Le ordenaron a Banco Provincia que no realice ningún débito o descuento en la cuenta de una jubilada estafada

Tras una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 dictó una medida de no innovar donde le ordenó al Banco Provincia que no realice ningún débito o descuento en la cuenta de una jubilada.

De acuerdo con la presentación que realizó la Ufeci, la damnificada intentó realizar un reclamo ante Visa. En ese marco, buscó un número telefónico en Google, desde donde fue dirigida a conversar por WhatsApp con los falsos operadores de la tarjeta de crédito. En esa comunicación, los imputados le solicitaron datos personales, bancarios y fotos de su DNI.

Esa información fue utilizada por los implicados para ingresar a la cuenta bancaria de la mujer, solicitar un préstamo por 7 millones de pesos y luego transferirse ese dinero, lo que dejó a la víctima con la cuenta vacía, pero con la obligación de pagar esa deuda que no solicitó ni consintió. Además, los imputados crearon cuentas a su nombre en diversas billeteras virtuales y solicitaron otros préstamos en la plataforma “alprestamo.ar”.

Mientras avanza la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59 a cargo de Laura Belloqui, el Juzgado consideró que, frente al daño actual, progresivo y de imposible reparación ulterior, era necesario dictar una medida cautelar que proteja a la víctima y que suspenda inmediatamente los efectos del préstamo no solicitado.

En la resolución, se le ordenó a la entidad bancaria la suspensión total de realizar cualquier débito, descuento o retención vinculada a la cuota del préstamo personal, así como tampoco puede realizar ningún devengamiento de intereses, punitorios y cargos financieros. Finalmente, se le exigió que se abstenga de realizar reclamos, gestiones de cobro o reportes crediticios negativos respecto a la jubilada.

Antecedentes

En 2021, la fiscalía general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca intervino en un caso donde también se ordenó una medida cautelar en favor de un jubilado, quien fue víctima de una ciberestafa similar, donde le sustrajeron sus claves bancarias y solicitaron a su nombre un préstamo personal.

Tanto en aquella oportunidad, como en este caso, el Ministerio Público Fiscal y la Justicia Nacional resaltaron la asimetría existente entre la vulnerabilidad de las víctimas y en contraposición, la responsabilidad de las entidades financieras en el incumplimiento de la protección de usuarios y clientes y en particular la omisión de exigir la verificación fehaciente de identidad en la autorización de créditos preaprobados y la adecuación de sistemas de control de riesgos informáticos.