Licitaciones en La Costa: denuncian al municipio por falta de transparencia en los pliegos de balnearios

El proceso de renovación de concesiones en las playas del partido de La Costa se convirtió en el eje de una fuerte controversia política. La oposición local encendió las alarmas y apuntó de lleno contra el gobierno municipal a cargo de Juan de Jesús, cuestionando los procedimientos administrativos, la claridad de las condiciones fijadas en los pliegos y la falta de garantías para un control exhaustivo de las ofertas.

Trabas en el acceso a la información y objeciones a los pliegos

Las principales críticas contra el Ejecutivo comunal son impulsadas por el concejal Martín Fernández y la exedil Evangelina Cordone. Ambos dirigentes denunciaron públicamente la existencia de severas anomalías en el desarrollo de los concursos públicos para la adjudicación de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF).

Entre los señalamientos más firmes, la oposición denunció:

1. Falta de acceso a la documentación: Aseguran que existieron maniobras que obstaculizaron la revisión directa de los expedientes y de los actos de apertura de sobres. Cordone hizo público que se les impidió registrar fotográficamente los folios para su posterior análisis legislativo.

2. Cuestionamientos a las condiciones económicas y contractuales: Dirigentes opositores pusieron en la mira la redacción de los pliegos y exigieron transparentar la brecha entre el valor fijado para el pliego (determinado en $20 millones para ciertos casos) y los canones reales que abonarán los futuros concesionarios.

3. Exigencia de rendición de cuentas: Desde la oposición reclaman al Municipio que haga pública la comparación de los contratos actuales con los anteriores respecto a la duración de los permisos, los planes de inversión y las obligaciones impuestas a los privados.

La respuesta judicial y la postura oficial

Ante lo que consideraron un proceso empañado por inconsistencias, el concejal Fernández acudió a la vía legal solicitando la suspensión de las licitaciones. Sin embargo, en las últimas horas, el juez Agustín López Coppola —titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Dolores— rechazó la medida cautelar interpuesta al considerar que no se acreditaron los presupuestos legales necesarios para frenar la licitación de forma preventiva.

Pese a este revés en la cautelar, desde el entorno opositor remarcan que la decisión judicial no convalida plenamente la actuación municipal ni exime al Ejecutivo de transparentar los expedientes, por lo que mantendrán la vigilancia sobre el destino de los espacios de playa.

Por su parte, desde la gestión de Juan de Jesús defienden el nuevo esquema argumentando que el plan contempla la recuperación del 20% de las playas cuya concesión vence en 2026 para transformarlas en espacios totalmente públicos, además de buscar la extensión de la temporada turística.

El debate de fondo en el Concejo Deliberante

Mientras el cruce mediático y judicial suma acusaciones de lado a lado —que incluyen réplicas en redes sociales sobre presuntos intereses particulares—, el debate de fondo se traslada al ámbito legislativo.

La controversia plantea un contrapunto clave para la comunidad costera: mientras la oposición reclama mayor apertura de datos y denuncia sospechas sobre la adjudicación del patrimonio público, desde diversos sectores comunitarios advierten que la agenda política local no debe despegarse de las problemáticas cotidianas de los vecinos, como los servicios de salud, las tarifas y la situación del empleo en el distrito.