¿Sabías que Mar del Plata albergó el primer crimen de un funcionario público nacional asesinado en los noventa por investigar la corrupción dentro del Estado?

El reloj marcaba casi las nueve de la mañana en la concurrida sede de la Anses de la avenida Luro 3861, en Mar del Plata. En el salón principal, cerca de ciento cincuenta personas aguardaban en las hileras de sillas metálicas para realizar sus trámites previsionales. Entre el murmullo habitual de los mostradores y los expedientes en papel, un hombre mayor esperaba en silencio sin llamar la atención de la custodia: vestía de forma sobria, llevaba en la mano un certificado médico firmado por su esposa y, bajo la cintura del pantalón, un revólver calibre 22 cargado.

A las 8:50 de aquel miércoles 4 de junio de 1997, el estruendo de un disparo paralizó la oficina. Treinta segundos bastaron para que la cruzada contra el mayor fraude a la seguridad social en la historia argentina reciente cobrara su víctima más sangrienta.

La ruta de las jubilaciones truchas

Pocos meses antes, en febrero, Alfredo "Freddy" Pochat había desembarcado en la ciudad balnearia. Con apenas 38 años y una reputación intachable como abogado especializado en destapar fraudes al Estado, ocupaba la Gerencia de Investigaciones Especiales de la Anses. Su método no era el patrullaje burocrático de rutina: elegía expedientes precisos y los desmenuzaba hasta la raíz.

En Mar del Plata se encontró con un engranaje sistemático y turbio. Para conseguir o agilizar una jubilación, los adultos mayores debían recurrir obligatoriamente a gestores coordinados con la delegación local, las retribuciones y haberes se fijaban de forma discrecional, y las comisiones exigidas a los damnificados devoraban montos equivalentes a los retroactivos. Pochat estimaba que la maniobra global alcanzaba una cifra sideral: más de 400 millones de dólares.

El informe de auditoría redactado por Pochat constaba de 36 páginas desgarradoras. En doce ocasiones se repetía el mismo nombre: Silvia Albanesi, jefa de la delegación en Mar del Plata desde hacía nueve años y responsable de liquidar unos 50 millones de dólares mensuales en haberes, pensiones y asignaciones.

La víspera del desenlace

La tensión llegó a su punto de inflexión el martes 3 de junio. Pochat reunió a todo el personal de la Unidad de Atención Integral (UDAI) local y anunció que las irregularidades estaban probadas. Informó que Albanesi y varios de sus colaboradores cercanos quedaban formalmente suspendidos y que la denuncia penal estaba en marcha por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público.

Aquella tarde, el auditor ultimaba los detalles para la mañana siguiente: daría una conferencia de prensa masiva donde haría públicos los resultados del informe y decretaría la cesantía definitiva de la funcionaria.

Sin embargo, en la trama apareció un actor inesperado. En el informe exhaustivo de Pochat, el nombre de Armando Andreo, de 67 años y esposo de Albanesi, no figuraba una sola vez. Pero fue él quien tomó la iniciativa.

Cincuenta metros de persecución y fuego

La mañana del 4 de junio, Andreo ingresó al edificio de la avenida Luro aduciendo que venía a entregar la licencia médica de siete días correspondiente a su esposa. Se trataba de la clásica maniobra burocrática para dilatar una cesantía, por lo que la custodia le permitió el ingreso. Pidió hablar con el interventor designado y, tras enterarse de que el auditor nacional estaba por llegar, aguardó pacientemente en una silla durante media hora.

Según los testigos, para los empleados del lugar no era raro ver a Andreo en la UDAI, ya que solía pasar tiempo en aquel organismo junto a su esposa.

Cuando Pochat cruzó la puerta principal, el interventor lo puso al tanto de la presencia de Andreo. El investigador accedió al encuentro y ambos ingresaron a un despacho privado. No hubo gritos previos ni discusiones acaloradas que alertaran al personal.

A los treinta segundos resonó la primera detonación.

Herido de gravedad en el pecho, Pochat empujó la puerta e intentó huir hacia las escaleras en busca de auxilio. Andreo salió tras él y, desde la barandilla superior y a la vista de los empleados, volvió a apretar el gatillo. La bala impactó de lleno en el cuello del funcionario, quien alcanzó a avanzar apenas cinco metros más antes de desplomarse en el piso del hall principal. De los cinco tiros efectuados, tres dieron en el cuerpo de la víctima, el último de ellos ingresó por la espalda. Cuando la policía de custodia del lugar irrumpió en el recinto, Andreo entregó la pistola sin oponer resistencia.

El banquillo de los acusados

En agosto de 1998 comenzó el debate oral en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra. La estrategia de la defensa intentó encuadrar la conducta de Andreo bajo la figura de emoción violenta. El acusado declaró que Pochat lo había provocado verbalmente al revelarle presuntos "secretos de alcoba" sobre una supuesta relación sentimental entre su esposa y otro de los funcionarios investigados.

"Siento el dolor de haber matado. Estoy arrepentido. Maldigo la hora en que compré el arma", manifestó Andreo en su alegato, buscando fundamentar que no existió premeditación.

En un intento desesperado por desvirtuar la hipótesis de la fiscalía sobre una ejecución premeditada, según las crónicas del juicio, dejó una frase que buscaba lógica en medio del absurdo: "Si hubiera querido matarlo, lo esperaba en una esquina. No iba a hacerlo delante de doscientas personas".

Según el diario Página/12, Andreo también sostuvo: "Que no le reprochaba a mi mujer que fuera corrupta, sino que hubiera permitido la corrupción". Según el acusado, el auditor le dijo: "Se ve que usted no ve muy bien. ¿Por qué no averigua por la relación sentimental de […] con su mujer?". A partir de ese momento, el imputado declaró que no recordaba nada más.

Sin embargo, la fiscalía y la querella impulsada por la familia Pochat, representada por el abogado Luis Moreno Ocampo, sostuvieron que el crimen fue una ejecución planificada para silenciar la investigación y enviar un mensaje mafioso a los controles estatales.

Un fallo controvertido

El 3 de septiembre de 1998, el tribunal condenó a Armando Andreo a 17 años de prisión por el delito de homicidio simple. La sentencia generó la indignación de la familia del auditor, que la tildó de injusta y arbitraria al haber descartado la alevosía y la reclusión perpetua.

Días más tarde, la querella presentó recursos ante la Cámara de Casación para revisar la pena y exigir que se investigara la eventual complicidad penal de Silvia Albanesi en la autoría intelectual del hecho. A pesar de los reclamos, la Justicia denegó imputar a la exgerenta y, tiempo después, concedió el beneficio del arresto domiciliario al condenado.

Alfredo Pochat se convirtió así en el primer funcionario público nacional asesinado en la década del noventa por investigar la corrupción dentro de la administración estatal. Detrás de las balas quedó el testimonio ineludible de su auditoría y la memoria de una lucha frontal contra los retornos impunes.