“No hay dudas: Fernández Garello realizó tareas de inteligencia durante la dictadura”

Sandra Raggio, titular de la Dirección General de Áreas de la Comisión Provincial por la Memoria y el secretario de la organización, Roberto Cipriano García, se presentaron este miércoles en la mañana en sede de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata para ratificar los alcances de la grave denuncia que presentó el organismo de derechos humanos contra el fiscal general Fabián Fernández Garello.

Luego del comunicado en el que el funcionario del Ministerio Público se desligó de cualquier responsabilidad en torno a los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante la dictadura cívico militar, los referentes de la CPM, acompañados de diversos dirigentes marplatenses, entre ellos, el secretario general de la AJB, Mariano Fernández, brindaron algunos detalles de la documentación que involucra al fiscal.

“En el marco de una investigación que la CPM inició sobre la participación de los agentes de inteligencia en la maquinaria del terrorismo de Estado, en la consideración de que fueron parte necesaria e indispensable en el secuestro y la desaparición de personas, es que se inicia una causa en el departamento judicial de San Martín a partir del asesinato de Ana María Martínez, militante del PCT. De la documentación obrante, se comprueba que la Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) participó en la infiltración y el asesinato. A partir de ese caso, nos encontramos también con que la Dippba participa en el secuestro, detención y tortura de tres militantes del partido comunista. Uno de los agentes involucrados en todas esas tareas es justamente Fabián Fernández Garello”, describió de moviva Cipriano García.

De acuerdo a los integrantes de la CPM, “la Dippba fue muy activa en la represión, secuestro y tortura de personas en un trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de San Martín, que fue un centro clandestino de detención, y del Batallón N°201 del Ejército, que dependía del Batallón de Campo de Mayo. En ese marco, es que Fernández Garello ingresa a la policía bonaerense en el año 78 y permanece en la Dippba hasta por lo menos el año 82. Eso está acreditado por los propios documentos de la policía bonaerense, que certifican su participación en al menos 17 hechos que tienen que ver con el espionaje político y gremial, entre ellos, la participación de una reunión de Madres de Plaza de Mayo con el episcopado, en cooperadoras de escuelas y en encuentros sindicales”, sumó Cipriano García.

En esa línea, el Director del Comité contra la Tortura detalló: “Existen actas firmadas por el propio fiscal y el resto de los agentes, en el caso de los tres militantes del partido comunista, sobre la creación de un grupo de tareas para su secuestro y tortura. Eso sucedió en julio del año 1981 y luego Fernández Garello y su equipo fueron trasladados a la Dippba de Tigre. Uno de los militantes es vuelto a detener en enero del 82 y hace una denuncia por apremios en la cual sostiene que su detención es concretada por el mismo personal que actuó en la primera intervención. En la causa, además, quedó acreditado el paso de energía eléctrica por una pericia médica en la víctima. Luego se hizo una rueda de conocimiento en la que la policía hizo participar a Garello, pero realizada en una comisaría y sin un abogado que patrocine a los afectados. La causa luego se archivó”, describió Cipriano García.

A su turno, Sandra Raggio resaltó que la documentación “de alguna manera viene a corroborar los testimonios de las víctimas sobre la participación de la bonaerense en las acciones concretas de desaparición. De lo que nosotros no tenemos dudas es que el fiscal general prestó servicios en la Dippba durante la dictadura militar y desarrolló actividades vinculadas al espionaje de terrorismo de Estado. Ese crimen de lesa humanidad contra Ana María Martínez no se hubiera cometido sin todo el trabajo de inteligencia, que no fue azaroso, arbitrario o casual”, describió.

La CPM adelantó que pedirá el juicio político contra Fernández Garello en el Consejo de la Magistratura y solicitó a la Procuradora “la inmediata separación del cargo. Ante la enorme responsabilidad que ocupa, no puede estar atravesado por estas denuncias, no puede estar en funciones”, concluyeron.