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Mar del Plata tendrá fotomultas: ¿qué esconde el proyecto más reclamado por Arroyo?

Mar del Plata tendrá fotomultas: ¿qué esconde el proyecto más reclamado por Arroyo?

Mariano Suárez

La sesión plenaria de este jueves será larga e intensa. El aumento del boleto de colectivo siempre provoca ruidosas manifestaciones en la puerta del municipio de organizaciones que cuestionan la medida. También se aprobará una norma que regula los foods trucks, algo que rechaza un ONG que aglomera a choripaneros de Mar del Plata. Sin embargo, el proyecto estrella para el arroyismo no es ninguno de ellos: el intendente y su entorno tienen la mirada puesta en la aprobación de las fotomultas.

Al igual que los otros dos, el proyecto recibirá el aval del cuerpo legislativo y la ciudad comenzará a implementar las fotomultas. Sin embargo, todavía quedan algunas incógnitas por develar y en el oficialismo nadie se atreve a dar precisiones.

“Nos vamos a hacer millonarios, le vamos a prestar plata a la provincia”, había vaticinado el intendente Carlos Arroyo cuando comenzó a promocionar la posibilidad de que se implementen las fotomultas en Mar del Plata, en junio del año pasado.  

Desde ese entonces hasta finales de 2016, cuando el proyecto ingresó formalmente al Concejo Deliberante, mucho se habló de las desventajas del convenio que pretendía firmar el intendente Arroyo con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, en relación a la licitación que había iniciado la gestión de Gustavo Pulti y que se encaminaba a ganar la empresa Boldt.

El principal factor por el que se oponían los detractores era el escaso margen de ganancia que dejaba el convenio: 40% de lo recaudado por las multas, un 26% menos que lo que hubiera recibido de concretarse la licitación.

Pero también había otras dudas. Si bien el convenio se firmaba entre los gobiernos municipal y provincial y la UTN, detrás de esta institución –se decía- había ocultas caras privadas: la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones de tránsito (Cecaitra). Si bien no aparece en ninguna parte del convenio, el acuerdo si le permite a la UTN a contratar a terceros para temas “de alta especialización”. Y eso le ponía algún manto de sospecha al plan.

Pese a varios pedidos del jefe comunal y su equipo para que el convenio de fotomultas avance en el Concejo Deliberante, quedó estancado en las comisiones y poco a poco fue perdiendo impulso.

Los primeros pedidos para que se modifique el convenio y se incremente la recaudación que le corresponde llegaron de los concejales de Crear Lucas Fiorini (hoy senador por Cambiemos) y Alejandro Carrancio. Pero el arroyismo no exhibió demasiada voluntad para cambiar los términos originales: 40% para el municipio, 40% para la UTN y 20% para el gobierno provincial.

Sin embargo, el mes pasado, cuando había pocas expectativas por su aprobación, el proyecto revivió. Allí, los ediles de Crear acompañados por el radical Nicolás Maiorano, decidieron pedirle informes al secretario de Hacienda Hernán Mourelle para saber si era viable modificar los porcentajes de recaudación e incrementar lo que le correspondía al municipio.

Ver más: Fotomultas: la UCR pide crear una comisión de control para que avance el proyecto

Si bien desde el oficialismo se daba por descontado que eso era un hecho, los días pasaban y la confirmación no llegaba. Así, Maiorano resolvió dejar por escrito la sugerencia y agregó al expediente que el porcentaje para Mar del Plata no podía bajar del 50% y otro punto crucial: la creación de una comisión de monitoreo y seguimiento para garantizar la transparencia durante el cumplimiento del convenio.

Este miércoles, en la previa a la sesión que definirá la incorporación de General Pueyrredon al sistema de fotomultas, hubo varias idas y venidas. La esperada nota de Mourelle llegó, pero no con los términos que esperaban los sectores del oficialismo que siempre tuvieron algunos reparos para acompañar la iniciativa: el secretario de Hacienda confirmaba plena negociación para que a Mar del Plata le correspondiera más recaudación (mencionaba el 45%). Pero no una garantía de que eso se concretaría.   

En medio de cierta confusión, el oficialismo resolvió aprobar un proyecto que autoriza al intendente Arroyo a firmar el convenio con la UTN, siempre y cuando se destinen los radares a las esquinas de mayor siniestralidad, que se implemente la comisión de control para garantizar la transparencia y que el porcentaje que le toque a Mar del Plata no sea menor al 50%. “Si esas condiciones no se cumplen, el convenio no se puede firmar”, celebraron los concejales.

Sin embargo, la historia no termina allí. A muchos les genera dudas si lo que este jueves aprobará el Concejo Deliberante es una obligación para el intendente o más bien una sugerencia. Las opiniones son divididas, pero lo que más llama la atención no son los artilugios que pueda tener el jefe comunal para esquivar el mandato del Concejo Deliberante, sino ¿por qué razón Arroyo y su entorno evitarían acompañar planteos que buscan aumentar la recaudación para la ciudad y garantizar la transparencia de la norma?

“A nosotros siempre nos hizo ruido que Arroyo estuviera tan negado a modificar el convenio, cuando lo que proponíamos era para mejorarlo”, confió una fuente del oficialismo.

Este jueves, mientras la atención en los alrededores del municipio estará puesta en el aumento del boleto y la aprobación de la norma que regula a los foods trucks, en el despacho principal de la comuna estarán atentos a la aprobación de las fotomultas, un plan en el que llevan trabajando más de un año.

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Mar del Plata tendrá fotomultas: ¿qué esconde el proyecto más reclamado por Arroyo?

La sesión plenaria de este jueves será larga e intensa. El aumento del boleto de colectivo siempre provoca ruidosas manifestaciones en la puerta del municipio de organizaciones que cuestionan la medida. También se aprobará una norma que regula los foods trucks, algo que rechaza un ONG que aglomera a choripaneros de Mar del Plata. Sin embargo, el proyecto estrella para el arroyismo no es ninguno de ellos: el intendente y su entorno tienen la mirada puesta en la aprobación de las fotomultas.

Al igual que los otros dos, el proyecto recibirá el aval del cuerpo legislativo y la ciudad comenzará a implementar las fotomultas. Sin embargo, todavía quedan algunas incógnitas por develar y en el oficialismo nadie se atreve a dar precisiones.

“Nos vamos a hacer millonarios, le vamos a prestar plata a la provincia”, había vaticinado el intendente Carlos Arroyo cuando comenzó a promocionar la posibilidad de que se implementen las fotomultas en Mar del Plata, en junio del año pasado.  

Desde ese entonces hasta finales de 2016, cuando el proyecto ingresó formalmente al Concejo Deliberante, mucho se habló de las desventajas del convenio que pretendía firmar el intendente Arroyo con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, en relación a la licitación que había iniciado la gestión de Gustavo Pulti y que se encaminaba a ganar la empresa Boldt.

El principal factor por el que se oponían los detractores era el escaso margen de ganancia que dejaba el convenio: 40% de lo recaudado por las multas, un 26% menos que lo que hubiera recibido de concretarse la licitación.

Pero también había otras dudas. Si bien el convenio se firmaba entre los gobiernos municipal y provincial y la UTN, detrás de esta institución –se decía- había ocultas caras privadas: la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones de tránsito (Cecaitra). Si bien no aparece en ninguna parte del convenio, el acuerdo si le permite a la UTN a contratar a terceros para temas “de alta especialización”. Y eso le ponía algún manto de sospecha al plan.

Pese a varios pedidos del jefe comunal y su equipo para que el convenio de fotomultas avance en el Concejo Deliberante, quedó estancado en las comisiones y poco a poco fue perdiendo impulso.

Los primeros pedidos para que se modifique el convenio y se incremente la recaudación que le corresponde llegaron de los concejales de Crear Lucas Fiorini (hoy senador por Cambiemos) y Alejandro Carrancio. Pero el arroyismo no exhibió demasiada voluntad para cambiar los términos originales: 40% para el municipio, 40% para la UTN y 20% para el gobierno provincial.

Sin embargo, el mes pasado, cuando había pocas expectativas por su aprobación, el proyecto revivió. Allí, los ediles de Crear acompañados por el radical Nicolás Maiorano, decidieron pedirle informes al secretario de Hacienda Hernán Mourelle para saber si era viable modificar los porcentajes de recaudación e incrementar lo que le correspondía al municipio.

Ver más: Fotomultas: la UCR pide crear una comisión de control para que avance el proyecto

Si bien desde el oficialismo se daba por descontado que eso era un hecho, los días pasaban y la confirmación no llegaba. Así, Maiorano resolvió dejar por escrito la sugerencia y agregó al expediente que el porcentaje para Mar del Plata no podía bajar del 50% y otro punto crucial: la creación de una comisión de monitoreo y seguimiento para garantizar la transparencia durante el cumplimiento del convenio.

Este miércoles, en la previa a la sesión que definirá la incorporación de General Pueyrredon al sistema de fotomultas, hubo varias idas y venidas. La esperada nota de Mourelle llegó, pero no con los términos que esperaban los sectores del oficialismo que siempre tuvieron algunos reparos para acompañar la iniciativa: el secretario de Hacienda confirmaba plena negociación para que a Mar del Plata le correspondiera más recaudación (mencionaba el 45%). Pero no una garantía de que eso se concretaría.   

En medio de cierta confusión, el oficialismo resolvió aprobar un proyecto que autoriza al intendente Arroyo a firmar el convenio con la UTN, siempre y cuando se destinen los radares a las esquinas de mayor siniestralidad, que se implemente la comisión de control para garantizar la transparencia y que el porcentaje que le toque a Mar del Plata no sea menor al 50%. “Si esas condiciones no se cumplen, el convenio no se puede firmar”, celebraron los concejales.

Sin embargo, la historia no termina allí. A muchos les genera dudas si lo que este jueves aprobará el Concejo Deliberante es una obligación para el intendente o más bien una sugerencia. Las opiniones son divididas, pero lo que más llama la atención no son los artilugios que pueda tener el jefe comunal para esquivar el mandato del Concejo Deliberante, sino ¿por qué razón Arroyo y su entorno evitarían acompañar planteos que buscan aumentar la recaudación para la ciudad y garantizar la transparencia de la norma?

“A nosotros siempre nos hizo ruido que Arroyo estuviera tan negado a modificar el convenio, cuando lo que proponíamos era para mejorarlo”, confió una fuente del oficialismo.

Este jueves, mientras la atención en los alrededores del municipio estará puesta en el aumento del boleto y la aprobación de la norma que regula a los foods trucks, en el despacho principal de la comuna estarán atentos a la aprobación de las fotomultas, un plan en el que llevan trabajando más de un año.

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