Amenazas: la justicia prohíbe a tres funcionarios municipales acercarse a concejales de la UCR

La denuncia por amenazas contra el radical Daniel Núñez sumó en estas horas un nuevo capítulo increíble: la justicia les prohibió a tres funcionarios de la gestión de Guillermo Montenegro y al sindicalista Christian Echeverría acercarse a menos de 200 metros de Núñez y otros dos concejales de la UCR.

La situación es por demás llamativa, pues se trata de dirigentes que forman parte de la coalición de gobierno y significa, por ejemplo, que no podría haber una reunión entre los funcionarios y los concejales para discutir temas de gestión.

La medida dispuesta de la justicia señala que el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel; los directores coordinadores de Desarrollo Social, Lucas Amodey y Santiago Reyes, y el titular de la CTA Autónoma, Christian Echeverría, tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros a los concejales Daniel Núñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero y a Luciano Pagni.

La medida rige por tres meses y también establece que los implicados no pueden tener contacto de ningún tipo con los ediles.

Cabe recordar que los tres funcionarios municipales se desempeñan en la secretaría de Desarrollo Social, que se encuentra a cargo de Vilma Baragiola, también radical.

El concejal Núñez había radicado una denuncia por amenazas contra Echeverría, luego de una violenta interna partidaria que se desarrolló el 13 de noviembre último.

Sin embargo, esta semana la situación se agravó: la casa de la pareja de Núñez, donde vive su hija, apareció con pintadas agraviantes. A su vez, el Concejo Deliberante también fue repleto de pegatinas contra el edil del radicalismo.

En ese contexto, Núñez amplió la denuncia que había hecho originalmente contra Echeverría, mientras que el Concejo Deliberante aprobó unanimidad un repudio por las amenazas recibidas.

Durante su discurso, Núñez se quejó de que muchos integrantes de la coalición no se habían solidarizado por las amenazas pese a formar parte del mismo espacio. Las miradas ahora están puestas en lo que hará el intendente Guillermo Montenegro: si sostiene a los funcionarios en el cargo y lesiona la relación con el sector que lidera Maximiliano Abad o si los desplaza del cargo.