Autorizan al intendente Neme a definir el boleto del colectivo hasta fin de año

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la transferencia de facultades para que el intendente Agustín Neme establezca las tarifas del transporte público de pasajeros hasta el 31 de diciembre, en el marco de un pedido de actualización presentado por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) y luego del paro de la UTA.

La ordenanza fue aprobada por mayoría con el voto del Pro, La Libertad Avanza, UCR y Coalición Cívica, mientras que los tres bloques opositores -Unión por la Patria, Acción Marplatense y Frente Renovador- lo hicieron en contra.

Como ocurre habitualmente, se espera que en las próximas horas el Ejecutivo promulgue la ordenanza y luego el intendente publique un decreto con los aumentos. Según el estudio de costos realizado por el área de Transporte, el boleto plano debería valer $1.922,56, lo que representa un incremento del 24% respecto de los $1.550 vigentes desde diciembre.

De acuerdo a Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), corresponde al Concejo Deliberante establecer las tarifas del transporte público bajo órbita municipal. Pese a ello, el cuerpo le dio continuidad a la política implementada durante todo el gobierno de Guillermo Montenegro, transfiriendo esa facultad al Ejecutivo para que no sean los concejales quienes definan los valores.

A comienzos de abril, la Cametap había presentado ante el Ejecutivo y luego ante el Concejo Deliberante un pedido de actualización tarifaria para llevar el boleto plano a $2.569. En un comunicado posterior, la cámara advirtió sobre una “crisis terminal” del sistema, no solo por la estructura de costos que no tendría correlato en el precio del boleto, sino también por la falta de giro de las compensaciones que corresponden al gobierno nacional.

Según expuso la propia Cametap, el gobierno nacional que conduce Javier Milei acumula más de tres meses de retraso en el pago de los llamados Atributos Sociales Nacionales, las compensaciones que el Estado debe abonar a las empresas por los descuentos que reciben jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en sus tarjetas. Esa compensación representa el 55% del valor del boleto para cada pasaje subsidiado y equivale a tres meses completos de salarios de todo el personal.

Esa situación, señalaron las empresas, generó dificultades para afrontar en tiempo y forma el depósito de los salarios correspondientes a abril, lo que derivó en el paro de la UTA que se extendió desde el viernes a las 18 hasta la mañana del lunes.