Fueron a derribar un “bunker”, pero era una casa de familia: los damnificados iniciaron una demanda por más de $200 millones

“Medidas apresuradas tras un allanamiento y sin una orden judicial. Obvio que iba a pasar”. Para algunos operadores judiciales, la demanda que los dueños de una casa que la Municipalidad derrumbó hace dos años y medio tras un operativo por “narcomenudeo” puede replicarse porque en la mayoría de los casos, son medidas que se toman sin una orden judicial que las avale.

Con el patrocinio del abogado Raúl Fernández, los dueños de una propiedad del barrio Libertad demandaron al intendente Guillermo Montenegro, a la municipalidad de General Pueyrredón y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por más de 211 millones de pesos más intereses tras sufrir la destrucción del inmueble, de acuerdo a la presentación que fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°2.

La mañana del 24 de enero de 2023 se realizó una tarea conjunta entre distintas áreas municipales y personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires para derribar la construcción ubicada en Chacabuco al 8900 que funcionaría como un “búnker” donde se comercializaban drogas. Los demandantes dijeron que se encontraron con la realización de un operativo y que no pudieron sacar sus pertenencias antes de derrumbar “el hogar en el cual vivíamos”.

“Resulta realmente inaudito el proceder del intendente que dio la orden de destrucción de mi hogar y no ver que en ese domicilio no se vendía droga y donde no contamos con antecedentes policiales ni por venta de drogas, ni ningún tipo de causas judiciales, los dos trabajamos honestamente, donde esta parte trabajaba bajo relación de dependencia en un corralón para la construcción y mi esposa es esteticista, también tenemos nuestra familia conformada por nuestros hijos en edad escolar que sufrieron toda esta situación y fueron arrancados de su hogar, viendo cómo se demolía su hogar de toda la vida”, señalaron.

Los denunciantes remarcaron que han recorrido “el poder judicial, fiscalías y juzgados y al día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta ante semejante hecho de violencia institucional, ya que no había orden de ningún juez ni denuncia de ningún fiscal para llevar adelante semejante atropello”.

En la presentación a la que tuvo acceso 0223 señalaron que se dirigieron de manera particular a la Municipalidad para poder hablar con el Intendente y tener alguna respuesta de lo sucedido, pero los derivaban para hablar con algún asesor y de esa manera tapar “la negligencia y omisión”.

“A través de Calidad de Vida nos otorgaron un subsidio en su momento de setenta mil pesos por seis meses que no llegaba a cubrir las necesidades básicas de mi familia y mucho menos un alquiler, ya que repito al haberme derrumbado nuestra propiedad tuvimos que irnos del barrio y buscar un alquiler para poder vivir con mi familia. Hemos pasados días y días recorriendo las oficinas dependientes del municipio”, señalaron.

Los denunciantes fundamentaron que otros funcionarios les dieron la razón y reconocieron su error a través de la promulgación de una ordenanza sancionada en noviembre de 2024 que les dio el permiso de uso y ocupación de una parcela en el barrio Alto Camet por espacio de cinco años. “Tenemos que edificar y tendríamos que ir nuevamente con nuestra familia a la deriva, ¿por que debemos de entregar la misma a la Municipalidad nuevamente ya que es de su propiedad?”, se preguntaron.

“Es un reconocimiento tácito de haber producido un grave error cometido porque “si fuera como sostiene que en mi hogar el cual fue derrumbado y demolido se vendía estupefacientes, por qué les otorgaría un terreno a vendedores de estupefacientes. Hablando mal y pronto, claramente están reconociendo el error cometido sobre nuestra propiedad, algo que no tiene explicación al día de la fecha”, señalaron.

En su presentación señalaron que “la Municipalidad de General Pueyrredón llevó a cabo una maniobra ilícita, ya que tal cual surge de la prueba aportada por esta parte al día de la fecha no hay una ordenanza respecto a la demolición de los famosos llamados “bunker” de droga”.

"La forma en que actuaron hacia nuestra persona, nuestra familia y nuestro hogar demoliendo algo que no correspondía, deja ver la forma de actuar por parte del Municipio, que está derribando propiedades privadas por el solo hecho de estar en un barrio precarizado, donde no se pone en discusión la venta de drogas y su comercialización, sino que no tienen certeza contra quienes ejecutan tal maniobra”, agregaron.

Tras señalar que tanto el Municipio como la provincia de Buenos Aires fallaron en su deber de guarda, custodia y provocaron un daño patrimonial, solicitaron que se los indemnice por el derrumbamiento del hogar, por el daño emergente que ha provocado la privación de uso de la propiedad y gastos emergentes, así como el daño moral, con los intereses que correspondieren hasta el efectivo pago con expresa imposición de costos y costas del proceso a la demandada.

En una primera instancia solicitaron un pago de 168.832.937 pesos por daño emergente, 12.760.000 por lucro cesante y 30.000.000 por daño moral. La suma total demandada al Municipio y al Intendente es de 211.592.937 pesos.

En la presentación solicitaron la producción de la prueba efectuada con expresa imposición de costas a la demandada con referencia a la pericial solicitada, que se les conceda el beneficio de litigar sin gastos, se actualice la demanda con los índices solicitados a partir de la fecha solicitada y se tenga en cuenta que la demandada tiene que hacerse cargo de los alquileres oblados por los actores hasta tanto se dicte sentencia.

Por último, pidieron que se corra traslado a la demandada Municipalidad de General Pueyrredón y al Intendente Guillermo Montenegro, se haga lugar a la demanda con costas a la vencida y, en caso de ser adverso la demanda, se tenga en cuenta que se ha hecho del expresa reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario federal.