"Es completamente inconstitucional": ambientalistas de Mar del Plata rechazaron la reforma de la Ley de Glaciares

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras denunció la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares que aprobó aprobada en el Congreso de la Nación tras considerarla "un retroceso en materia de protección ambiental".

“Desde la Asamblea somos parte de la acción plurinacional en defensa de los glaciares, el agua y la vida. Nos organizamos desde el año pasado para frenar el intento de modificar la Ley de Glaciares”, dijo la integrante de la organización Lucía Degregori y explicó que, en ese sentido, se han reunido de manera virtual con cientos de personas y colectivos de distintas regiones del país.

La Ley de Glaciares, que fue sancionada en el 2010, establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua dulce. “Es una norma clave porque resguarda reservas que sostienen la vida de millones de personas”, explicó Lucía y destacó el rol de la legislación, en un contexto de crisis climática global, donde estos ecosistemas se ven realmente perjudicados y de manera acelerada.
 

Según explicó Lucía, además de reconocer la función de los glaciares como reguladores hídricos y climáticos, la legislación prohíbe actividades extractivas que puedan dañarlos, como la megaminería o la explotación hidrocarburífera. También dio lugar a la creación del Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento científico que identifica miles de cuerpos de hielo a lo largo de la cordillera.

El proyecto de reforma que impulsó el gobierno Nacional habilitó cambios sustanciales. “Reduce el alcance de la protección al limitarla solo a ciertos glaciares considerados ‘relevantes’ y delega en las provincias la decisión sobre qué áreas preservar o habilitar”, advirtió la integrante de la Asamblea y agregó que para el colectivo esto “invierte la lógica de protección nacional” y pone en riesgo un recurso que trasciende a las jurisdicciones.

Otro de los puntos más cuestionados es el proceso de discusión pública. Según denunció la Asamblea, la audiencia realizada en el mes de marzo estuvo atravesada por varias irregularidades. “Se excluyó al 99% de los oradores. Que más de 100.000 personas se hayan inscripto demuestra que este proyecto no tiene licencia social y constituyó un hecho histórico”, remarcó.

Para la Asamblea la reforma “es completamente inconstitucional”, ya que vulnera los principios fundamentales de la legislación ambiental argentina. Entre ellos, el principio de no regresividad, la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional. "Además de desconocer el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas", agregó Lucía.

En ese sentido, la Asamblea también cuestionó el trasfondo económico del proyecto: “Rechazamos este avance extractivista porque, bajo la promesa de empleo, profundiza el saqueo, la contaminación y la desigualdad, beneficiando principalmente a corporaciones multinacionales”.
 

“La defensa del agua, de los territorios y de la vida no se negocia", aseguró Lucía y confirmó que desde la Asamblea continuarán organizándose y resistiendo, porque es "con unidad y fuerza colectiva" que "las comunidades vamos a seguir construyendo alternativas en defensa de los bienes comunes”.