Armas en las escuelas, violencia y drogas: "No creo que la baja de la edad de imputabilidad resuelva nada"

Directores de Instituciones Educativas, junto a autoridades del poder judicial y de seguridad, se reunieron este miércoles en el Teatro Payró, para abordar desde distintos enfoques algunas de las problemáticas que más preocupan a gran parte de la sociedad, luego de una seguidilla de hechos de violencia en varias escuelas de Mar del Plata.

Siendo uno de los principales invitados al evento -convocado por la Jefatura Distrital de Educación de General Pueyrredon-, el Fiscal General Fabián Fernández Garello dio a conocer a 0223 su mirada sobre la problemática.

-Doctor, bríndenos un concepto, una lectura, con respecto a este encuentro en el marco de algunas situaciones que se vienen dando en instituciones educativas de Mar del Plata y del resto de la provincia de Buenos Aires.

-Fernandez Garello: esta ha sido una iniciativa de las autoridades de educación del distrito que se acercaron para conversar temas que son de común conocimiento. Lo que usted menciona justamente, hay situaciones de vandalismo en colegios, pero no termina ahí la cosa, hay cuestiones a veces más profundas como detectar situaciones de abuso sexual, situaciones de violencia de género, esto se refleja en los alumnos, las puertas han estado siempre abiertas, pero estamos tratando de ver si podemos hacer de la relación escuela-ministerio público una relación más fluida, menos formal, con un margen mayor para el entendimiento de la búsqueda de soluciones compositivas. Usted sabe muy bien que cuando actúa el Fuero Penal es el más fuerte de los componentes que tiene el Estado y el sistema procesal justamente, en el espíritu y en la letra de la legislación, lo que nos lleva es a tratar de evitar el conflicto en lugar de enmendarlo con pena de cárcel o con soluciones de esta naturaleza. Buscar soluciones alternativas a lo que es la mayor impronta del Estado actuando que es la cárcel.

Desde luego estamos hablando de situaciones muy diferentes en el caso de la escolaridad, hay chicos que son menores, hay otros que son imputables, hay otros que no lo son. Bueno, la idea es ver cómo de común acuerdo podemos manejar estas situaciones que como usted bien dice, forman parte de un panorama cotidiano.

-Está claro que la escuela, el ámbito de la educación, no es una isla, no es un compartimiento estanco de la sociedad y es donde se refleja también parte del deterioro. ¿Usted tiene esta lectura que el deterioro de la sociedad o de distintas cuestiones que van pasando en la sociedad se reflejan también en los más chicos que acuden a los establecimientos?

-Sí, desde luego. En los últimos años nosotros estamos viendo una situación verdaderamente compleja a partir de lo que es un cada vez mayor consumo de sustancias ilícitas. Yo le voy a dar un dato: 7 de cada 10 mujeres que se sientan a denunciar violencia de género mencionan que desde que sus parejas comenzaron a consumir, la situación familiar se ha puesto insostenible, se han generado situaciones de violencia física o psíquica. Hoy tenemos, además de todo lo que podemos tener desde siempre, el componente de la droga que yo interpreto que todavía no está lo suficientemente visibilizado. Los abusos sexuales permanentes que tenemos en situaciones intrafamiliares son también un derivado de las sustancias ilícitas. Entonces, tenemos una sociedad que tiene que entender que si no encaramos esta cuestión, obviamente se refleja en el colegio, en los hospitales con agresiones hacia los profesionales médicos, y desde luego todo esto llega al fuero penal, porque una vez que está cometido el hecho lo tenemos que entender nosotros.

-¿Con respecto al acceso a las armas, en muchos casos armas de fuego, lamentablemente, qué tipo de articulación, qué tipo de política se puede llevar adelante para que no sea sencillo para que un adolescente pueda acceder a un arma de fuego y llevarla a la escuela. Afortunadamente en el caso de Mar del Plata sin ningún tipo de intención secundaria, pero no deja de ser un arma de fuego en una escuela.

-La responsabilidad empieza por los padres, si es que están los padres. Son dos situaciones que tenemos ahí. Fíjese que no fue aquí en Mar del Plata, pero nos hemos enterado por ustedes los medios, que en el Conurbano apareció una alumna con un arma en una caja con varios cartuchos, y el arma era legal, y el arma la tenía el padre. En materia de política de armas, yo no soy partidario de ampliar derechos, es decir, aquí existe una política de armas donde con un informe médico y de un psiquiatra, cualquiera tiene un arma en la casa. Esas son las armas que cuando los delincuentes entran a robar se llevan para después cometer delitos. Es decir, no es que haya un mercado de armas en el cual el delincuente compra, vende, alquila. Esto lo hemos visto muy pocas veces. Lo que sí vemos es que donde en una casa hay un arma y entra a robar a un delincuente, se la lleva. Entonces acá habría que revisar varias políticas, entre ellas, a veces la facilidad con que el Estado otorga la aportación a la tenencia de un arma.

- Siempre se abre un debate a raíz de estas situaciones, y es el tema de la edad de la imputabilidad de menores. Y se trazan ejemplos con países del primer mundo, con países del Caribe. ¿En qué situación está la Argentina hoy según su mirada y qué opinión tiene al respecto?

-No, yo no creo que la baja de la edad de imputabilidad resuelva nada. Acá hay que hacer otro tipo de labor desde el Estado. El Estado no puede prescindir de estar presente. El Estado tiene que asistir a estas situaciones de las que venimos mencionando. Es decir, consumo de adicciones, o mejor dicho, adicciones por consumo de sustancias estupefacientes en las familias, disoluciones familiares, ver cómo se auxilia a esa mujer que queda sola, que queda con dos o tres chicos, que a veces tiene que salir a trabajar y deja a los chicos solos en el barrio, y ahí comienza el chico a juntarse con gente que vende droga o lo usan para vender droga en algún caso. No, esto es como decir que subiendo las penas se van a evitar delitos de defraudación. Hoy, por el tipo de sociedad que tenemos, lo que se llama el principio de prevención general del derecho penal, está fracasando. Está fracasando como el principio de prevención especial. Es decir, cuando uno le aplica una pena a un adicto, es posible que el adicto vuelva a delinquir. Con lo cual, si nosotros no actuamos antes de que sea adicto, ya después es muy difícil recuperarlo.