Arroyo adhirió a Ley provincial que sanciona a funcionarios y concejales que no presenten sus declaraciones juradas

A través del decreto Nº 176, al cual 0223 tuvo acceso,  el intendente Carlos Arroyo promulgó la ordenanza que establece que el municipio de General Pueyrredon adhiere a la Ley Provincial Nº 15000 que estipula la obligación de los funcionarios municipales y concejales de presentar sus declaraciones juradas. 

La norma fue aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante. Se trató de una iniciativa impulsada por el presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano. “Esto tiene que ver con generar mayor transparencia en la administración pública y los que somos funcionarios públicos. Es una adhesión a una ley provincial y aquí es donde vamos a detenernos. Criticamos lo que creemos que hay que criticar e impulsamos lo que creemos que hay que impulsar”, explicó el edil opositor en el plenario. 

A su vez, el concejal massista remarcó que “esta ley fue promovida en la legislatura provincial por el diputado Maximiliano Abad, hoy jefe del bloque de Cambiemos, y sin embargo nos parece una buena ley, nuestros diputados la votaron, y nosotros la impulsamos desde aquí, porque creemos que hay que generar mayor transparencia, porque creemos que nuestra Ordenanza que fue muy importante en su momento con respecto a que tengamos todos las declaraciones juradas en la web, necesita impulsarse y  mejorarse”. 

Cabe recordar que ya existe una ordenanza en el distrito de General Pueyrredon que genera la obligación de presentar las declaraciones jurídicas y que están publicadas en la web oficial del municipio y el HCD. En su momento, fue un proyecto impulsado por el exconcejal Eduardo Romanín.  Sin embargo, la flamante ley provincial es más completa y tiene previstas sanciones para quienes no lo cumplan.

Por su parte, el presidente de la bancada de diputados bonaerenses de Cambiemos, Maximiliano Abad, aseguró que “se trata de una demanda social y permitirá mejorar la calidad democrática e institucional” y agregó que “es un paso adelante en la transparencia y en el acceso de la información”.

En consonancia con el decreto 407/17 que obligó a funcionarios bonaerenses a presentar las declaraciones, la iniciativa incluye a los funcionarios del sector público provincial y al Poder Legislativo, con acceso a los ciudadanos a través de la publicación en página web. También invita a adherir a funcionarios del Poder Judicial y a los departamentos ejecutivos y deliberativos municipales, así como a hacerlo voluntariamente a sindicatos, colegios profesionales y otras entidades.

Mediante esta ley estarán obligados a presentar la declaración patrimonial 30 días antes de iniciar la gestión y otra 30 días antes de cesar en el cargo, todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, de los organismos de la Constitución, Defensor del Pueblo y adjuntos, directores del Banco Provincia, personal jerárquico de la Policía y Servicio Penitenciario, comisarios y personal de investigaciones del tráfico de drogas, titulares de organismos autárquicos y entes reguladores, personal que maneje fondos públicos o que otorgue habilitaciones, rectores, decanos y secretarios de universidades provinciales. Además de diputados, senadores, secretarios y prosecretarios, contador tesorero, auditor y personal jerárquico legislativo.
 
La declaración jurada patrimonial deberá contener la totalidad de datos personales, patrimoniales, ingresos y egresos de los sujetos obligados, cónyuge o conviviente, hijos y personas a cargo. Además deberán incluir antecedentes laborales y profesionales de los últimos dos años.

La falta de presentación será considerada como incumplimiento de los deberes inherentes al cargo de funcionario público y habilitará las acciones legales correspondientes.

El listado de declaraciones juradas patrimoniales, y las que se encuentren pendientes, deberán ser publicadas durante el mes de diciembre de cada año en el Boletín Oficial y en el sitio web que la autoridad de aplicación determine.

La iniciativa fue aprobada el 16 de diciembre en la legislatura provincial.  A partir de esto, cada municipio puede adherir a la norma para incluir a los jefes comunales y a los concejales de cada localidad.  El proyecto original fue tratado durante las sesiones extraordinarias en diciembre del año pasado y fue aceptado por todos los bloques de la legislatura bonaerense.