"Arroyo pretende entregar un bien común a un usurpador"

A horas de que el intendente Carlos Arroyo presentara un proyecto de ordenanza para pedir al Concejo Deliberante que convalide un convenio suscripto entre el municipio y Asociación Civil Centro Recreativo “Luis Piedrabuena” para concederle un permiso precario para que puedan explotar un espacio municipal ubicado al lado del Faro de Punta Mogotes, a metros de donde funcionó el centro clandestino de detención de la ExEsim; la polémica ya está instalada.

Y no es para menos: el espacio en cuestión pertenece a la Comuna, el anterior gobierno había logrado una orden de desalojo para recuperarlo y ahora, el actual jefe comunal busca alquilarlo por un plazo de 5 años a cambio de un canon de 80 mil pesos por año, es decir, menos de 7 mil pesos mensuales.

Karina Huarte, representante de la Asamblea por los Espacios Públicos, organización que participa del Colectivo Faro de la Memoria, advirtió que ese predio está “usurpado” desde la década del década del '90 por un exmarino que tuvo participación activa durante la dictadura cívico, militar y eclesiástica, entre los años ‘78 y ’79, identificado como Augusto Osvaldo Menecier. “Ya en el año 1995, cuando se conforma la Reserva Forestal del Paseo Costanero Sur, que se extiende desde el Faro de Punta Mogotes hasta el Arroyo Las Brusquitas, esta persona estaba explotando el lugar, sin ningún tipo de permiso”, sostuvo Huarte en declaraciones a 0223 Radio.

Según dijo, en 2005, Menecier conformó la Civil Centro Recreativo “Luis Piedrabuena”, organización que tenía como objetivo ayudar a chicos con facultades diferentes. “De hecho –explicó- en eso amparó en 2015 para rechazar la orden de desalojo que había emitido el municipio” y remarcó que, evidentemente, “con la llegada de Arroyo al gobierno, el tema quedó traspapelado”. “Por eso ahora vemos que se intenta entregar  aun usurpador este espacio que es parte de la reserva forestal”, razonó.

En tanto, Huarte advirtió que la entrega del predio a una persona que tuvo vínculos con la represión tiene además “una connotación política muy fuerte” porque “se pisotea una vez más la política de memoria, verdad y justicia”.

Por último, si bien reconoció tener ciertas dudas en cuanto al apoyo que le dará el Concejo al convenio que el intendente firmó el 19 de marzo pasado con el centro "Luis Piedrabuena", Huarte ratificó el rechazo de los organismos de DDHH a la iniciativa. "No queremos que se premie a un usurpador de un bien común ", enfatizó.