Activistas de Greenpeace detenidos en el Congreso por protesta contra reforma de la Ley de Glaciares

Un grupo de activistas ambientales de Greenpeace fue arrestado en el Congreso de la Nación Argentina durante una manifestación contra la reforma de la Ley de Glaciares que está en proceso de tratamiento en el Senado de la Nación Argentina. Los manifestantes, vestidos con trajes que simulaban ser legisladores, se sentaron sobre inodoros decorados con la frase “ley de glaciares” y exhibieron un cartel que decía “Senadores, no se caguen en el agua”.

En un video difundido en redes sociales, los activistas expresaron su demanda a los senadores para que no cedan el control del agua en Argentina y voten a favor de conservar la ley vigente, respaldados por el apoyo de 200.000 personas en todo el país.

Desde Greenpeace calificaron la acción como una “acción de resistencia pacífica” destinada a visibilizar la gravedad que implicaría la reforma propuesta y su impacto negativo en la seguridad hídrica nacional.

La Ley de Glaciares actual, sancionada en 2010, prohíbe cualquier actividad extractiva en glaciares y áreas periglaciales, considerándolos reservas estratégicas de agua dulce para el país.

El oficialismo busca avanzar con la reforma contando con el respaldo de 37 senadores, y espera que los representantes del peronismo cordillerano apoyen la iniciativa. La propuesta modifica la delimitación de las zonas protegidas, distinguiendo entre el área periglaciar y las “geoformas periglaciales” que tengan función hídrica comprobable.

Esto significa que no todas las áreas periglaciares estarían protegidas, sino únicamente aquellas con una función hídrica demostrada.

El Gobierno apuesta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación de hidrocarburos en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, facilitando proyectos mineros de alcance internacional.

La reforma permitiría la explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados estratégicos para el agua, algo que la ley actual prohíbe expresamente.

En caso de ser aprobada, la determinación de la relevancia hídrica recaería en las provincias, a las que se les otorgaría mayor autoridad para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos extractivos.