Los denunciantes del Chiqui Tapia fueron imputados por extorsión: quiénes son el empresario y el concejal que irán a la Justicia

El fiscal Germán Camafreitas citó al empresario Leandro Camani y al concejal de Pilar, Matías Yofe, para notificarlos -según el artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense- que fueron imputados por presunta extorsión agravada. Es en relación a la denuncia presentada por el propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, por un supuesto intento de extorsión sobre el sistema de fotomultas.

Tapia sostiene que, luego de negarse a habilitar autorizaciones vinculadas al sistema de cámaras de fotomultas, en las inmediaciones del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), comenzó a recibir una secuencia de denuncias judiciales y acciones que, según planteó su defensa, formaban parte de un mecanismo de presión.

Leandro Camani es mencionado en la investigación judicial, por testigos y los custodios de Matías Yofe (concejal en Pilar por la Coalición Cívica), como parte del entorno que rodeaba al político en el esquema que articulaba denuncias y relaciones con funcionarios.

La Justicia determinó, por declaraciones de testigos, que los denunciados (Camani y Yofe) mantenían encuentros frecuentes, por lo que creen que intercambiaban información de la AFA y relaciones del mandamás de dicho ente, con el fin de presentar las denuncias contra la Asociación del Fútbol Argentino que terminó realizando el concejal pilarense.

La hipótesis que investiga la fiscalía, a cargo del Dr. Germán Camafreitas, apunta a determinar si existió un esquema de exigencias previas seguido de presentaciones penales como forma de coacción. 

Los testimonios de testigos que complican a Camani y Yofe

Un periodista, testigo en la causa, aseguró ante la fiscalía que Matías Yofe le había comentado que el empresario Leandro Camani aportaba dinero para sostener distintas acciones políticas y mediáticas. Incluso, le financiaba un espacio en un programa de radio. 

En otros testimonios aparecen los nombres del empresario de Morón, Gustavo Ferreiro, y del abogado platense Pedro Aribe, mencionados en el expediente como los participantes de reuniones vinculadas al armado político financiero del dirigente de la Coalición Cívica.