Polémica defensa del abogado de Migueles: "Era un intermediario"

El abogado del empresario y novio de la mediática Wanda Nara, Martín Migueles, Yamil Castro Bianchi, buscó despegarlo de la presunta trama de corrupción con el sistema de importaciones (SIRA) durante el último gobierno kirchnerista de Alberto Fernández: “Los audios fueron sacados de contexto”.

Su defendido es investigado en una causa en las que se analizan presuntas maniobras ilegales vinculadas al sistema SIRA. La causa apunta a una supuesta red de intermediarios, empresarios y funcionarios que habría gestionado autorizaciones irregulares para acceder a dólares oficiales a cambio de comisiones pagadas en el mercado informal.

Castro Bianchi explicó que su cliente se presentó en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal federal, Franco Picardi, dijo que el empresario era intermediario y que nunca tuvo contactos con funcionarios públicos.

El abogado dijo sobre los audios analizados en la Justicia “fueron sacados de contexto”. “En esa época había abogados, contadores, que realizaban trámites. No estamos hablando de coimas acá, y si alguien en su momento dijo que tenía o dejaba de tener algún tipo contacto con algún funcionario, se va a tener que hacer cargo, porque Migueles aclaró que no tuvo nunca contacto con ningún funcionario público de ningún área”, en declaraciones a La mañana con Moria.

Castro Bianchi dijo: “Lo que hicimos fue dar la cara, consideramos que cuando a una persona se lo acusa de algo tiene que venir y dar las explicaciones, por más que sean pocas y escuetas. La idea es decirle al fiscal: ‘Acá estamos, vengo a hacer aclaraciones’. Vamos a hacer más aclaraciones, esta es la primera, y estamos sugiriendo medidas de prueba”.

En el expediente se analizan audios de conversaciones de Migueles con interlocutores que buscaban acceder rápidamente al mercado oficial de cambios. Según la fiscalía, los mensajes muestran “una cadena de intermediación” en la que ciertos contactos acercaban empresas interesadas en obtener divisas, Migueles actuaba como nexo operativo y otro grupo de personas presuntamente tenía capacidad de “gestionar o influir” sobre la aprobación de las solicitudes ante áreas estatales.

En uno de los intercambios incorporados a la causa, Migueles conversa con un contacto agendado como “Ariel Viken”, identificado luego como Ariel Germán Saponara. Allí asegura que podía obtener autorizaciones en tiempo récord y explica el esquema económico detrás de las operaciones. “Sí, bol..., esa yo la saco al toque, la saco rápido la SIRA y a mí me cobran más o menos un 11% o un 12%”, dice en uno de los audios analizados por la Justicia.

El abogado dijo por último: “Con respecto a los porcentajes, ustedes sabrán que a veces alguien para realizar un trámite, sea gestor, abogado, contador, por cualquier tipo de cuestión, puede pedir una comisión”.