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1 de Noviembre de 2018 15:43

Archivan pedido de sanción disciplinaria contra Fernández Garello por participar en delitos de lesa humanidad

Desde la CPM cuestionaron la decisión del procurador Conte Grand, a quien acusaron de "proteger" al fiscal general de Mar del Plata y buscar "garantizar su impunidad”. Foto: archivo 0223.

Lo dispuso el procurador bonaerense Julio Conte Grand. Desde la CPM sostienen que el fiscal general de Mar del Plata fue "espía" durante la dictadura y ello constituye una “falta disciplinaria de gravedad institucional”.

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires dispuso el cierre y archivo del trámite disciplinario contra el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, actuaciones que habían sido impulsadas por la Comisión Provincial por la Memoria, que considera que su participación en delitos de lesa humanidad -fue agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba) durante la dictadura-, “constituye una falta disciplinaria de gravedad institucional para un estado de derecho”. Incluso, la justicia federal imputó al funcionario por esos hechos.

La CPM había iniciado actuaciones administrativas ante la secretaría de Control Disciplinario de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, para que se investigue la comisión de faltas disciplinarias por parte de Fernández Garello, en relación a su participación en delitos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, al entender que constituyen “graves violaciones a los derechos humanos”. También hicieron hincapié en que el fiscal ocultó esa información al asumir en su cargo actual.

De esta manera, se cierra el trámite administrativo para investigar la actuación de un funcionario judicial de la democracia que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado como “espía” de la Dipbba, y desde la CPM afirmaron que se trata de una “decisión política” con la que se “protege al fiscal y busca garantizar su impunidad”.

Fabián Fernández Garello está acusado en una causa penal que tramita en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín. Esta denuncia también fue presentada por la CPM, en base a la información que se desprende de los legajos del archivo de la Dippba, que el organismo gestiona desde el 2001. Por la importancia y el valor de esta prueba, hace poco la jueza Federal Alicia Vence llamó al actual fiscal a prestar declaración indagatoria y posteriormente dispuso la ampliación de la misma.

La CPM reveló tiempo atrás que durante la última dictadura cívico-militar, Fernández Garello se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dippba. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Los documentos de la Dippba involucran al actual fiscal general de esa ciudad en una causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de otros tres militantes del Partido Comunista el 23 de Julio de 1981. El entonces oficial subinspector participó del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. También en acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos.

“A pesar de conocer todo este material probatorio, el Procurador Julio Conte Grand decidió desestimar la investigación del fiscal y fundó su decisión en meros formalismos y razones endebles que no sólo desconocen, como ya se dijo, la gravedad institucional de este hecho sino que van contra las mismas obligaciones que tiene la Procuración”, expresaron desde el organismo.

A su vez, lamentaron que Conte Grand haya valorado -por sobre la prueba documental- “el descargo del propio fiscal que minimizó como ‘tareas administrativas’ algunas de sus acciones como agente de la Dippba y justificó otras, por ejemplo, en la legalidad de la detención de los militantes del Partido Comunista. Y, finalmente, se escudó en la continuidad de la investigación penal”.