Segundo juicio por Lucía Pérez: "El tribunal está obligado a no ser parcial y juzgar con perspectiva de género"

Florencia Piermarini y Verónica Heredia son las dos abogadas que representarán a la familia de Lucía Pérez en el segundo juicio que se hará en Mar del Plata a partir del martes para determinar si Matías Farías y Juan Pablo Offidani son culpables de la acusación por el abuso sexual y el femicidio, que data del 8 de octubre del 2016. Ambas trabajan con los padres de la adolescente desde el 2019 y ahora comparten la misma expectativa: lograr que los imputados reciban una condena a prisión perpetua.

El debate presume la misma complejidad que el anterior, el que finalizó el 28 de noviembre de 2018 con la absolución de Farías y Offidani, pero será más breve. En principio, porque uno de los hechos que se juzgó la primera vez ya no está en discusión: la venta de drogas a jóvenes, en los alrededores de la Escuela Media Nº 3 a donde asistía la chica de 16 años.

Cuando Casación intervino en el caso y ordenó el nuevo juicio en agosto del 2020, también ratificó la condena a 8 años de prisión que se había dictado contra los acusados por ser coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo.

“Hoy ya sabemos a ciencia cierta que estas dos personas se dedicaban a vender droga en las inmediaciones de una escuela. En este juicio partimos desde ese piso fáctico, desde esa realidad. Y nuestra expectativa es que finalmente el sistema judicial se haga eco de los hechos que realmente sucedieron y que también se condene los condene como responsables del femicidio de Lucía”, sostiene Heredia, en declaraciones a  0223.

No es el único cambio relevante para el juicio: también hay un imputado menores, ya que Alejandro Maciel, a quien se le atribuyó una escala menor de responsabilidades por encubrir la muerte de Lucía Pérez, falleció a los 62 años en julio de 2020, poco antes de que el tribunal de Casación revocara parcialmente el veredicto dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas.

Ahora, Farías llega imputado por el “abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio" de Lucía. Y a Offidani le cabe la misma imputación, pero como partícipe secundario. Ninguno de los dos estará sentado en el banquillo de los acusados: ambos pidieron seguir el juicio de manera remota, por videocoferencia. Las abogadas recuerdan que los delitos que se juzgan tienen una pena en expectativa a prisión perpetua y apuestan por alcanzar la máxima condena en este segundo juicio.

Para lograrlo, Piermarini y Heredia anticipan que centrarán su estrategia de debate en correr “el foco de Lucía”. “Lucía era una adolescente de 16 años pero era una niña, conforme a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Y en este juicio vamos a exigir que la mirada no esté puesta sobre Lucía, sino sobre los responsables de los hechos porque por eso se hace este debate, porque hay dos personas acusadas de haber cometido un delito”, sostiene Heredia.

“El desarrollo de este debate, desde la perspectiva de género y el cuidado de la niñez, es muy importante, y no solo nos incluye a nosotras como letradas patrocinantes de los particulares damnificados, sino que también involucra a cada uno de los funcionarios y funcionarias que integran el Poder Judicial. Tenemos que empezar a plantearnos hasta dónde se puede hablar de la vida y la intimidad de una piba de 16 años, que fue ultrajada de la peor forma y que terminó su vida cuando recién estaba arrancando su adultez”, apunta, en el mismo sentido.

Piermarini aclara que en este debate se volverán a analizar los mismos elementos probatorios del primer juicio, a tono con la resolución Casación, que también pidió no alterar la “plataforma fáctica” del caso. Lo que cambia, en esta oportunidad, son los ojos que van a evaluar y valorar la evidencia: en lugar de Gómez Urso, Carnevale y Viñas, estarán los jueces Roberto Falcone, Gustavo Raúl Fissore y Alexis Leonel Simaz.

“El tribunal designado ahora está obligado a no ser parcial, a no actuar desde el prejuicio y a cumplir el mandato de juzgar con perspectiva de género, como se debe, y teniendo en cuenta la niñez y la infancia”, remarca la abogada, y su par agrega: “Este proceso deber ser finalmente la respuesta de Justicia que están esperando la mamá y el papá de Lucía desde octubre del 2016. La familia quedó totalmente destruida desde ese momento y el Estado no estuvo a la altura en ningún momento: falló en su deber de prevención y después no acompañó, no dio respuestas, la investigación inicial no estuvo a la altura de las circunstancias y la primera sentencia tampoco”.

El juicio se extenderá durante 15 días hábiles y, si bien depende de los tiempos del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, se espera que los jueces pronuncien su veredicto en los primeros días de marzo. En representación del Ministerio Público actuará el fiscal Leandro Arévalo, mientras que del otro lado se encuentran María Laura Solari y César Sivo, la defensora oficial de Farías y el abogado particular que contrató Offidani.

El jury pendiente

El segundo debate se desarrolla sin que se haya resuelto el juicio político que impulsó la familia de Lucía contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°1. Gómez Urso y Viñas permanecen suspendidos en sus funciones desde noviembre de 2021, por decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Carnevale no forma parte de este proceso ya que renunció antes para iniciar los trámites jubilatorios.

La acusación que recae contra los magistrados marplatenses es por "negligencia, incumplimiento de los deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta". Esto no solo fue sostenido en las instancias previas por Marta y Guillermo, sino por el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, la Defensoría del Pueblo provincial y la Comisión Bicameral integrada por doce legisladores (cinco senadores y siete diputados). Si se confirma un comportamiento irregular, ambos tendrían que ser destituidos.

La instancia de jury encendió fuertes críticas por parte de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires y de otros sectores de la Justicia pero la abogada Piermarini recuerda que cada una de las conductas señaladas contra Gómez Urso y Viñas “son posibles faltas que ya están contempladas en el marco de la ley de enjuiciamiento de magistrados”.

El 14 de marzo está previsto que se realice una audiencia para definir la prueba que se utilizará en el jury contra los jueces suspendidos. El dato no es menor: se trata del último paso para dar lugar al inicio del juicio político, que todavía no tiene fecha confirmada.