Kicillof denunció "persecución judicial" y pidió la domiciliaria para De Vido

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sumó anoche un fuerte respaldo político al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, detenido desde el jueves en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza luego de entregarse en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena firme por la tragedia de Once.

Junto a ministros provinciales y más de treinta intendentes peronistas, el mandatario difundió un comunicado en el que denuncia una “condena injusta”, acusa al Poder Judicial de ejercer “persecución” y reclama que se evalúe “con urgencia” otorgarle la prisión domiciliaria debido a su estado de salud.

“Expresamos nuestra solidaridad con el compañero Julio De Vido frente a lo que consideramos una condena injusta”, señala el texto difundido ayer por la noche. En línea con los reclamos de la familia del ex funcionario, los dirigentes manifestaron preocupación por las condiciones de detención y advirtieron que “la privación de su libertad puede vulnerar las garantías vinculadas a su derecho a la salud”.

Al mismo tiempo, pidieron también que reciba atención médica inmediata para su enfermedad crónica y que el Tribunal Oral Federal N° 4 acelere el tratamiento del pedido de domiciliaria presentado por la defensa.

El pronunciamiento del oficialismo bonaerense llega a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el miércoles dejó firme la condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El máximo tribunal rechazó los recursos de la defensa y del fiscal mediante la aplicación del artículo 280, lo que abrió paso a la detención. De Vido, que cumplirá 76 años en diciembre, fue considerado partícipe necesario de la administración deficiente de los subsidios al ferrocarril Sarmiento, cuyo deterioro derivó en el choque del tren contra el andén de Once el 22 de febrero de 2012, una tragedia que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.

Además, la familia del ex ministro denunció en los últimos días las condiciones del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza y alertó sobre presuntos malos tratos y falencias en la atención. Su esposa, Alessandra Minnicelli, afirmó que la alimentación “no responde a la dieta adecuada para un paciente diabético”, que no se le permitió ducharse ni acceder a agua caliente para preparar mate cocido, y que no cuenta con acceso regular a su medicación.

En la misma línea, aseguró que la comunicación con el exterior es prácticamente nula debido al sistema de teléfonos disponibles. La presentación de estas quejas motivó que el juez interviniente enviara un oficio al establecimiento carcelario.

“Resulta grave para la institucionalidad que el aparato judicial sea utilizado para perseguir dirigentes, limitar proyectos políticos o intentar criminalizar al peronismo”, sostiene el documento encabezado por el líder bonaerense, que también “reafirma el compromiso con una Justicia independiente, imparcial y respetuosa de los principios constitucionales”. Los firmantes consideran “imprescindible revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de Julio De Vido”.

Entre quienes acompañaron la declaración figuran ministros bonaerenses como Andrés Larroque, Walter Correa y Cristina Álvarez Rodríguez, además de intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Lucas Ghi (Morón), Leonado Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui) y Julio Alak (La Plata). Muchos de ellos replicaron en redes sociales las críticas al Poder Judicial y exigieron que se garantice la integridad del ex funcionario.

En el texto, el interbloque de los senadores de Unión por la Patria aseguró que su arresto se inscribe en “una muestra más” de un entramado de hostigamiento contra referentes opositores que, según plantearon, busca “disciplinar a la dirigencia nacional, popular y democrática”.

Asimismo, cuestionó las condiciones de detención de De Vido, al advertir que se le habría impedido el acceso a medicación, servicios básicos y comunicación con sus abogados, hechos que enmarcaron en una violación a estándares internacionales de derechos humanos.

Los senadores recordaron que el ex ministro enfrenta problemas de salud y está próximo a cumplir 76 años, y cuestionaron que, pese a contar con informes médicos previos, la Justicia haya ordenado nuevas pericias e informes socioambientales.

En último lugar, compararon la situación con otros episodios que consideran parte de un “plan sistemático de persecución”, y convocaron a la “unidad del campo nacional” ante lo que describieron como un “modelo de entrega y ajuste” liderado por Javier Milei.