Marcha atrás: otro juez de Mar del Plata restableció la aplicación de la ley de la IVE

El titular del Juzgado Federal Nº2 de Mar del Plata, Santiago Martín, restableció este jueves la aplicación de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país al dejar en suspenso la cautelar que había otorgado la semana pasada su par de la ciudad, Alfredo López.

El nuevo magistrado interviniente en la causa concedió el recurso de apelación del Estado Nacional y desestimó el "efectivo suspensivo" que le había otorgado López a la medida, por lo que la legislación sancionada el 30 de diciembre por el Congreso de la Nación recupera vigencia hasta tanto se expida la sentencia definitiva de la Cámara Federal de Apelaciones respecto del amparo que impulsó el abogado Héctor Adolfo Seri.

En sus argumentos, el funcionario judicial consideró que la ley del aborto tuvo el respaldo de las Cámara de Diputados y Senadores y que el demandante en cuestión no es un actor correspondiente a un "sector socialmente vulnerable", por lo que carecía de legitimidad para pedir la suspensión a lo largo y ancho del territorio nacional.

"Considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efectivo suspensivo de la medida cautelar dictada por el magistrado que me previno", fundamentó el juez, en su sentencia.

La causa quedó en manos de Martin después de que López fuera apartado al "haberse comprobado graves circunstancias que ponen seriamente en duda su actuación como juez imparcial en esta causa, toda vez que configuran causales objetivas de temor de parcialidad que vulneran el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio”, según reza en la presentación que hizo el Gobierno de Alberto Fernández para justificar la recusación.

Allí alegan que los dichos del magistrado en entrevistas radiales y televisivas así como la diferentes publicaciones que hizo en redes sociales, y que reveló 0223, adelantan opinión sobre el particular. “He de destacar que todos los jueces tenemos convicciones, adherimos o no a un determinado credo,  postura filosófica, política, etc, pero el desempeño de nuestra magistratura nos exige al momento de resolver desprendernos completamente de nuestra subjetividad a fin de que las decisiones sean objetivas y conforme a derecho. Así lo he hecho en el  presente caso resolviendo desde un punto de vista estrictamente jurídico-legal", justificó el titular del Juzgado Nº4, al pedir el rechazo de la recusación.

Para fundar su postura en la cautelar otorgada inicialmente, López se amparó en el artículo 19 del Código Civil y el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Carta Magna, donde se le otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados internacionales incorporados durante la reforma del '94 en el Gobierno de Carlos Menem, haciendo una referencia puntual en la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica. "El tratado de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica determinan que hay vida desde la concepción. Entonces, en estos momentos, mediante la aplicación de esta ley, se están matando a los niños por nacer en el país", había dicho el funcionario público, a este medio. 

La medida de suspensión de la práctica de aborto legal había sido interpuesta a nivel federal el lunes 7 de junio a partir de la petición que elevó el 11 de mayo Seri, un abogado de 69 años que pasó por la política en la década del ‘90, cuando fue primer candidato a diputado provincial por el partido de derecha Movimiento por la Dignidad y la Independencia liderado por el excarapintada Aldo Rico. El jubilado tuvo que concluir su carrera en la función pública en medio de un escándalo al quedar involucrado en la causa por estafa a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que, se calcula, generó perjuicios fiscales por al menos 100 millones de pesos.

El fallo completo