Ley de Glaciares: Provincia advierte riesgo para la producción rural si avanza la sanción de la nueva ley

El gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof cuestionó con dureza el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) y advirtió que los cambios propuestos podrían afectar el acceso al agua y actividades productivas del sur bonaerense.

La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, aseguró que el posicionamiento de la Provincia es “vehementemente en contra” de la iniciativa y sostuvo que la normativa vigente “está bien”. Según planteó, la reforma impulsada a nivel nacional busca flexibilizar el marco jurídico que protege los glaciares y las zonas periglaciares, donde actualmente están prohibidas actividades extractivas como la minería.

La funcionaria consideró que se trata de una modificación “ilegal e inconstitucional” y afirmó que el debate no solo involucra a las provincias cordilleranas. “No es que porque no tengamos glaciares o zonas periglaciares no nos afecte. Su modificatoria afecta a nuestro sector productivo”, señaló. En ese sentido, remarcó que gran parte del territorio argentino depende del agua proveniente de los glaciares y de las nieves andinas.

Vilar también advirtió que en el país existen más de 16 mil glaciares, que constituyen una de las principales reservas de agua dulce de América Latina, y sostuvo que cualquier flexibilización de la ley pone en riesgo el recurso hídrico destinado al consumo, la salud y la producción. Además, explicó que en períodos de sequía el caudal de muchos ríos se sostiene gracias al agua proveniente del deshielo acumulado en la cordillera.

La ministra puso como ejemplo el caso de la cuenca del río Colorado, que llega al sur bonaerense y abastece un sistema de riego que alcanza unas 78 mil hectáreas productivas en los distritos de Villarino y Patagones. En ese marco, afirmó que distintos Concejos Deliberantes de ese sector de la provincia ya comenzaron a pronunciarse en rechazo al proyecto y señaló que incluso el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua,  le transmitió su preocupación por el posible impacto de la reforma.: "está espantado", señaló.

Un debate polarizado

El proyecto de reforma propone modificar varios artículos de la ley 26.639 para reducir el alcance de las áreas protegidas y cambiar quién decide qué zonas deben preservarse. Entre los puntos centrales, redefine el concepto de ambiente periglaciar -las zonas que rodean a los glaciares- para que solo queden protegidas aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobada, en lugar de proteger todo ese ecosistema como ocurre hoy. Además, traslada a las provincias la facultad de determinar qué glaciares y áreas periglaciares deben ser resguardados, lo que habilitaría evaluar caso por caso la posibilidad de autorizar actividades como minería o hidrocarburos en zonas que actualmente están prohibidas por la ley vigente.

El debate por la reforma de la ley de glaciares en Argentina enfrenta dos visiones contrapuestas: el impulso del Gobierno y de provincias mineras para flexibilizar la normativa y atraer inversiones, frente a críticas de organizaciones ambientales y parte de la oposición que advierten sobre riesgos para las reservas de agua.

Por un lado, el Gobierno nacional sostiene que la reforma busca “ordenar” la aplicación de la ley vigente (26.639), redefiniendo qué áreas deben ser protegidas y fortaleciendo el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Entre los cambios centrales aparece la redefinición del ambiente periglaciar —las zonas cercanas a los glaciares— y la posibilidad de habilitar actividades productivas, especialmente minería, en áreas que hoy están alcanzadas por restricciones. La iniciativa es apoyada por provincias con proyectos de litio y cobre, que plantean que la ley actual genera trabas para inversiones.

Por otro lado, organizaciones ambientalistas, científicos y sectores de la oposición advierten que la reforma podría reducir el alcance de la protección sobre ecosistemas clave para la reserva de agua dulce en la cordillera. Sostienen que modificar las definiciones técnicas o reducir las áreas protegidas abriría la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles y pondría en riesgo fuentes de agua estratégicas en regiones áridas.