“Estamos en un momento crítico, con controles malos y deficientes”

Aunque no va a contar con un lugar físico ni nuevos empleados, la puesta en marcha de la Oficina de Enlace que se presentó la semana pasada aspira a resolver el creciente incumplimiento de penas y medidas de morigeración. Según Guillermo Nicora –representante del Ministerio Público Fiscal- la coordinación entre las áreas dará un mejor resultado.

En diálogo con el programa radial Causa Abierta, el fiscal reconoció los inconvenientes actuales para la supervisión de esta población. “El control actual es malo, deficiente. Estamos en un momento crítico y el Estado tiene que hacer cumplir la ley dentro del ámbito de sus responsabilidades”, señaló.

La Oficina de Enlace está integrada por el Ministerio Público Fiscal, la Policía Local, el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Dirección Departamental de Investigaciones, aunque en un futuro podría convocarse a representantes de las fuerzas federales con presencia en la ciudad. Las tareas coordinadas, el intercambio dinámico de información y la eliminación de trabas burocráticas tienen como objetivo acelerar la recaptura de evadidos.

Nicora aclaró que esta labor es diferente a la que realiza el Patronato de Liberados ya que la Ley de Emergencia Administrativa trasladó la jurisdicción del Organismo de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaria de Derechos Humanos. “El personal está limitado a la asistencia y tutela de los liberados en el seguimiento de reglas o tratamientos para reinsertarse y no a tareas de control”, explicó.

Según la modificación que se hizo de la Ley de Ejecución Penal, esa tarea de control debían realizarla los agentes de prueba. “Esa figura apareció en 2011, pero de los 350 agentes que iban a llevarla adelante no se nombró ninguno”, explicó.

Para Nicora la puesta en marcha de la Oficina de Enlace permitirá complementar parte de esa falencia, aprovechando la presencia en la calle de efectivos de la Policía Local, las tareas investigativas que realiza la DDI y el conocimiento de campo de los miembros del Servicio Penitenciario. “Coordinando únicamente las vías de comunicación entre los miembros y en virtud de la necesidad de actuar con rapidez, podemos tener a un fiscal solicitando una orden de allanamiento en diez minutos”, concluyó.