El Marquesado: el juez federal Ariel Lijo investigará la denuncia de Montenegro

Este mediodía se conoció que el juez federal Ariel Lijo estará a cargo de la investigación, tras la denuncia a la justicia que realizó días atrás el intendente Guillermo Montenegro, que acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público a Eduardo Albanese, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la polémica cesión de 140 hectáreas al MTE que dirige Juan Grabois.

La presentación judicial del intendente contra las autoridades de la Aabe y la ONG fue sorteada y quedó a cargo del magistrado.

Horas después que se conociera la presencia de militantes de la organización social en el predio ubicado frente a la Playa Escondida, en el barrio El Marquesado, el jefe comunal planteó que iba a “hacer todo para que no se realice”.

Este lunes durante una conferencia de prensa, Montenegro recordó que se acercó una funcionaria del Ministerio Justicia de la Nación junto a los representantes del MTE y les informó a los vecinos que iba a haber un proyecto de huertas, "con 100 familias que se iban a instalar, con viviendas, una salita, una comisaría y hasta un balneario".

Por otro lado, el intendente reiteró que en los últimos meses hubo tres tomas en distintos puntos de la ciudad (una en el barrio Libertad que se desactivó y dos en Las Heras) y remarcó que son "organizadas". "No son dos o tres vecinos que hablan de un problema. Uno ve cómo llegan, con que materiales, tirantes, alambres y otras cosas. De hecho son personas que agreden a vecinos que quieren denunciar y esto está documentado en las denuncias", planteó.

En ese sentido, Montenegro insistió en que detrás de esas situaciones hay un intento de aprovechamiento político aunque aclaró que será tema de la justicia resolver esa cuestión.

Albanese, que dirige la AABE, fue el funcionario nacional que firmó el convenio con la Asociación Civil Tercer Tiempo vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que da de manera provisoria y por tres años, el permiso para usufructuar el predio en ese sector del sur de Mar del Plata. La medida generó gran polémica y el aireado reclamo de los vecinos, que cortaron dos veces la ruta 11 para ser escuchados.