Tras el caso de los obreros electrocutados, el Concejo impulsa el debate sobre el estado del cableado aéreo

El accidente que dejó a tres trabajadores con graves lesiones tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban tareas en una obra de Mar del Plata volvió a poner en primer plano una problemática que lleva años en la ciudad: el estado del cableado aéreo, la acumulación de instalaciones en desuso y los tendidos deteriorados o ubicados a baja altura.

En ese contexto, el bloque de concejales de la UCR -con autoría de Ariel Bordaisco- presentó un proyecto de decreto para convocar a una jornada de trabajo en el ámbito del Concejo Deliberante. La propuesta obtuvo este martes despacho favorable en la Comisión de Obras y ahora solamente resta su tratamiento y aprobación en una sesión ordinaria para que pueda concretarse.

La iniciativa apunta a que la discusión no quede limitada al episodio ocurrido en la obra, sino que permita analizar de manera integral las condiciones del cableado aéreo en el partido de General Pueyrredon, tanto en Mar del Plata como en Batán.

Entre los problemas señalados en el proyecto aparecen la acumulación de cables que dejaron de utilizarse, las instalaciones deterioradas, los tendidos caídos o colgantes y aquellos que se encuentran a alturas inadecuadas. Según los fundamentos, esta situación no solo afecta el paisaje urbano, sino que también puede representar un riesgo para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

Uno de los puntos centrales que plantea el proyecto es la dificultad para determinar quiénes son los responsables de cada instalación. En distintos sectores conviven tendidos de empresas de energía eléctrica, telefonía, internet y televisión por cable, muchas veces sobre postes y estructuras compartidas. A eso se suma la permanencia de redes antiguas que ya no cumplen ninguna función, pero que tampoco son retiradas.

Los autores de la iniciativa consideran necesario revisar los mecanismos de autorización, fiscalización y control, además de las obligaciones de las empresas prestadoras respecto del mantenimiento, la reparación y el retiro de los elementos que quedaron fuera de servicio.

En ese sentido, el proyecto recuerda que General Pueyrredon cuenta con la Ordenanza 9.163, que establece el Reglamento General para el Uso del Espacio Público Aéreo y Subterráneo, posteriormente modificado por otras disposiciones, entre ellas la Ordenanza 15.981. La propuesta plantea analizar si ese marco normativo resulta adecuado frente a la realidad actual de las redes y los servicios.

Quiénes participarían de la jornada

La convocatoria contempla una amplia participación institucional. Entre los invitados figuran representantes del Emvial, el Emsur, las áreas municipales de Obras, Inspección General y Defensa Civil, además de la empresa eléctrica Edea y las cooperativas eléctricas del distrito. También se prevé convocar a empresas de internet, telefonía, televisión por cable y telecomunicaciones, al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), y a los colegios profesionales de Ingenieros, Técnicos y Arquitectos. La Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Tecnológica Nacional también forman parte de la nómina de instituciones invitadas, junto con especialistas y organizaciones vinculadas a la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Entre las herramientas que se propone discutir aparecen la elaboración de registros georreferenciados de las instalaciones, la identificación de los titulares de cada tendido, los procedimientos para atender reclamos y emergencias y los criterios para establecer prioridades de intervención.

Los fundamentos también mencionan iniciativas implementadas en otras localidades para avanzar en el ordenamiento del cableado. Entre ellas aparecen los comités de limpieza del espacio aéreo, integrados por áreas municipales y empresas prestadoras, con el objetivo de coordinar el retiro de instalaciones abandonadas y normalizar alturas y cruces. 

En el plano internacional, el proyecto toma como referencia la experiencia de Chile y su denominada Ley "Chao Cables", que establece obligaciones para las empresas de telecomunicaciones en materia de identificación, mantenimiento, ordenamiento y retiro de instalaciones que dejaron de utilizarse.