Juicio CNU 2: “La violencia fue una forma de discurso”

Durante la semana se retomó juicio “CNU 2”, que juzga el accionar de la asociación ilícita enmascarada en la agrupación de ultraderecha, que sumó siete condenas en su primer tramo, y que tiene como acusados en esta segunda parte a los abogados Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa.

El debate, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, entró en etapa de alegatos. El primer turno fue para el Ministerio Público Fiscal de la Nación, representado por el fiscal general Pablo Ouviña, quien entre el martes y miércoles pasado, durante más de nueve horas en total, desarrolló los argumentos de la acusación, que concluirá en las próximas audiencias previstas para el 22 y 23 de septiembre.

En primer lugar, el fiscal se refirió a la violencia y el contexto en que se produjeron los hechos investigados, como paso ineludible para comprenderlos. Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar una asociación ilícita, que tuvo en el accionar de la banda enmascarada en la CNU su brazo ejecutor local, junto a los otros siete miembros condenados en diciembre de 2016, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Por su parte, Ullúa llegó a juicio procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y el médico Bernardo Alberto Goldemberg –secuestrados y acribillados en la denominada noche del 5 por 1-; por los asesinatos de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

“Tanto los historiadores como los pronunciamientos judiciales que han tocado el tema coinciden en que, entre 1971 y 1976, el contexto fue el de una paulatina y creciente violencia generalizada”, apuntó el fiscal. “La violencia pasó a ser una especie de guía para la acción. Y fue también una forma de discurso: la forma de emitir mensajes”, expresó más adelante en su alegato.

"Así como la escalada de violencia fue progresiva, también fue progresiva la postura del gobierno pasó de ser árbitro de la contienda a tomar decididamente partido en favor de uno de los bandos, adoptando medios legales para intentar contener la violencia, pero también métodos ilegales para eliminar personas de manera sistemática”, señaló luego. Su exposición estuvo acompañada por decenas de diapositivas que exhibieron prueba que consta en la causa, y que acompañaron los detalles de sucesos históricos analizados por el fiscal.

Ouviña analizó que tras la vuelta de Juan Domingo Perón al país se produjo un quiebre en la alianza que el general tenía con la organización Montoneros, lo cual significó “un paso trascendental de lo que se denominó la depuración del movimiento”.

“En definitiva, la orden de depuración emitida no quedó en una expresión de deseos. Se diseñó un plan para su implementación; y se ejecutó. (…) La misión era clara: desplazar de esos espacios a los dirigentes identificados con ideas de izquierda”, sostuvo el fiscal.

Para su cumplimiento señaló que confluyeron en una misma organización miembros de las fuerzas policiales –federal y de las provincias- y de las fuerzas armadas, patotas sindicales y militantes de las agrupaciones de la derecha peronista, entre ellas, la CNU.

Además, durante los alegatos se expusó la inserción estatal y gremial de la CNU, su vinculación con Mar del Plata y la relación que esta tenía con las fuerzas de seguridad vinculación del 

En las próximas audiencias está prevista la continuidad del alegato fiscal, quien ahondará sobre los crímenes cometidos en el marco de la asociación ilícita, detallará las calificaciones legales de la acusación –que serán más amplias que las insinuadas en la etapa de investigación-; se tratarán las responsabilidades penales de cada imputado; para, por último, merituar el reproche penal y solicitar las penas.