Violencia de género, vulnerabilidad de la víctima y críticas a parte de la Justicia: las claves del alegato de la querella

En el comienzo los 65 minutos que duró su alegato el abogado de la familia de Lucía Pérez le adelantó al Tribunal que acompañaba el análisis que hizo la fiscalía el viernes pasado aunque plantearía algunas modificaciones con relación al grado de participación y reproche solicitado para dos de los imputados. En ese sentido se entiende el pedido de prisión perpetua para Matías Farías y Juan Pablo Ofiddani como coautores de venta de estupefacientes agravada y como autor y partícipe necesario de abuso sexual agravado por acceso carnal y por la utilización de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal por femicidio; y de cuatro años y medio por encubrimiento para Alejandro Maciel.

Más allá de esa diferenciación, el profesional planteó claramente –desde su posición de particular damnificado- las preocupaciones y sensaciones por las que atravesaron los familiares y amigos de la adolescente a lo largo de estos dos años. En ese sentido planteó algunas consideraciones de interés acerca de las responsabilidades de muchos operadores del sistema judicial y algunas consideraciones sobre su funcionamiento.

En esa línea sostuvo la angustia extra y exposición innecesaria generada a partir de las declaraciones que la fiscal María Isabel Sánchez hizo en el comienzo de la investigación. “Los padres pudieron ver en este debate como esa verdad revelada sobre como murió su hija no era tan así”, dijo con relación a la conferencia donde la separada fiscal habló de un empalamiento.

Marceillac también se refirió al alejamiento sorpresivo de la abogada anterior –María Marta Iacoi- que había facilitado la Procuración de la provincia y cuestionó duramente la tarea del eviscerador José Luis Badami, de la perito médica Claudia Carrizo y –en menor medida- del subsecretario de Salud Pablo de la Colina que estaba esa tarde al frente de la sala de Playa Serena a la que llevaron a la menor ya fallecida.

Violencia extrema

En sintonía con lo que fue su alegato de apertura Marceillac sostuvo que el Tribunal está ante un caso de violencia extrema donde dos adultos reclutaban chicas en la puerta del colegio para vender droga a cambio de favores sexuales de chicas adolescentes. “Es un caso de violencia extrema porque los imputados planteaba captarlas, forjarlas, violarlas y matarlas”, señaló.
Marceillac hizo foco en la necesidad de reforzar las circunstancias agravantes en la venta de drogas –por ser destinada a menores, en cercanías de escuela y en algunos casos como entrega onerosa- y por las características de violencia contra la mujer por el abuso y femicidio de Lucía al plantear los acuerdos internacionales incorporados a la legislación.

Acompañado por algunas imágenes que se proyectaban en una pantalla colocada en un lateral de la sala, el abogado descartó los motivos para pensar que se trató de una relación deseada en la que hubo consentimiento. “Pensar que hubo consentimiento es como decir que en un delito de trata la mujer se prostituye porque quiere, decirlo es absurdo y violatorio de los derechos de la mujer”, agregó.

Luego de sostener que la figura de femicidio es compatible con el dolo eventual, el abogado de la familia sostuvo que el reproche que merece Offidani es igual al de Farías porque si  no  lo ayudaba –por ejemplo en el traslado de Lucía a la casa de la calle Racedo- el hecho no hubiera sucedido. “La calificación es la misma que planteó Vicente, pero entendemos que Offidani tiene que responder por la muerte como partícipe necesario”, concluyó.

Tras hacer referencia a la exposición que en el último día de testimonios brindó Laurana Malacalza del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense,  remarcó que la perspectiva de género no es sólo un criterio de interpretación y sostuvo que cuando la violencia machista no es atendida por el Estado "se transforma en violencia institucional“.

Eximentes, agravantes y atenuantes

En el cierre de su alegato el abogado de la familia de Lucía descartó la presencia de cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y solamente consideró como atenuante la falta de sentencias previas de los tres imputados.

En cuanto a los agravantes acompañó los pedidos por la fiscalía, relacionados con la pluralidad de hechos, el empleo de medios de movilidad y la cantidad y calidad de material secuestrado por el delito de la tenencia de drogas con fines de comercialización.

Con relación al abuso y la muerte de Lucía valoró como agravante la edad de la víctima, su mayor vulnerabilidad, la dependencia de los tóxicos, el contexto de violencia de género, la violencia y fuerza del abuso y la  multiplicidad de participes que actuaron de manera coordinada. 

Para Farías también consideró su forma de ser –en cuanto al intento de generar confianza con las adolescentes su rol de padre  que debería haber sido un freno inhibitorio natural y la conducta posterior al hecho donde se mostró indiferente ante la muerte.

En cuanto a Offidani consideró como agravante la edad –“un mayor reproche por una mayor madurez”- y las bondades y privilegios del ámbito familiar donde fue criado, que siempre lo apoyó y que sin embargo lo hicieron optar por el delito como medio de vida.

Marceillac también solicitó que se meritúen como agravantes en el caso del pedido de condena por encubrimiento agravado para Alejandro Maciel -a quien trató de mentiroso- su edad, el nivel de instrucción y su calidad de funcionario público dedicado a la prevención en el Centro Provincial de Adicciones.

“Pedimos que se de una sentencia ejemplar que permita darle algo de paz a la familia, que sea un ejemplo para que ver que cualquier hombre está violando derechos humanos si actúa de esa manera”, concluyó antes de que los gritos de Farías que dieron por cerrada la audiencia hasta el martes a las nueve de la mañana cuando alegue la defensora oficial Laura Solari.