Cámaras de seguridad: la auditoría revela posibles irregularidades

A los pocos días de asumir su cargo, el intendente Carlos Arroyo firmó un decreto en el que ordenó la intervención y la realización de una auditoría en la secretaría de Seguridad de la Comuna, luego de conocerse la polémica salida del titular del área Julio Razona, quien denunció públicamente nidos de corrupción en esa dependencia. 

Antes que finalizara febrero, el Ejecutivo comunal concluyó con la auditoría y decidió recurrir a la Justicia. En la documentación, Arroyo explicó que “está aún pendiente de finalización la instalación de 327 cámaras de seguridad, cabe destacar, que el vencimiento inicial de esta etapa, según el pliego de licitación pública 22/2013, que derivó en un contrato entre la municipalidad de General Pueyrredon y la empresa Gloval View SA, era el día 31 de marzo de 2015; y que a esa fecha, debieran haberse instalado mil cámaras, hecho que aún no está cumplido”. 

“Según los informes de Contaduría municipal, a la fecha, solo se abonaron las tres primeras cuotas, por un monto de 3.668.247 pesos y todas las cuotas restantes desde febrero de 2015 a la fecha se encuentran impagas. Tampoco se habría aplicado a la empresa, las multas por incumplimiento de los plazos de obra y Global View no tiene excusas atendibles para justificar dicho incumplimiento”, añadió.

En tal sentido, remarcó que “lo más grave del caso es que facturas sobrantes en el expediente municipal, correspondientes a Global View no se corresponden en su monto, a lo previsto en las cláusulas del pliego de licitación y contrato de adjudicación que liga a ambas partes”. “La deuda actual, a determinar por la municipalidad de General Pueyrredon y que corresponda a las etapas que debieron cumplir hasta el 10 de diciembre de 2015, debieron ser pagadas por la administración del contador Pulti”, aclaró.

Para Arroyo, de las actuaciones administrativas revisadas,  “la administración anterior adoptó una actitud pasiva y que eso podría ser considerando como incumplimiento de los deberes de funcionario público”. 

Por otra parte, el jefe comunal destacó que “otro tema preocupante es la forma en que se ha realizado el suministro de combustible a los móviles utilizados por la policía, no existe constancia además, que las 20 motos consumen 10 litros de combustible diario”.

A continuación, Arroyo dijo que “también es criticable el sistema seguido para contratar el servicio de transporte de los efectivos policiales. En todos los casos, las contrataciones fueron directas a pesar que los montos del contrato excedían las cantidades máximas para este tipo de contrataciones”. En la documentación oficial, se refleja que el gobierno de Gustavo Pulti gastó casi 2 millones de pesos para el traslado de los efectivos policiales.

A su vez, el titular del Ejecutivo local señaló que “tampoco resulta claro el motivo por el cual se alquilaron baños químicos, cuando los mismos ya existían con instalación fijas en la sede de la Policía Local, ubicada en Juan B. Justo y  Reforma Universitaria”. “Debo advertir que la única licitación pública para la contratación del servicio de coordinación y monitoreo, fue prácticamente dejada de lado por razones de oportunidad y mérito de la actual administración”, resaltó.

Para finalizar, Arroyo le reclamó a la Justicia que investigue si las erogaciones mencionadas hacen esponsables al exintendente y también a exfuncionarios que las autorizaron.