cuestiones propias de la profesión. Lo estuvimos pensando hasta que tomamos la decisión, al igual que muchos otros colegas, de acompañar a los ahorristas”, dice el hombre del estudio García Mona, Lapenna & Asociados, donde llegaron a tramitarse centenares de amparos a raíz del estallido del 2001.

Casi de inmediato, en aquel verano del 2001/2002 comenzaron a tramitarse los amparos contra el "corralito" en diversos tribunales. Las soluciones fueron dispares, según los magistrados a quienes se les solicitó resolverlos, aunque poco a poco en Mar del Plata los abogados locales y de la zona fueron encolumnándose para efectuar sus presentaciones en los Juzgados Federales, donde se insinuaba y permitía vislumbrar un criterio favorable hacia los ahorristas.

Esperanza y caos

Y todos los ojos del país se volvieron hacia Mar del Plata el jueves 14 de noviembre de 2002 cuando el juez Alfredo López – que había jurado como magistrado federal en la ciudad diez días antes, al frente del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº4 – concedió una cautelar a una ahorrista en el marco del expediente judicial número 52.188, accionado contra el Estado Nacional, y otro que se conoció como el “Caso Diglio”. 

A la medida, sin embargo, el juez no solo le confirió un alcance particular sino que amplió el beneficio a otros catorce mil damnificados que acusaban planteos similares. "Encontrándose en análoga situación a la presente y pendiente el dictado de las medidas cautelares requeridas, en virtud de la naturaleza de la acción de amparo que tiende a asegurar la efectiva protección de los derechos constitucionales eventualmente conculcados, a fin de preservar el cumplimiento eficaz del principio de igualdad ante la ley de rango constitucional establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional extiéndase mediante la presente cautela aquí otorgada a todas aquellas acciones que se encuentren en el mismo estado y pendiente de resolución", rezaba el fallo de López.

Alfredo López fue el primer juez que concedió una cautelar masiva a favor de los ahorristas.

Con esas palabras –  al menos desde el punto de vista legal –  miles de personas quedaron en condiciones de ir cobrar a valor dólar los depósitos acorralados. El dictamen que vio luz en la ciudad rápidamente causó todo tipo de revuelo: muchísimos ahorristas, por supuesto, se ilusionaron pero también otros sectores se preocuparon ante la amenaza latente de ser testigos de un caos aún mayor en los tribunales y en las sucursales bancarias.

De hecho, la amenaza de caos no quedó en palabras sino que se tradujo en episodios de alta tensión en Mar del Plata. A horas de conocerse la cautelar, hubo forcejos y disturbios en la sucursal central del Bapro, cuando ahorristas, letrados y agentes judiciales quisieron hacer efectiva la orden federal. También se vivió una particular situación en las sucursales que tenía en la ciudad el Banco Provincia, que optaron por cerrar a pesar de no haber finalizado el horario de atención frente a la ola de gente que se acercó en busca de una respuesta, según relatan las crónicas de la época de Diario Judicial.

En la noche de aquel jueves, además, se formaron largas colas en los tribunales. Con la certeza de que solamente los primeros que lleguen podrían cobrar sus ahorros, la tensión comenzó a subir. Se registraron, incluso, escenas de violencia entre los abogados y sus clientes, quienes les exigían que no abandonen la cola frente a los tribunales.

En los bancos se vivieron momentos de violencia y tensión.

Nadie le reprochó a Alfredo López los argumentos jurídicos expuestos en la sentencia pero sí la forma de proceder en tiempos tan sensibles. “Si el juez sabía que este sería el fallo, tendría que haberlo acordado previamente con el Colegio de Abogados para no provocar un caos o un efecto corrida”, había apuntado, en ese entonces, el abogado César Sivo, al diario Página/12.

Para justificar la decisión, el juez afirmó que las restricciones que había dispuesto el ministro Cavallo resultaron "una flagrante violación a los derechos y garantías constitucionales del que deben gozar los actos del poder administrador" y, para dar el masivo alcance, se resguardó en las carencias tecnológicas y de recursos humanos que padecía su juzgado para dar respuesta a la innumerable cantidad de recursos que llegaban a despacho.

“Hay una imposibilidad fáctica de resolver en término medidas requeridas, atento al excesivo cúmulo de acciones deducidas como consecuencia del masivo eventual incumplimiento de las entidades accionadas y las manifiestas carencias tecnológicas, de recursos humanos y edilicios, que atiende este magistrado en el juzgado federal a su cargo”, expuso, en aquella sentencia histórica.

Cuello de botella inmediato

Lapenna confirma que a partir del criterio de acción que sentó la Justicia Federal “empezaron a salir más fácilmente” los amparos que ofrecían resistencia al “corralito”. Tampoco es que prosperaba cualquier caso sino que se daba prioridad a las situaciones “más urgentes”, donde estaban involucrados jubilados, personas con graves enfermedades o hasta empresas ahogadas económicamente por no poder apelar a fondos operativos que, por ejemplo, garantizaban el pago de los sueldos. “En ese momento salieron muchos amparos que también se conocieron como ‘amparos de salud’ porque se daban por cuestiones médicas. Ahí el cliente nos traía su carpeta médica, nosotros volcábamos toda la información en la presentación y la exponíamos para la lectura del juez que interviniera”, dice.

Esto decían las cautelares que autorizaban a los ahorristas a ir a buscar sus ahorros a los bancos.

Como la Justicia allanó un camino de solución en un contexto de tanta incertidumbre, los demandantes se multiplicaron y se acumularon nuevos expedientes a un ritmo frenético. “Cuanto más éxito tenías en estas gestiones, más gente había para atender. O sea que, además de todas las cuestiones normales que involucran a un abogado, también aparecía este tema y uno no se imaginaba que casi todo el mundo podía tener ahorros en plazo fijo: había gente que quizás simulaba ser cuasi-indigente y recibía auxilió de sus familiares cuando en realidad tenía depositados 500 mil dólares en el banco”, señala el abogado, al evocar un caso que pasó bajo su órbita profesional.

Y el devenir de esta historia fue absolutamente previsible: en poco tiempo, el boom de reclamos, de ahorristas chicos, medianos y grandes, colapsó el sistema y generó un “gran cuello de botella” en los juzgados federales. “Los jueces ya tenían toda una dependencia judicial al servicio de los amparos. Había que olvidarse de todas las cuestiones federales restantes porque en ese tiempo lo único de lo que se hablaba era de amparos”, ratifica.

“Esto claramente fue un trastorno para la actividad judicial que transcurría paralelamente a la crisis económica y financiera que había en el país, donde se veía la locura de los ahorristas que iban a protestar, los bancos con empalizadas, manifestantes que hacían pintadas y martillaban las paredes y se quedaban encadenados en las puertas de los bancos”, dice el abogado.

A contratar “coleros”

Enfrentados con la propia crisis en la que también caía la profesión, los abogados entendieron que ya no les alcanzaba con ir al palacio de Tribunales,  presentar un escrito y esperar una resolución cinco o diez días después. Tenían que buscar soluciones más rápidas, disponer de otros recursos, y así nacieron los “coleros”.

La Cámara Federal tuvo que acondicionar sus instalaciones para tratar los amparos contra el "corralito".

¿Qué eran los llamados “coleros”? Como el bautismo popular lo indica, eran personas que solo se dedicaban a colocarse en la fila de la Cámara Federal de Mar del Plata, que llegó a acondicionarse especialmente para el tratamiento de los amparos, para llegar a tiempo y poder hacer la presentación de un amparo o una petición particular dentro de otro amparo ya iniciado.

“Los ‘coleros’ eran  gente común. Al principio, sí, fueron los mismos profesionales, después los empleados de los estudios jurídica y al final era tanta la demanda que ya era gente contratada con el solo efecto de hacer la cola la noche anterior para que uno pudiera llegar dentro del horario de tribunales a dejar el escrito”, explica el integrante del estudio jurídico de la ciudad.

Entre el estrés y las hazañas judiciales

Con un abogado hábil en las diligencias y un “colero bien aceitado”, obtener la orden cautelar de restitución de los ahorros no era una misión imposible. La hazaña judicial continuaba, sin embargo, con otros trámites procesales que no eran automáticos y que requerían, por ejemplo, la confección del mandamiento, la obtención de un turno con un oficial de Justicia hasta lograr el traslado de la medida al banco para recuperar el dinero acorralado.

“Había muchos bancos y ahorristas y pocos oficiales en el fuero Federal disponibles para tener el tiempo de ir y concurrir al banco. Ahí empezaba otra cola paralela para ir a sacar los ahorros del banco una vez que estaban ordenados los mandamientos”, rememora Lapenna.

El abogado asegura que la mayoría de las entidades bancarias rechazaban los primeros mandamientos, lo que obligaba a tener que pedir una nueva orden de la Justicia pero ya en tono de "amenaza", con posibles sanciones legales: “La nueva orden que salía, por lo general, contenía un apercibimiento personal para los directivos o el gerente del banco. Y ese apercibimiento consistía en la desobediencia a una orden judicial, que es un delito grave”.

Elio Aprile era el intendente de Mar del Plata durante la crisis del 2001. Logró sobrevivir al estallido pero renunció dos meses después, en febrero del 2002.

“En el trámite de este tipo de amparos había una contienda judicial y se necesitaba regular como en cualquier otro juicio. Porque el Estado nacional también tenía que defender los decretos de Gobierno y los bancos debían ver qué postura asumían para que, cuando terminara toda la cuestión de urgencia, se empiecen a resolver si eran procedentes o no los reclamos, es decir, si el Gobierno o los ahorristas tenían razón”, explica el letrado.

Llevó tiempo pero, con el paso de los meses, los bancos comenzaron a ceder en la resistencia a devolver depósitos personales y, según el profesional marplatense, hubo algunos que llegaron a tener previamente “asignado cuánto dinero podían afectar por día” a los “corralitos”. “A veces, los colegas te daban el poder y de la diligencia nos encargábamos nosotros, pero otra veces iban a acompañar los mismos ahorristas y era un escándalo: se llegaron a plantear cuestiones de salud muy graves en la puerta de los bancos”, dice, y afirma: “Los empleados bancarios estaban estresadísimos. La presión que sufrían era constante, y eran ellos los que tenían que resistir y poner la cara en un momento tan difícil”.

Cobrando en bolsas de monedas

Entre otras anécdotas de la época, el abogado Lapenna recuerda la particular situación que vivió una distinguida colega suya – de la que prefiere no dar nombre aunque aclara que ya está jubilada – en la Banca Nazionale del Lavoro, un banco italiano que en 2006 fue absorbido en el país por la multinacional británica Hsbc. Durante el estallido del 2001, la entidad tenía una sucursal en Mar del Plata sobre Independencia, entre Bolívar y la Diagional Pueyrredon, y hasta ahí fue una abogada para retirar los ahorros de un cliente.

El banco italiano funcionaba sobre la Avenida Independencia.

“Era una mujer muy pasional con el tema de estos amparos y en el ejercicio de su profesión y un día que fue a hacer la diligencia para uno de sus clientes, con la orden de entrega del dinero, en el banco la esperaron con todo el depósito que le iban a reintegrar en bolsas de monedas”, asegura el letrado, que no deja de sorprenderse cuando cuenta la singular historia.

Dice Lapenna que muchos testigos la vieron caminar a la abogada por Independencia arrastrando, con la ayuda de un hombre, las bolsas de pesos hasta poder subirlas a un auto. “Eran bolsas pesadísimas. Realmente no sé cuánto pesarían. Pero toda la escena parecía sacada de los dibujitos animados”, reconoce, y aclara: “Obviamente que ella igual se llevó los depósitos y cumplió con el cliente. Así trabajaba esta mujer”.

De La Rúa y Cavallo, los apellidos de la debacle

Fernando De La Rúa falleció el 9 de julio de 2019 a los 81 años. Domingo Cavallo, a sus 75 años, goza de alta exposición pública y todavía da consejos mediáticos a los Gobiernos sobre los quehaceres de la economía. Ambos fueron, en definitiva, los grandes protagonistas y responsables de la gran crisis del 2001.

El sábado 1° de diciembre de 2001, cuando aún regía el uno a uno peso – dólar por la  Ley de Convertibilidad del Austral, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, anunció por televisión que los ahorristas tendrían un límite de extracción semanal de hasta 250 pesos. Los efectos de la medida se notaron cuarenta y ocho horas más tarde, el lunes 3, cuando finalmente abrieron los bancos en el contexto de las nuevas restricciones.

“Mucha gente asustada está retirando no $ 250, ni $300 o $ 1000, sino $ 50000, $ 100.000 o un millón de pesos en fajos de los bancos y los pone en la caja de seguridad. Ese dinero que está saliendo del sistema bancario va a impedir que usted dentro de unos días pudiera sacar los $ 250 que suele sacar”, advertía Cavallo, por TV.

El Gobierno buscó llevar tranquilidad a los ahorristas. Garantizó que la plata seguía disponible realizando pagos con tarjeta de débito, en el caso de las cajas de ahorro, y con cheques, para quienes tuvieran cuenta corriente. Aún hoy, cerca de Cavallo, suelen defender el “corralito” como una forma de “pasar el dinero físico a tarjeta de débito" – sistema que no estaba para nada aceitado en el país – y aseguran que el problema real llegó con el “corralón", establecido por el gobierno de Eduardo Duhalde.

Pero la respuesta en las calles se dio con múltiples actores sociales que organizaron protestas contra el Gobierno, con sindicatos que llamaron a la huelga y con saqueos en todo el país. Y para colmo, el 5 de diciembre el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que no enviaría a la Argentina un desembolso de 1260 millones de dólares, ya que la administración nacional no había cumplido con las metas fiscales pactadas.

El estallido llegó a su punto máximo el 19 de diciembre. En ese día, De La Rúa tomó una decisión aún más drástica: "Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro a personas y a bienes, y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional". Y así, sin apoyo político y en medio del caos, el presidente renunció un día después. Salió de Casa Rosada en helicóptero, en una postal que todavía estremece y que ningún argentino desea volver a ver. Las protestas de la época dejaron un saldo de 39 muertos.

El 1º de febrero del 2002, la medida del “corralito” fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Pero para ese entonces ya regía el “corralón” de Duhalde, algunos dólares se habían convertido en pesos indexados por los bonos del coeficiente estabilizador de referencia (CER) – a $ 1,40 – y otros ahorristas habían recibido bonos del Gobierno nacional (Boden) a 10 años. Y un tercer grupo, no menos importante, seguían con los amparos judiciales. La lucha fue larga y demoró largos años en resolverse. Hasta 2006, por ejemplo, todavía quedaban unos 50 mil juicios pendientes en los tribunales de todo el país.

 

 

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