Otra polémica en Luna Roja: denuncian que retiran arena del sector público hacia el privado

El conflicto entre la administración del balneario Luna Roja y los vecinos de la zona sur de Mar del Plata no tiene fin. En medio de los cruces y acusaciones por el avance de la concesionaria, este martes sumaron un capítulo más al enfrentamiento por el traspaso de arena del sector público hacia el privado.

Según expusieron los vecinos, este martes una máquina retroexcavadora removió arena desde la línea de costa marítima hasta las bases del acantilado donde se encuentra un complejo de cabañas de las cuales tres de ellas tienen riesgo de derrumbe. Al advertir esta situación, los vecinos se acercaron al operario quien en pocos minutos finalizó sus tareas.

"La sociedad anónima se quiere lavar la cara para que les levanten la clausura. Esto es otro delito más, es una muestra de atropello. Hay un despojo de la arena. Es un sobreabuso del concesionario privado que limita el acceso a nuestros bienes", recriminó Kanki, uno de los asambleístas, a 0223.

Según confió el manifestantes, desde el Ente Municipal de Turismo (Emtur) les aseguraron que la máquina contaba con un permiso legal para trabajar. Sin embargo, los vecinos decidieron radicar una denuncia en la Policía Ambiental y a la Autoridad del Agua, además de dar aviso al 911.

El último fin de semana, integrantes de la Asamblea de Vecinos y Vecinas del Sur, Asamblea “Salvemos Paradise” y Asamblea por los Espacios Públicos del Faro de la Memoria elevaron una nota hacia el Concejo Deliberante de General Pueyrredon para pedir la intervención del balenario a raíz de las diversas irregularidades constatadas.

El 21 de noviembre pasado efectivos de la Policía Ecológica e inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredon se hicieron presentes en el predio del kilómetro 542 de la ruta 11 en donde constataron algunas anomalías en el complejo de cabañas, en el restaurante y los dormis, lo que derivó en la clausura de la Unidad Turística Fiscal “Playa Bonita” que ya lleva tres semanas.

Los vecinos de la zona realizaron en diferentes oportunidades para exponer el avance del sector privado que administra Horacio Ipucha, denunciar el vuelco de efluentes cloacales sobre el arroyo Lobería y la construcción de cinco cabañas ilegales, además de rechazar la destrucción de un monumento que recordaba a cinco personas asesinadas el 2 de agosto de 1978 en el paraje durante la última dictadura cívico militar.