Torres y Liva: avanzan las gestiones para hacer una demolición "controlada"

Ya pasaron dos semanas del incendio histórico que desmoronó a la distribuidora de Torres y Liva pero el recuerdo de aquella noche ardiente sigue tan vivo como las primeras horas que sucedieron al siniestro: sobre la calle Rivadavia casi 20 de Septiembre permanece intacta la desoladora postal del desastre.

0223 realizó este jueves una recorrida por el predio donde supo funcionar durante años el comercio mayorista de Carlos Torres: todavía afloran amontonados los importantes restos de la estructura del local y hasta se advierte una leve salida de humo de su interior.

 Fuentes oficiales que consultó este medio confiaron que están "avanzadas" las gestiones por los trámites administrativos que debe realizar el Municipio para la contratación de la empresa que se hará cargo de la demolición "controlada" de la parte del edificio que quedó en pie aunque aclararon que aún no hay confirmación acerca de cuándo comenzarán los trabajos.

Hasta que no se avance con los trabajos para demoler la estructura, seguirá fuertemente restringido el tránsito de vehículos y personas en la zona céntrica por parte de las autoridades para prevenir cualquier tipo de eventualidad.

Con respecto a la circulación de autos, está prohibido el flujo por Rivadavia y España hasta 14 de Julio y por la calle 20 de Septiembre, en el tramo que va desde Belgrano hasta San Martín. Y en relación al tránsito peatonal, está totalmente prohibido el paso a unos 20 o 30 metros de Torres y Liva.

La investigación del siniestro ocurrido en la noche del domingo 15 de diciembre quedó a cargo del titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº6, Juan Pablo Lódola, quien sostiene la hipótesis de que el incendio fue provocado adrede y por un único responsable: Néstor Gustavo Arrativel, un hombre en situación de calle de 53 años que ya tiene antecedentes por intentos de ataques de similares características.

Al sospechoso se le imputó el delito de "incendio agravado por la puesta en peligro de más de cien personas", que contempla una pena en expectativa de entre 3 y 15 años de prisión.

Al reconstruir su historia, la Justicia local constató que el hombre no tiene antecedentes penales y que había sido asistido en algunas oportunidades por agentes de la Secretaría de Desarrollo Social pero el fiscal dijo que nunca se lo logró trasladar a un parador municipal por el temor que acusaba por la presunta presencia de "delincuentes".