Tras la polémica, proponen que Mar del Plata sea una "Ciudad incluyente" con el colectivo Lgtb+i

El proyecto de ordenanza presentado por el bloque de concejales del Frente de Todos sostiene que  dicha medida es un acto de visibilidad, una celebración de la libertad y de la diversidad, invitando a toda la comunidad a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

11 de Enero de 2020 19:45

Por Redacción 0223

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Luego que el pasado 4 de enero, Gustavo Posati y su pareja Mariano Domínguez fueran expulsados del balneario Ocean Club de Playa Grande por besarse, desde el bloque de Concejales del Frente de Todos elevaron un proyecto de ordenanza para declarar a Mar del Plata como “ciudad incluyente” y repudiar lo ocurrido.

Según explicó la edil Sol de la Torre, Mar del Plata, mediante la ordenanza 19.130 (sancionada en abril de 2009) se declaró “Ciudad Amigable con la diversidad sexual” y, desde entonces el Departamento Ejecutivo se comprometió a impulsar la acciones que tiendan a erradicar toda forma de discriminación, a incluir a la plenitud de derechos a las diversidades sexuales y generar acciones de concientización en tal sentido.

En dicha ordenanza se desprende también que Ente Municipal de Turismo (Emtur)  tiene la responsabilidad de “difundir a Mar del Plata como Ciudad Amigable con la diversidad sexual, impulsando circuitos, promoviendo el acompañamiento del sector comercial y de servicios a tal declaración, así como la realización de acontecimientos que tengan por centro la diversidad sexual”.

Es por eso que de la Torre retomó los postulados de la ordenanza 19.130, y pidió que en lugar de hablar de Mar del Plata como “Ciudad Amigable” se la nombre “Ciudad Incluyente”, en tanto implica “un acto de visibilidad, una celebración de la libertad y de la diversidad, invitando a toda la comunidad a la sensibilización del colectivo Lgtb+i, al reconocimiento de sus derechos y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”.

En el proyecto, la edil asegura que “la erradicación de la discriminación no solo constituye un imperativo ético para la realización del principio de igualdad y una necesidad política para la ampliación de la democracia, sino que la persistencia de prácticas discriminatorias es un obstáculo para un modelo de desarrollo que garantice la inclusión social”, concluyó.
 

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