La opinión del funcionario de Massa, una frase que hizo ruido y la lupa sobre los decretos

El Banco Nación bajo la mirada de Defensa del Consumidor municipal

Un funcionario del gobierno nacional de Unión por la Patria (UP) dándole la razón a un reclamo que una intendencia del Pro realizó contra el Banco Nación, a cargo de la propia administración nacional. La situación parecería poco probable en los tiempos que corren y menos aún a días de las elecciones, pero es real y tiene epicentro en Mar del Plata.

La noticia tiene dos nombres propios, Alejandro Pérez Hazaña, director nacional de Defensa del Consumidor, y Juan Sebastián Ruiz Moyano, director general de Protección al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredon; donde el primero convalidó que la Comuna tenga jurisdicción para intervenir en los casos de denuncias que consumidores vienen realizando contra el Banco de la Nación Argentina, luego que la entidad pública adujera que solo estaba sujeta al control de autoridades nacionales.

La postura de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, de carácter consultiva no vinculante, se conoció luego que la dirección municipal le remitiera una carta documento en junio donde solicitó la opinión técnica jurídica del organismo en relación a la competencia para intervenir en las denuncias en las que se encuentre involucrado el Banco Nación, quien niega que la Municipal tenga autoridad para controlar su accionar.

“Cuando exista una relación de consumo entre personas consumidoras o usuarios y el Banco de la Nación Argentina, las autoridades de aplicación de la legislación de defensa del consumidor en el orden nacional, provincial, municipal y de Caba, se encuentran legalmente facultadas para ejercer funciones de control, vigilancia y juzgamiento de infracciones”, concluyó el organismo nacional.

En su opinión, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo le dio la razón a la Comuna en base a lo dispuesto por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, además de retomar jurisprudencia de la Corte Suprema donde se jerarquizan los cambios introducidos en la reforma constitucional de 1994 en lo vinculado a los derechos del consumidor.

A su vez, señaló que “eximir al Banco de la Nación Argentina del sometimiento al control de las autoridades locales - provinciales o municipales - de protección de consumidores y usuarios, implicaría colocar a esa entidad en una posición de privilegio respecto del resto de los proveedores de servicios bancarios y financieros que sí se encuentran sujetos a las potestades de verificación y control de aquellos organismos en todo el territorio nacional”.

El delito, la campaña y el derecho

“Tomar tierras es un delito”. La que es una de las frases de cabecera del intendente Guillermo Montenegro fue expresada por Fernanda Raverta en su exposición ante el Consejo Municipal de Seguridad y resaltada por el propio equipo de prensa de Unión por la Patria. El concepto no solo sorprendió a algunos de los propios, sino que incluso generó malestar en militantes de base de organizaciones sociales que desarrollan un trabajo de años en los barrios populares de Mar del Plata, muchos de ellos en asentamientos precarios nacidos a la luz de las tomas y que con el tiempo se transformaron en símbolo de la lucha por la vivienda digna, como el caso del Barrio 15 de Enero, desde todos todos los 15 de enero realizan la “Caravana por la Vivienda Digna”.

“Estamos en campaña y hay que contrarrestar los discursos que buscan dejarnos mal parados ante vecinos que están en contra de las tomas”, aduce, con estricto pragmatismo, una voz de la oposición en off the record. Un matiz desde el punto de vista jurídico aporta otro enfoque desde el mismo espacio político. "Tomar tierras en sí mismo no es un delito, depende la forma en la que se lo haga, una cosa es una ocupación pacífica y otra una usurpación”, apunta. Precisamente, el propio Ministerio de Desarrollo Social enfatiza en su web que el primero no constituye un delito.

El candidato marplatense tras los pasos de Insaurralde

Mientras avanza la causa judicial contra Insaurralde, donde el juez Kreplak ordenó el secreto de sumario, en el bloque de diputados de Juntos por el Cambio analizan al detalle una serie –decenas, cuanto menos- de decretos que el exjefe de Gabinete firmó mientras se encontraba fuera del país junto a la modelo Sofía Clerici.

El jefe de la bancada, el marplatense Maximiliano Abad, a su vez candidato a senador nacional por la Provincia, analiza los pasos a seguir luego de un pormenorizado análisis de los decretos firmados entre el 11 y 25 de septiembre por Insaurralde, cuando estaba a miles de kilómetros de La Plata, según los registros de Migraciones que ya constan en la causa judicial donde se investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Todo estos decretos están acompañados de la firma digital del exintendente de Lomas de Zamora y con el detalle no menor de la inscripción “Location: Provincia de Buenos Aires”, que automáticamente arroja el sistema informático al estampar la firma digital.

¿Alguien encubrió los pasos de Insaurralde firmando en su lugar cuando hasta el propio gobernador Kicillof desconocía que se encontraba en un yate en Marbella? ¿Le cabe alguna consecuencia penal por estas firmas al exfuncionario y posibles allegados? ¿Tienen validez los actos administrativos que se firmaron en ese período? Todo ello lo analiza Abad y su entorno, en un tema sobre el que podría haber novedades en los próximos días.