El Colegio de Arquitectos cuestionó el proyecto para regularizar construcciones no declaradas

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX presentó un escrito dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, en el que manifestó su oposición al proyecto de ordenanza que propone un régimen simplificado de regularización de construcciones no declaradas en General Pueyrredon.

La entidad sostuvo que la iniciativa, que se encuentra en tratamiento “vulnera las incumbencias profesionales” y contradice disposiciones municipales y provinciales en materia de obras privadas. Según remarcaron, el Reglamento General de Construcciones vigente exige que toda documentación presentada ante la Dirección de Obras Privadas esté firmada por un propietario y un profesional habilitado, con planos y visado colegial.

En ese sentido, cuestionaron que el proyecto permita regularizar obras “sin documentación técnica inmediata, sin firma de profesional y sin visado colegial”, lo que consideran una colisión con la normativa actual. También marcaron que la referencia a la cédula catastral firmada por un profesional “no sustituye el informe técnico y visado exigido” y que el “certificado municipal” que se otorgaría para dar por regularizada una construcción “constituye un acto administrativo de efectos definitivos sin sustento técnico”.

El Colegio advirtió que, de aprobarse la ordenanza, el Municipio “se coloca como garante técnico de la seguridad de las construcciones, asumiendo una función que no le corresponde” y que esta situación podría derivar en reclamos civiles por daños, además de exponer a funcionarios municipales a eventuales responsabilidades penales en caso de siniestros.

Asimismo, señalaron que el régimen generaría “un beneficio desproporcionado” para quienes accedan al trámite simplificado, en desmedro de los profesionales y comitentes que cumplen actualmente con los costos de planos, visados y aportes previsionales.

En el tramo final del escrito, los arquitectos subrayaron que “el verdadero rol del Estado es velar por la seguridad y salubridad pública, sancionar a quienes realizan actos reñidos con la normativa y favorecer a quienes la cumplen”. También cuestionaron la falta de capacidad operativa de la Dirección de Obras Privadas para gestionar en tiempo y forma los trámites vigentes.

EL proyecto e inicio del debate

El llamado Régimen de Regularización Simplificada de Construcciones no Declaradas fue presentado días atrás por la Coalición Cívica y la propuesta apunta a dar respuesta a una problemática extendida: las ampliaciones o mejoras en viviendas que nunca fueron declaradas formalmente, lo que complica operaciones de compraventa y el acceso a créditos hipotecarios.

El régimen alcanzará a viviendas unifamiliares con más de cinco años de antigüedad, cuyos planos estén aprobados y/o visados y que hayan sido modificadas con ampliaciones sin registrar. Se prevé un plazo de dos años para adherirse, con beneficios impositivos proporcionales a la superficie a regularizar: exención total de la Tasa por Servicios Técnicos de Construcción para obras de hasta 50 metros cuadrados, reducción del 50% para aquellas de entre 50 y 100 metros, y aplicación del régimen general para superficies mayores.

El procedimiento será más ágil: bastará con presentar la solicitud y la cédula catastral vigente para obtener un certificado municipal que habilite operaciones de compraventa o hipoteca. Posteriormente, en un plazo de un año, el propietario deberá completar la documentación técnica para obtener los planos “conforme a obra”.

El expediente comenzó a debatirse este martes en la Comisión de Obras, donde los concejales acordaron pedir un informe a las secretarías de Obras, por un lado, y a la de Legal, Técnica y Hacienda, por el otro. Asimismo, se acordó que una vez recibidos los informes se citará al Colegio de Arquitectos para conocer en detalle su mirada.