“Es un atropello institucional”: desde la Usina de Justicia cuestionaron a la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil

La decisión de la jueza Marta Pascual de suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores. En esa línea, la Usina de Justicia presentó una denuncia contra la magistrada.

En diálogo con Extra FM 102.1, la criminóloga e integrante de la organización Lucrecia Zárate calificó la resolución de la jueza como un “atropello institucional” y criticó que tenga la potestad de disponer por su cuenta la suspensión de una ley sancionada por el Congreso.

La abogada remarcó que el Congreso “debatió y votó esta ley penal para todo el país” y consideró que frenar su aplicación implica afectar “la democracia y la división de poderes”.

Uno de los principales argumentos de Pascual para disponer la suspensión estuvo relacionado con las condiciones para aplicar el nuevo régimen, como la disponibilidad de los espacios de aprehensión para menores. Para Zárate, la resolución parte de una interpretación equivocada del alcance de la normativa.

“La verdad que lo que se está atacando es la cuestión del encierro, no es automático, y no es para todos los casos”, explicó la abogada y agregó que la ley contempla distintas herramientas, como medidas socioeducativas y reparaciones del daño.

Para ella, los fundamentos de la resolución se apoyan en escenarios hipotéticos. “No hay menores que hayan sido vulnerados por esta ley”, afirmó la criminóloga y cuestionó que la suspensión se haya dispuesto durante 60 días en toda la provincia.

Respecto a la aplicación de la normativa, Zárate explicó que, más allá de la resolución en cuestión, “los fiscales van a aplicar la ley” y que la suspensión no implica que durante ese período queden sin respuesta los hechos delictivos cometidos por menores de edad.

La voz de las víctimas "está silenciada"

Otra de las cuestiones planteadas por la Usina de Justicia es la necesidad de que las víctimas tengan participación en la discusión judicial. Zárate explicó que la organización logró presentarse formalmente como querellante con el objetivo de que su posición sea escuchada cuando se realice la audiencia. “Acá siempre hay una voz que es la que está silenciada, que es la voz de la víctima”, sentenció.

La abogada sostuvo que el debate legislativo previo a la entrada en vigencia del nuevo régimen fue extenso y contó con la participación de la mayoría de los sectores. Por eso, cuestionó que los problemas vinculados con recursos e infraestructura sean planteados una vez que la ley comenzó a regir: “Desde que se sancionó la ley en febrero hasta ahora que entró en vigencia, hubo seis meses para articular todo esto que ella plantea en su resolución con el Poder Ejecutivo Provincial”.

Para cerrar, destacó el trabajo de la Usina de Justicia, que brinda asesoramiento jurídico y psicológico gratuito a víctimas de homicidios y femicidios y sus familias. “Estamos para brindar una asistencia constante", lo que significa que "van a ser no solo escuchados", sino también "contenidos”.