El gobierno de Milei solicitó a la Justicia Federal frenar el desalojo de una masiva toma en Mar del Plata

La postura intransigente frente a las tomas de terrenos es una parte constitutiva central del discurso del gobierno nacional de Javier Milei. O lo era. Es que en una sorpresiva actitud, la propia administración libertaria pidió a la Justicia Federal frenar el desalojo de una multitudinaria toma en un barrio en Mar del Plata.

Con todas las formalidades del caso, el pedido lo realizó el director de Acceso al Suelo Urbano, Leandro Goria, un área dentro del organigrama de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda que reporta al Ministerio de Economía de Luis Caputo. El abogado Goria además es candidato a tercer concejal por la lista de La Libertad Avanza en Quilmes.

El planteo del funcionario nacional fue realizado el pasado 2 de junio, aunque se conoció este jueves con la actualización de las últimas actuaciones en el marco de la causa que lleva el Juzgado Federal N°4 de Alfredo López, quien en mayo ordenó el desalojo por la fuerza de familias que viven bajo líneas de alta tensión en predios linderos a la Estación Transformadora ubicada en avenida Carlos Gardel y San Salvador.

El argumento central del planteo de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano es que un sector de la zona afectada por la toma forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), bajo el registro número 4.384, por lo que cuenta con una protección especial que, entre otros aspectos, prohíbe los desalojos hasta octubre de 2032. El barrio está registrado bajo el nombre “Autódromo”, si bien también se expande sobre José Hernández, donde está la toma judicializada.

El Renabap fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri y luego ampliado durante el de Alberto Fernández, pensado como un programa que busca relevar y registrar los barrios populares de Argentina, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El registro se realizó mediante un relevamiento casa por casa, con el otorgamiento de un Certificado de Vivienda Familiar.

“Dicha ley no necesita de la adhesión de las provincias ni de la Ciudad Autónoma de de Buenos Aires para su plena aplicación y además dispone explícitamente que las previsiones relativas al desalojo son de orden público, con lo cual solo puede ser alterada es pos de mayores niveles de protección de derechos, pero no así en el sentido de restringir su alcance o protección”, advirtió Goria en la presentación judicial a la que accedió 0223.

“Asimismo, informamos que no es requisito excluyente contar con el Certificado de Vivienda Familiar, creado por el Decreto 358/2017, para encontrarse amparado por esta ley y por tanto, por lo establecido en su artículo 15. Sin perjuicio de ello, muchas familias del barrio cuentan con el mismo”, añadió el candidato libertario en Quilmes.

Por todo ello, “solicitamos se suspendan todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo del bien inmueble que compone el barrio popular Autódromo”. El planteo ahora deberá ser considerado por López, el mediático juez marplatense que mantiene una fuerte polémica pública con el gobierno de Milei por su política exterior en Medio Oriente y el posicionamiento ante el conflicto en la Franja de Gaza. "El problema es que Milei nos está haciendo cómplices del genocidio", planteó recientemente el magistrado sobre las acciones militares que Israel despliega en Gaza e incluso este mismo jueves compartió una nota titulada "El error de haber votado la fórmula Milei-Villarruel".

Un desalojo en compás de espera

Como viene informando este medio, el origen del conflicto se remonta a 2022 cuando numerosas familias comenzaron a asentarse bajo las líneas de alta tensión que ingresan a la Estación Transformadora de Mar del Plata. Ello generó una demanda de la concesionaria Transba SA para lograr la reubicación de los ocupantes, dado el riesgo que supone tanto para su vida como para el servicio esencial que presta la empresa.

Las llamadas “franjas de seguridad” están reguladas por la Ley 19.552, donde se prohíbe toda construcción en un sector de hasta 15 metros a cada largo del eje de las líneas de alta tensión. Pese a ello, en los últimos años avanzaron las construcciones tanto precarias como de material en los lotes que alcanzan unas 60 hectáreas. El principal predio ocupado es titularidad del Instituto Provincial de la Vivienda, mientras que los restantes son privados.

Tras reiterados pedidos infructuosos del juez López tanto hacia Nación como a Provincia y Ciudad para que den una solución habitacional a las familias que padecen el déficit de vivienda, en febrero el Juzgado Federal N°4 ordenó el desalojo voluntario y el retiro de las estructuras allí instaladas. Sin respuestas, en mayo directamente ordenó el desalojo forzoso con auxilio de la fuerza pública, aunque aún no se hizo efectivo por el cumplimiento de diversas diligencias. Entre ellas, la notificación a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda nacional.