Un crimen a sangre fría y el desesperado reclamo de un padre que movilizó a toda Mar del Plata

El 7 de julio del 2003, dos adolescentes armados entraron a robar un local de fotografía ubicado en Santiago del Estero 1852, redujeron a sus propietarios, se alzaron con dinero de la caja y otros elementos y estaban por escapar cuando escucharon ruidos provenientes del fondo del local. Era Pablo Dagatti, un fotógrafo de 29 años que estaba realizando una sesión a una pareja que se estaba por casar y, que alertado por los gritos, salió a ver qué sucedía. Ahí fue cuando uno de los delincuentes le disparó al pecho un único tiro que le arrancó la vida en ese mismo instante. La escena transcurrió ante los ojos de los padres de Pablo, que también se hallaban en el comercio.

El brutal crimen del fotógrafo generó estupor en Mar del Plata. Es que no sólo tuvo lugar en un momento en el que los hechos de sangre estaban a la orden del día, sino porque además, cuando la policía logró dar con el asesino y su acompañante, se comprobó que ambos eran menores de edad que cargaban con un largo historial delictivo. 

Apenas un mes antes del homicidio de Dagatti, Raúl Daniel Bustamante, de 16 años, había matado de una puñalada a Mirta Aguilera de 28 años en inmediaciones de Reforma Universitaria y Benito Lynch. También fue protagonista de otros asaltos a mano armada en distintos comercios de la zona céntrica de Mar del Plata. Mientras que su acompañante, identificado como Matías Ezequiel Morales Zapata y, por ese entonces, de 14 años, había perpetrado en 2002 y junto a otros dos sujetos un violento asalto al supermercado de Luro y Guido. En la ocasión, el joven hirió de muerte al policía Orlando Paganelli, pero siguió en libertad.

En ese contexto de creciente malestar en la sociedad marplatense, que una vez más exigía la baja de la edad de imputabilidad, Érico Dagatti, papá del fotógrafo, emergió como referente de lucha por justicia para su hijo y las demás víctimas del delito. “No clamar por venganza, sino por justicia, mayor seguridad, orden y paz" y movilizarse “para que ningún otro habitante de nuestra ciudad tenga que sufrir nuestro mismo dolor", fueron las banderas que enarboló desde el primer día y detrás de las cuales encolumnaron decenas de personas que atravesaban por la misma situación o, simplemente, se solidarizaban con la causa. 

Así fue como, en medio de tanto dolor, nació la Asociación de familiares de víctimas del delito, una ONG que desde entonces y hasta la entrada en vigencia de las restricciones por la pandemia realizó cientos de marchas cada primer lunes del mes con las imágenes de sus muertos en alto. Incluso, contó con el apoyo de Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven de 23 años secuestrado y asesinado en 2004 en la localidad bonaerense de Martínez, en otro hecho que tuvo gran trascendencia en aquella época.

Si bien tiempo después de la muerte de su hijo, Érico y su familia abandonaron la ciudad y se instalaron en España -regresaron en 2009, cuando se juzgó y condenó a Bustamante a 16 años de prisión por el crimen de Pablo-, el hombre se mantuvo en contacto con la ONG hasta el 2013, año en el que decidió desvincularse de forma definitiva. De hecho, al ser consultado por este medio en las horas previas al aniversario del fallecimiento de Pablo, Dagatti prefirió mantener su bajo perfil y optó por no dar declaraciones.

A partir del 2014, la organización acogió también a los allegados a víctimas de siniestros viales. La histórica bandera detrás de la cual marchaban todos los meses llegó a reunir un centenar de fotografías con las caras de aquellas personas que habían perdido la vida de forma trágica, sin contar los fallecidos durante los últimos cinco años, para los que se planea armar una nueva pancarta. 

Héctor Blasi, actual vicepresidente de la entidad, se sumó al espacio en 2008. Fue tras el crimen de su hijo mayor, Rodrigo (24) y su amigo, José Martínez (20), a manos de Rodrigo Holmback a la salida del boliche “Palmira”. Los chicos habían ido a festejar el final de sus estudios secundarios pero todo terminó de la peor manera: quedaron envueltos en una pelea con otros jóvenes y Holmback los atacó a puñaladas. Rodrigo Blasi murió en inmediaciones del local bailable, mientras que su amigo falleció horas más tarde, en el Hospital Interzonal. Héctor se encontraba navegando al momento del hecho y supo de la noticia recién cuando volvió a tierra.

A pesar de que muchos familiares de víctimas del delito se acercan a la asociación en busca de contención y muchas veces, cuando logran encauzar su duelo, comienzan a tomar distancia, Blasi eligió quedarse. “Nunca fue un camino fácil, pero tratamos de seguir ese rumbo; ser útiles para quienes nos necesitan en una situación tan dramática”, dice a 0223. 

Érico Dagatti (con un megáfono en la mano) encabezó numerosas marchas en reclamo de justicia para su hijo y otras víctimas del delito.

El asesino de su hijo fue condenado en 2011 a 19 años de prisión y, aunque sabe que ninguna pena le devolverá la vida de Rodrigo, Blasi siente que es “uno de los pocos” que puede darse por satisfecho con la pena que recibió el autor del crimen. “En la mayoría de los hechos, la justicia garantista dicta condenas mínimas y una prisión perpetua son, en realidad, 25 años. Entonces, matás a alguien, te sentencian a ocho años de prisión pero si tenés buena conducta, en menos tiempo volvés a la calle”, cuestiona. Y advierte que en el caso de los siniestros de tránsito, el panorama es aún peor: “El 90% de los familiares no tienen la justicia que se merecen porque los responsables reciben penas muy bajas, que no se condicen con la pérdida humana, asegura”. Al principio se ocupó de verificar que el homicida cumpliera la pena en la cárcel de Batán, pero después dejó de hacerlo y se enfocó en su labor al frente de la asociación. 

Los sucesivos pedidos del sector por medidas que alcanzaran a menores de edad en conflicto con la ley penal derivaron en la creación, a comienzos del 2006, de los Centros Cerrados, de Contención y de Admisión y Derivación (CAD). Los complejos instalados en la localidad de Batán fueron pensados para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad ordenadas por la Justicia a personas menores de 18 años, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinario.

Otro proyecto que promovió la organización fue la denominada Ley de Víctimas de la provincia de Buenos Aires que, entre otras cosas, prevé una mayor participación y garantías en el proceso penal a las víctimas de delitos, además de brindar asistencia jurídica gratuita a quienes no puedan afrontar los costos de una representación legal. 

En materia de siniestralidad vial, la ONG promovió diversos proyectos de reforma del código penal y de procedimientos para endurecer las penas en casos de delitos de tránsito y tiene participación en el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En las últimas semanas, además, presentaron junto al concejal Ariel Ciano un proyecto que apunta a reducir la velocidad de circulación vehicular en distintas áreas del Partido de General, en particular, en zonas cercanas a parques, plazas, espacios recreativos y centros de salud.

Este miércoles a las 15.30, los integrantes de a entidad se concentrarán en la esquina de Luro y Mitre -donde tienen previsto colocar en el futuro un monumento a las víctimas- para homenajear a Pablo Dagatti y, en su nombre, a todas aquellas personas que murieron en circunstancias similares.