Reubicación de la zona roja: “El Estado no debe promover la prostitución”

El proyecto de reubicación de la zona roja que en los últimos días dio a conocer el concejal oficialista Nicolás Lauria de trasladar la zona roja a Diagonal Canosa continúa generando rechazo en diversos sectores de la sociedad marplatense. La Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata emitió un comunicado en el que sostienen que la iniciativa, que aún debe ser debatida en el Honorable Concejo Deliberante no repara en la realidad que viven las personas que se ven inmersas en situaciones de prostitución.

“La Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata ve con profunda preocupación el proyecto remitido al Concejo Deliberante de General Pueyrredon que tiene como fin la regularización de la prostitución en la vía pública”, aseguraron desde el organismo. Según advirtieron la iniciativa oficialista compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de prevención, investigación y sanción del delito de la explotación sexual y trata de personas, y de lucha contra las  formas más graves de vulneración de los derechos de las mujeres, travestis y trans.

Mar del Plata, según indicaron, fue vanguardia nacional en la sanción de ordenanzas que protegen los derechos de personas en situación de prostitución. Desde el año 2009 al 2016 se legisló localmente y se generaron políticas de prevención a la situación de prostitución que se ven expuestas las personas más vulnerables. “Pareciera que en el 2021 venimos a retroceder en este camino recorrido, ya que el proyecto ahora presentado va en flagrante sentido contrario a dichas normativas”, consideraron.

“El proyecto propone criminalizar a las personas en situación de prostitución que no se encuentren dentro del espacio que se busca reglamentar. La ciudad tiene actualmente cuatro áreas distintas donde mujeres y travestis se encuentran inmersas en esta situación”, aseveraron tras resaltar que la iniciativa no repara en la realidad de las personas en situación de prostitución que no tienen acceso a educación y empleo formal. “El sistema prostituyente se nutre de sus cuerpos, los explota y los violenta”, explicaron.

"La Mesa exige que el Estado promueva el desarrollo humano de las personas, les brinde alternativas de vida para que la libertad de elección pueda ser un derecho y no un camino sin salida. Este punto nos parece crucial para abordar la situación: se necesitan políticas públicas concretas que garanticen derechos, no sólo a las personas víctimas de trata y explotación sexual, sino también a quienes están insertas en el sistema prostibulario y denuncian la violencia de género que implica ser oferta sexual para varones prostituyentes", concluyeron.