Licencias de conducir: informe del gobierno le bajó el pulgar al proyecto para ampliar la vigencia en adultos mayores

“Los argumentos esgrimidos no tienen asideros legales”. Con esa conclusión el gobierno de Guillermo Montenegro dio por cerrada la posibilidad de habilitar un régimen diferenciado a nivel municipal para ampliar el plazo de la vigencia de las licencias de conducir en mayores de 65 años, tal y como lo propone un proyecto surgido del propio oficialismo.

Un pormenorizado informe de la Dirección de Licencias de Conducir, que ya fue presentado al Concejo Deliberante, hizo especial hincapié en que las disposiciones legales vigentes no contemplan esa alternativa, considerando además que la medida sería de imposible ejecución dado que las licencias se emiten a través de un sistema provincial donde se contempla otro régimen en cuanto a plazos según la edad del conductor. Por último, también se advirtió que los funcionarios que habiliten la modificación podrían sufrir severas sanciones, incluso incurrir en delitos penales.

Todo ello quedó configurado en el reporte de siete carillas elaborado por el titular de la Dirección de Licencias de Conducir, Leonardo Lampugano, quien le bajó el pulgar al proyecto de la Coalición Cívica que busca ampliar a cuatro años la vigencia de las licencias desde los 65 años. El régimen vigente establece que las mismas tienen una duración de tres años entre los 65 y 69 años y de un año a partir de los 70 años de edad.

En el escrito se hizo especial hincapié en que si bien la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que la licencias debe durar menos de cinco años para los mayores de 65 años, son la Ley Provincial 13.927 y su decreto reglamentario 532/09 los que fijan los plazos de tres y un año, según la edad del conductor.

A su vez, si bien las licencias son emitidas por la Municipalidad, las credenciales se tramitan a través de un sistema provincial administrado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, con plazos que ya vienen pautados en el sistema según la ley vigente. Dicho en otras palabras: por más que quisiera, la Comuna no tiene la posibilidad práctica de modificar los plazos de las licencias.

Si bien el funcionario consideró que los argumentos para rever la normativa son “razonables”, no tienen “asideros legales, debido a que la Dirección General de Licencias emite las licencias bajo normas nacionales, provinciales y mismas municipales, debiendo respetar las citadas normas a efectos de salvaguardar la responsabilidad legal del funcionario público a cargo de la dependencia”. Es más, advirtió que dicha violación “hará pasible al o a los funcionarios que las extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1112 del Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan”.

Lo llamativo del caso es que la Comisión de Movilidad Urbana había aprobado el proyecto de ordenanza sin contar con los informes de la Dirección de Licencias de Conducir y de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda, el cual aún no fue elevado. La propuesta fue aprobada por Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, mientras que La Libertad Avanza se abstuvo al exponer que primero quería contar con dichos reportes. El expediente ahora debe ser tratado por la Comisión de Legislación, último paso antes que el proyecto sea considerado en sesión para su definitiva aprobación.

Entre los fundamentos, la Coalición Cívica sostiene que el régimen diferenciado en las licencias representa una discriminación hacia los adultos mayores, donde lo central es que el Estado garantice que el conductor se encuentra en condiciones psicofísicas para andar en la calle, por lo que se mantiene el examen médico que se requiera actualmente. Incluso, si el médico lo determina, se puede bajar el plazo de cuatro años en casos particulares. Asimismo, interpretó la existencia de una contraposición entre la ley nacional y la provincial y no una complementariedad, como ahora reflejó Lampugano. “El proyecto intenta la aplicación del principio jurídico que frente a la variedad de normas se aplica la que menos perjudique al ciudadano”; concluyó la concejala Angélica González.