Atropelló y mató: desarchivaron la causa porque incumplió las obligaciones asumidas

El pedido que la madre y la hermana de un joven motociclista que murió en octubre de 2021 en un siniestro vial en Colón y Lamadrid hicieron a través de sus abogados logró desarchivar la causa tras comprobar que el conductor incumplió de manera injustificada las obligaciones asumidas en mayo de 2024 cuando se dictó la medida de archivo.

Más allá del pedido de disculpas que hizo la defensa de Ricardo Suani y el pedido de un plazo de tres meses para cumplir con el curso de manejo defensivo y el taller de reflexión, el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia dispuso el desarchivo de la causa, dio por reanudada la prosecución de las actuaciones según su estado y la elevación de las mismas al Juzgado Correccional N° 5.

Aunque la defensa alegó que las mujeres representadas por los abogados Maximiliano Orsini y Paula Erviti carecían de “derecho” para requerir el desarchivo de las actuaciones y la consecuente fijación de fecha de debate oral y público con motivo a un presunto acuerdo arribado ante el fuero civil, estos argumentaron que “la satisfacción económica en un juicio civil no agota ni sustituye el interés penal del Estado y de la víctima en obtener un pronunciamiento jurisdiccional sobre la responsabilidad del imputado”.

“La satisfacción económica abonada por la aseguradora no puede desplazar el interés público en la persecución penal, ni menos aún extinguir la potestad jurisdiccional de juzgar en el marco del derecho a la tutela judicial efectiva de este particular damnificado”, agregaron.

Para los representantes del particular damnificado “las reglas de conducta impuestas no constituyen sugerencias ni pautas optativas sujetas a la valoración subjetiva del imputado, sino obligaciones concretas, expresamente dispuestas por el órgano jurisdiccional como condición para mantener la solución procesal excepcional otorgada”

“Convalidar el mantenimiento del archivo pese al incumplimiento verificado importaría transmitir que las obligaciones impuestas judicialmente carecen de eficacia real, erosionando la confianza pública en la administración de justicia y consolidando un escenario de impunidad incompatible con los principios que rigen nuestro orden constitucional y convencional”, concluyeron.

Minutos después de las siete de la tarde del 3 de octubre de 2021 Ricardo Suani conducía su Volkswagen Voyage dominio IML602 por calle Lamadrid con sentido hacia la costa y al arribar a la intersección semaforizada con avenida Colón , cruzó el semáforo en rojo , y se interpuso en la línea de marcha de la motocicleta Motomel CG 125 que manejaba Ezequiel Alejandro Cáceres.

El joven circulaba habilitado por la luz del semáforo, por el tercer carril contando  desde la derecha de avenida Colón con sentido hacia la costa. Luego de embestir con el sector frontal de su motocicleta al vértice delantero izquierdo del vehículo de mayor porte, fue despedido del motovehiculo en una etapa de vuelo y posterior rebote contra el asfalto, sufriendo así graves heridas que requirieron su hospitalización y ocasionaron su deceso en días posteriores al hecho.

Al entender que si Stuani hubiera detenido la marcha de su vehículo frente la luz roja del semáforo, el fiscal Pablo Cistoldi le imputó el hecho como constitutivo del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo con motor calificado por no respetar la luz roja del semáforo.

En marzo de 2023 resolvió no hacer lugar a la oposición de la defensa y elevó a juicio la causa, pero en mayo de 2024 dispuso el archivo con la condición que en el término de un año realizara un curso de manejo defensivo en la Municipalidad General Pueyrredón, que concurriera al taller de reflexión sobre el valor de la vida humana, se abstuviera de manejar todo tipo de vehículos por el término de un año  con  entrega voluntaria de la licencia de conducir y se entrevistara con los familiares de la víctima -(en la medida en que lo desearan- a fin de manifestar un pedido de disculpas.

La constatación del incumplimiento de esas condiciones generó el reclamo de la madre y hermana de Cáceres que fue respondido de manera positiva esta semana por la fiscalía de Delitos Culposos.