Proponen un régimen simplificado para regularizar construcciones no declaradas en Mar del Plata

El bloque de la Coalición Cívica presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un Régimen de Regularización Simplificada de Construcciones no Declaradas. La propuesta apunta a dar respuesta a una problemática extendida: las ampliaciones o mejoras en viviendas que nunca fueron declaradas formalmente, lo que complica operaciones de compraventa y el acceso a créditos hipotecarios.

El régimen alcanzará a viviendas unifamiliares con más de cinco años de antigüedad, cuyos planos estén aprobados y/o visados y que hayan sido modificadas con ampliaciones sin registrar. Se prevé un plazo de dos años para adherirse, con beneficios impositivos proporcionales a la superficie a regularizar: exención total de la Tasa por Servicios Técnicos de Construcción para obras de hasta 50 metros cuadrados, reducción del 50% para aquellas de entre 50 y 100 metros, y aplicación del régimen general para superficies mayores.

El procedimiento será más ágil: bastará con presentar la solicitud y la cédula catastral vigente para obtener un certificado municipal que habilite operaciones de compraventa o hipoteca. Posteriormente, en un plazo de un año, el propietario deberá completar la documentación técnica para obtener los planos “conforme a obra”.

La iniciativa excluye construcciones que incumplan normas de uso del suelo o que representen riesgos de seguridad o salubridad. Además, establece sanciones en caso de falsedad documental o incumplimiento técnico, tanto para propietarios como para los profesionales intervinientes.

Los concejales Angélica González y Guido García, autores del proyecto, remarcaron que la medida busca “reconocer una realidad extendida” y ofrecer una solución práctica que permita ampliar el parque de viviendas formalizadas, fortalecer la seguridad jurídica y dinamizar la actividad inmobiliaria y de la construcción en la ciudad.

“Numerosas familias han realizado mejoras o ampliaciones en sus viviendas con esfuerzo propio, sin declararlas por desconocimiento, falta de recursos o la complejidad de los trámites, quedando así fuera del circuito legal y limitando el valor y uso de sus propiedades. El proyecto apunta a reducir la intervención estatal innecesaria, promoviendo un Estado más eficiente que incentive la formalización voluntaria”, remarcaron los ediles al respecto.