Repartidores de aplicaciones exigen una ordenanza: "Hay 2500 marplatenses con necesidad de trabajar en condiciones dignas"

Se desarrolló un encuentro de repartidores y trabajadores de plataformas digitales convocado por el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), donde debatieron las principales problemáticas que atraviesa el sector y elaboraron un documento con propuestas para mejorar las condiciones laborales y avanzar en la regulación de la actividad.

Durante la jornada se conformaron dos comisiones: una dedicada a las condiciones laborales y otra enfocada en la reglamentación municipal. Entre las principales conclusiones, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo del gremio, impulsar un marco normativo que otorgue derechos a los trabajadores y exigir una mayor intervención del Municipio.

En el diagnóstico elaborado por la comisión sobre condiciones de trabajo, los repartidores advirtieron que los regímenes legales actuales no les garantizan beneficios ni protección, ya que las plataformas los encuadran como "socios", lo que permite a las empresas desligarse de responsabilidades vinculadas con la seguridad, las condiciones laborales, la fijación de tarifas y la asignación de pedidos.

En la misma línea, en el documento cuestionaron la falta de regulación por parte del Municipio y afirmaron que las aplicaciones operan sin tributar tasas como las de Seguridad e Higiene.

Además, expusieron dificultades cotidianas como la imposibilidad de acceder a créditos para renovar los vehículos utilizados para trabajar, la ausencia de lugares de descanso, baños o espacios para cargar los celulares, la falta de asistencia alimentaria durante las jornadas y las pérdidas económicas ocasionadas por cancelaciones de pedidos.

Desde la Sicamm también manifestaron su preocupación por la extensión de las jornadas laborales, la inseguridad y los mecanismos de evaluación de las plataformas, que premian la rapidez sin contemplar el cumplimiento de las normas de tránsito o las condiciones de seguridad.

Como parte del debate, fueron analizados distintos antecedentes normativos, entre ellos la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la labor en plataformas digitales, el reciente fallo de la Suprema Corte bonaerense que considera la existencia de una relación laboral entre repartidores y empresas, y el proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof para establecer un piso de derechos y condiciones de seguridad para el sector.

Entre las conclusiones de esa comisión, los trabajadores sostuvieron que la actividad involucra a unos 2.500 marplatenses, por lo que reclamaron que el Municipio exija a las plataformas el pago de tasas que permitan financiar mejoras en materia de seguridad e higiene. Asimismo, plantearon generar alianzas con comercios y pymes que también utilizan el servicio.

En paralelo, la comisión sobre reglamentación municipal utilizó como ejemplos las experiencias de otras ciudades como Morón, Escobar y Rosario, donde existen ordenanzas para regular la actividad, y remarcó que General Pueyrredon debe avanzar con una normativa propia que establezca obligaciones para las plataformas, contemple la instalación de espacios de descanso y garantice la participación de los trabajadores en el diseño de las políticas públicas.

El documento final también advierte sobre el crecimiento de la cantidad de repartidores impulsado por la situación económica, los riesgos derivados de la inseguridad y los accidentes de tránsito, y el impacto que las plataformas generan sobre los pequeños comercios.

En ese sentido, reclamaron que las empresas fijen domicilio en la provincia o el municipio, contribuyan al sostenimiento de infraestructura para los trabajadores y comiencen a tributar como el resto de las actividades económicas.

En última instancia, el comunicado finalizó con un llamado a que el Estado municipal impulse un marco regulatorio "claro y ordenador", promueva el consenso social para regular la actividad y genere espacios de debate y visibilización de la problemática, con un rol central de las organizaciones sindicales.