Clausuran ONG en la que uno de los imputados por el crimen de Lucía Perez y otros seis detenidos están alojados

Una medida que el área de Inspección General municipal tomó hace más de una semana volvió a exhibir las falencias en el control de algunas de las morigeraciones que cumplen varios imputados en distintas causas y generó un pedido inmediato de revisión de esos beneficios. Aunque la sede de la ONG Proyecto Vida Digna en la que realizaban un tratamiento por adicciones Alejandro Maciel –imputado por el crimen de Lucía Pérez- y otros seis detenidos fue clausurada hace ocho días, poco y nada se sabe oficialmente de la situación actual de esas personas.

El 27 de noviembre pasado el área a cargo de Emilio Sucar Grau dispuso la clausura de la sede de la ONG ubicada en Tres Arroyos 78 porque no tenía la habilitación municipal y no contaba con disyuntores en los tableros eléctricos. Este martes el funcionario se presentó en la Fiscalía General e informó que a la espera de una audiencia prevista para el próximo jueves, el establecimiento sigue clausurado.

A partir de esa comunicación, el fiscal general Fabián Fernández Garello hizo una presentación ante la Presidencia de la Cámara de Apelaciones para que se haga un relevamiento de las personas que cumplen morigeraciones de prisión preventiva en ese lugar. Según los datos a los que tuvo acceso 0223, en las actas que realizó personal municipal en el lugar se confirmó la presencia de siete personas que –más allá de la clausura- permanecen en ese establecimiento.

“Más allá del deplorable estado edilicio del lugar y de la clausura aún tienen servicio eléctrico y teléfono, por lo que el monitoreo que se realiza a través de la pulsera o tobillera electrónica no registró ninguna irregularidad”, aseguró a este medio una de las fuentes judiciales consultadas.

Los ocho días que transcurrieron desde la clausura del establecimiento hasta que la Justicia tomó nota de lo sucedido vuelve a exponer las dificultades del sistema para controlar con rigor la situación de las personas detenidas que cumplen –como en este caso- la prisión preventiva fuera del complejo carcelario. “Más allá del reclamo que hicieron los padres de Lucía Pérez cuando se enteraron de lo sucedido, durante estos días nadie había cotejado la situación de la ONG”, señalaron las mismas fuentes.

Pedido de la fiscalía y del particular damnificado

Apenas ingresó a la mesa de entrada de la fiscalía 8 la confirmación de la clausura del lugar, se formalizó una presentación en el Juzgado de Garantías a cargo de Gabriel Bombini. El escrito firmado por el fiscal Fernando Berlingeri plantea “las irregularidades detectadas  en el domicilio donde se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario el imputado Alejandro Maciel”.

“Teniendo en cuenta la gravedad de las irregularidades puestas de manifiesto, así como que dicha clausura ha ocurrido el día 27 de noviembre y ni el imputado ni su tutor conductual han comparecido ante VS (vuestra Señoría) a poner en conocimiento dicha clausura, ni el domicilio donde actualmente se encontraría residiendo, es que solicito por el presente se verifique el cumplimiento de la medida cautelar del encartado Maciel”, agregó.

Por su parte el abogado de la familia de Lucía Pérez informará este jueves las irregularidades y solicitará que se revoque la morigeración. Además de cuestionar que el tutor conductual del imputado no informó lo sucedido, Gustavo Marceillac también cuestionará que los encargados del establecimiento no informaron nada de lo sucedido.

En el mismo escrito Marceillac planteará “la inmediata revocación del beneficio aludido y el reintegro del interno a la Unidad Penitenciaria en la que se encontraba”.

Tras estar diez meses detenido en la Unidad Penal 44 de Batán, el 13 de agosto pasado la Justicia de Garantías dispuso que Alejandro Maciel debía internarse en una comunidad terapéutica y colocarse una tobillera electrónica. El  imputado de encubrimiento agravado y de manera subsidiaria de abandono de persona seguida de muerte cumple la prisión preventiva en la ONG a la espera de la realización del juicio oral cuya elevación aún no confirmó la Cámara de Apelaciones.