Cómo "defenderse" de la telefonía celular

El usuario finalmente consigue el dinero para cambiar de celular. Son más de 1000 pesos pero la inversión lo vale: estar conectado a Internet por una red de alta velocidad o de tercera generación (3G) le servirá para su trabajo y para estar al corriente de sus amistades a través de las redes sociales.

El equipo navega rápido. Vuela. Pero sólo en Wi-Fi. La satisfacción dura poco. La conexión de la red móvil se “arrastra”. Y ahí comienzan los reclamos. Si se logra captar la atención de los centros de atención telefónica, recibirá bonificaciones por la falta de Internet pero el servicio seguirá siendo deficiente. Entonces uno quiere bajar el plan de telefonía más Internet, que suele sobrepasar los 100 pesos mensuales o darse de baja y optar por otra empresa. Y ahí comienzan los problemas. Las multas pueden ir de 250 a 1000 pesos según el costo del equipo.

"Cuando el consumidor quiere salirse de ese contrato, se le trata de imponer la permanencia mínima. Ahí ocurre un doble agravante. La mala prestación del servicio y la penalización por la salida anticipada de contrato, que nunca le fue correctamente informada. Eso es una práctica que algunas empresas de telefonía celular lo intentan hacer usualmente", afirmó Pablo Di Scala, titular de Dirección General de Defensa al Consumidor a 0223.

En ese sentido el funcionario municipal agregó que en estos casos  para el organismo "es totalmente abusivo" y cuando se logra la instancia conciliatoria la empresa "nunca llega con una ilustración de transferencia de datos para comprobar la deficiencia o no del servicio". En esos casos, que son mayoritarios, se logran acuerdos que en algunos casos producen que el consumidor rescinda el contrato sin pagar ninguna claúsula. 

Di Scala aclara que a veces no se logran acuerdos entre el consumidor y la compañía de telefonía celular y en esos casos "nos toca evaluar los contratos. Nosotros en la primera instancia conciliatoria el consumidor puede recibir una reparación directa y si eso no sucede tenemos que determinar si corresponde o no iniciar la instancia punitiva, reprocharle una determinada conducta al prestador e imputar por el incumplimiento de alguna norma. Y ahí donde estamos considerando el comportamiento contractual abusivo", precisó.

Debido al enorme caudal de reclamos por la telefonía celular en general es que el Gobierno a través del Ministerio de infraestructura con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) "va a medir calidad, velocidad e intensidad de la señal", dijo el funcionario.

"Sabemos que detrás de una persona que hace un reclamo hay un sinnúmero de consumidores  en la misma situación que por el maltrato recibido o la desidia de la empresa directamente no hacen el reclamo y quedan sumergidos en esa situación vegatoria hacia ellos y no son motivo de reclamos", precisó Di Scala.