Fotomultas: Arroyo pone a prueba a propios y extraños en el Concejo

La interacción entre el intendente Carlos Arroyo y el Concejo Deliberante en los primeros 9 meses de gestión fue escasa. Más allá del presupuesto y las ordenanzas fiscal e impositiva, la actividad legislativa de la gestión municipal, en cuanto a proyectos de peso que generen debate y puja entre los ediles.

Este martes, el jefe comunal mandó al Concejo el proyecto para rubricar un convenio con la Universidad Tecnológica de La Plata e impulsar el sistema de fotomultas en el partido de General Pueyrredon. Será, sin duda, una prueba importante del intendente en el cuerpo legislativo, pues la iniciativa tiene todos los condimentos necesarios para recalentar el debate: críticas, denuncias y lobby empresarial.

El intendente resolvió anular una licitación que había lanzado la gestión anterior, encabezada por Gustavo Pulti, en la que luego de presentarse dos empresas solo Boldt había superado las cuestiones formales y quedo como único oferente. Arroyo resolvió dar un giro y suscribir un convenio con la UTN, que aporta los elementos y la tecnología para llevar adelante el sistema de control vehicular.

La ecuación en el entorno del jefe comunal es simple. “Nosotros no gastamos plata, nos capitalizamos porque los aparatos quedan en nuestro poder y vamos a ganar fondos con la recaudación”, arguyen. El reparto de los fondos que se obtengan por las fotomultas es 40% para la comuna, 40% para la UTN y 20% para el gobierno provincial.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Los bloques de la oposición cuestionaron el acuerdo y entre otras cuestiones, afirmaron que el convenio es perjudicial económicamente para el municipio -la licitación le garantizaba un porcentaje mayor de la recaudación aunque también obligaciones con la empresa prestataria- y que detrás de la UTN se esconden intereses privados que se quedarían con parte del negocio.

A eso se le suman las presiones subterráneas de la empresa que quedó fuera de la licitación que aún no se resignan a perder un negocio millonario.

Con todos estos condimentos, el proyecto comenzará a ser debatido en el Concejo Deliberante en las próximas horas, lo que hace suponer que el oficialismo deberá tener preparados fuertes argumentos para lograr el consenso necesario que permita convertir en ordenanza esta iniciativa.

El antecedente del Código de Publicidad no es el más favorable. En mayo de este año, la concejal Patricia Leniz presentó un proyecto para derogar el código que se había sancionado durante la gestión Pulti e implementar uno nuevo. La idea, desde el vamos, tiene apoyo de muchos comerciantes y empresas de publicidad que siempre rechazaron la norma restrictiva impulsada por Acción Marplatense. No obstante, desde mayo hasta hoy el único avance del arroyismo fue convocar a una a jornada de trabajo para debatir el tema que hasta ahora no tiene fecha de realización.

Es cierto que desde el 10 de diciembre se habló de una mayoría automática del oficialismo en el Concejo Deliberante: los 7 concejales de la Agrupación Atlántica – Pro y los 5 de la Unión Cívica Radical suman la mitad del cuerpo legislativo y cuentan, además, con el voto doble del presidente del cuerpo en caso de que haga falta desempatar.

Sin embargo, esas matemáticas incuestionables chocan contra las fisuras del interbloque Cambiemos, que está lejos de mostrar posiciones homogéneas. No solo hay diferencias entre las distintas fuerzas que componen el espacio (Unión Cívica Radical, Pro y la Agrupación Atlántica) sino que cada una tiene sus propias internas que hacen compleja la convivencia.

El caso más emblemático es el del presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, en otros tiempos uno de los hombres más cercanos al intendente Arroyo. El hombre que podría desempatar la cuestión ya dejó traslucir públicamente su bronca porque no forma parte de la mesa chica de las decisiones comunales.

Pero está claro que no es el único. El radicalismo también atraviesa un proceso de reacomodamiento en medio de la renovación de autoridades partidarias a nivel provincial. Oficialmente, todos los ediles dirán que esas discusiones no se traducen a la gestión, pero por lo bajo todos saben que si pueden utilizar cualquier herramienta para perjudicar a su adversario de turno no dejarán pasar la oportunidad.

Además, como ya hemos dicho, los radicales tienen un plus dentro del Concejo en la estructura de Cambiemos. Hasta ahora, fueron los principales voceros del intendente Arroyo, por encima de su propio bloque (encabezado por el hijo del jefe comunal, Guillermo) y del Pro, que tiene a Juan Aicega como único representante. Aicega dividió su año entre su trabajo en el Ministerio de Justicia de la Nación y su labor parlamentaria en General Pueyrredon. El edil ya tomó la decisión de optar por Mar del Plata, pero le hará falta un tiempo más para terminar de afianzarse como la figura que el Pro necesita en la ciudad.

El objetivo del municipio es que el sistema de fotomultas comience a implementarse en Mar del Plata antes de que arranque la temporada de verano. El Concejo tendrá, entonces, dos meses para trabajar y discutir el tema. Y Arroyo tendrá ese tiempo para ver cómo responden los propios y cómo juegan los extraños.