La increíble, y ahora judicializada, historia detrás del alquiler del edificio del Consejo Escolar

El caso del alquiler del edificio del Consejo Escolar que llegó a la Suprema Corte

A 13 años desde que se instaló a metros de Colón y Champagnat, el edificio donde funciona el Consejo Escolar se transformó en uno de los principales espacios de la administración pública en Mar del Plata. Lo que poco se conocía hasta ahora es la trama de desinteligencias y aparentes irregularidades que desembocaron en que el propietario del inmueble denunciara a la Provincia de Buenos Aires por la falta de pago de los alquileres entre 2017 y 2022, en una causa que en estos momentos está en manos de la Suprema Corte bonaerense y que refleja los vaivenes del mercado inmobiliario en los últimos años y las impericias en la administración estatal.

La demanda es impulsada por la empresa Zambano SA contra la Provincia, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y el Consejo Escolar de General Pueyrredon, donde se reclama una reparación económica con sumas actualizadas por el uso y ocupación del inmueble en los 58 meses que trascurrieron entre septiembre de 2017 y junio de 2022, período en que la Provincia ejerció el uso y ocupación del lugar sin haber llegado a un acuerdo para la firma de un contrato de locación, por lo que el titular no percibió renta alguna. Tanto el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 como el Civil y Comercial N°3 se declararon incompetentes, por lo que el expediente fue girado a la Suprema Corte para que resuelva qué tribunal debe tramitarlo.

El conflicto comenzó cuando en septiembre de 2017 se venció el cuarto contrato de locación entre las partes, luego del primero celebrado en marzo de 2011. Según se describe en la demanda, a partir de allí se suscitaron un sinfín de desencuentros y falta de acuerdo entre el monto de alquiler que proponía la empresa y lo que pretendía el Estado, que tampoco era muy claro al originarse contradicciones entre las diversas áreas que fueron interviniendo.

La oferta inicial de Zambrano fue de $335.000 mensuales (19 mil dólares al precio oficial de ese entonces) y, en una primera instancia, el Departamento Estudios Valuatorios de Arba convalidó ese monto, luego reducido a $310 mil por la Dirección Técnica Pericial de la Fiscalía de Estado. Ese monto fue el que ofreció la DGCyE al propietario del inmueble, aunque el contrato nunca fue instrumentado.

Sin avances, en octubre de 2018 el titular retomó las gestiones, ahora pidiendo un alquiler de $550 mil, en un contexto donde comenzaba a dispararse la inflación en el tramo final del gobierno de Macri. De hecho, esa cifra en pesos pasaba a representar poco más de 13 mil dólares. La Fiscalía de Estado reconsideró su propio calculo, pero por $325 mil, no haciendo más que ampliar la brecha, sin poder arribar a un acuerdo.

Un año después, en agosto de 2019, se replicó la escena: la sociedad pidió $860 mil (18 mil dólares), mientras que ahora la Dirección de Propiedades de la DGCyE terminó ofreciendo $492.960 y un contrato de 36 meses, aceptado por el titular. El monto fue avalado por la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de Provincia, pero en los siguientes meses el expediente transitó entre diversas oficinas, hasta que en febrero de 2020 volvió a manos de la Dirección Técnica Pericial de la Fiscalía de Estado, que frenó todo al establecer un monto máximo de $430 mil mensuales. “Algo absolutamente improcedente, en la medida que ese valor locativo NO había sido consensuado, consentido ni admitido por mi representada”, enfatizó Zambano SA en la demanda, por lo que nunca se pudo firmar un nuevo contrato.

“En el transcurso de los años 2017 a 2022 -prácticamente cinco (5) años – no sólo no se formalizó el contrato de locación, sino que además las accionadas continuaron utilizando y disponiendo del inmueble de titularidad de mi representada sin que se le integre, cancele y/o abone suma en concepto de valor locativo a cuenta”, reclamó el abogado de la empresa.

Finalmente, en marzo de 2023 se firmó un nuevo contrato pero con efectos a partir de julio de 2022, quedando pendiente el período anterior de 58 meses ahora reclamado judicialmente. En abril de este año la DGCyE hizo un último intento por resolver el conflicto, ofertando nuevamente los $430 mil de casi dos años años atrás, “especulando con la ostensible desvalorización de la moneda”, reclamó el demandante. A partir de allí, la vía judicial fue la única salida para los dueños del edificio donde funciona el Consejo Escolar.

La restructuración de la Juventud Pro llega con ruido

Luego del relanzamiento del Pro con la nueva presidencia de Macri, el partido amarillo sigue con una reestructuración que va acompañada de la confirmación de nuevas referencias en suelo bonaerense, con el diputado Cristian Ritondo al frente.

En el caso de la Quinta Sección, Lucila Cardaci fue designada como titular de la coordinación de la Juventud Pro. Se trata de una joven de 21 años del distrito de General Belgrano y que tiene como referente a Martín Yeza, exintendente de Pinamar, actual diputado nacional y recientemente designado presidente de la Asamblea Nacional del Pro. “Me pone muy contenta que con apenas 21 años me confíen esta responsabilidad y agradezco a Martin Yeza, César Torres y a mi amigo Emmanuel Karlau por su apoyo para mi nombramiento.” señaló Cardaci, estudiante de Ciencias Políticas de la Uba.

La decisión generó cierto ruido en Mar el Plata, cabecera de la Quinta Sección, ahora con una conducción de un partido pequeño de la región, si bien el motivo central de su nombramiento es el vínculo con Yeza. La propia Cardaci se hizo eco del primer aspecto: “si bien es cierto que General Pueyrredón representa alrededor del 45% de los habitantes, también es cierto que en los 23 distritos con menos de 100.000 habitantes tenemos medio millón de personas, como una provincia patagónica, que merecen ser interpretados y donde el PRO tiene que estar presente”.

Su mensaje siguió con cuestionamientos al centralismo marplatense dentro de la Quinta Sección: “estoy muy contenta de aceptar el desafío y mostrar que los jóvenes de pueblos como el mío, General Belgrano, no solo tenemos cosas de decir sino también muchas cosas que hacer”.

Un ojo en los festejos, otro en los números

El mismo énfasis que Montenegro y su equipo ponen al analizar la evolución semanal de los ingresos lo tienen Carlos Katz y el resto del directorio de Osse. La hipótesis del Ejecutivo que la recaudación tocó fondo y de aquí en más sigue una lenta recuperación, se constata en el último trimestre de la empresa sanitaria.

De acuerdo al informe de la Sindicatura de Osse sobre el segundo trimestre, los ingresos evidenciaron una importante recuperación en el período abril-junio, en comparación a enero-marzo. Al 30 de junio, la recaudación semestral había cerrado en una cobrabilidad de 66,86%, producto de ingresos por $11.791 millones de los $17.524 emitidos en las facturas por el servicio de agua potable, cloacas y desagüe. Al 31 de marzo el número era tres puntos porcentuales por debajo, debido a que en el primer trimestre se había registrado una cobrabilidad de 63,64%.

Más allá de este dato alentador, la realidad sigue estando muy distante de lo ocurrido en el último quinquenio, donde entre 2019-2024 se registra una cobrabilidad de 76,70%. En 2019 fue del 87,63% de los montos emitidos para los usuarios de las diversas categorías, mientras que en 2020 cayó al 86,68%. La tendencia negativa se sostuvo prácticamente en el mismo tenor en 2021 (85,57%) y 2022 (83,99%). La pendiente ya se volvió más preocupante en 2023, cuando la recaudación llegó al 77,45%.

Pero más allá de los números, esta semana la centralidad de Osse estará en el hito del 40° aniversario de su creación que se cumple el 23 de agosto. Los festejos ya comenzaron con un acto días atrás en el Concejo Deliberante, con la presencia de algunos de los concejales que aprobaron su fundación en 1984 y el reconocimiento a trabajadores que aún prestan tareas y que desde el primer día de su existencia hicieron de Osse un modelo de lo que significa una sociedad de estado.