Procesan a Macri y lo embargan por $100 millones

El juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó sin prisión preventiva y dictó la prohibición de salida del país al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

En la resolución que se conoció este miércoles por la tarde, el magistrado, que todavía tiene una recusación pendiente en Casación que solicitaron los abogados de Macri, también dispuso un embargo de 100 millones de pesos en perjuicio de "los bienes y el dinero" del exmandatario.

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Entonces, el juez recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.

La prohibición de salir del país se aplica "sin perjuicio que el imputado (es decir, Macri) se encuentra fuera del país en este momento" de modo que "la medida comenzará a regir a partir de su reingreso a la República Argentina", según consta en el fallo del hombre a cargo del Juzgado Federal de Dolores.

Al fijar las reglas de conducta del procesado, Bava dijo que Macri "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal; que deberá dar aviso por sí o por intermedio de su abogado defensor de cualquier cambio de domicilio, como así también deberá dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país".

El juez federal justificó el procesamiento al encontrar al exjefe de Estado como penalmente responsable del delito de "realización de acciones de inteligencia prohibidas" en carácter de autor y en concurso ideal con el delito de "abuso de autoridad de funcionario público" en carácter de autor.

"Esto es en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas", argumentó.

De este modo, la causa por espionaje ilegal ya carga con una docena de procesamientos. A Macri, se suman el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora general Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes, y Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, dos directores operacionales de Contrainteligencia.

Según reconstruyó el juez, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba el interés nacional e internacional.

La investigación por el espionaje sobre las familias de los tripulantes del navío se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata.

La pesquisa primero estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que el episodio debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el juzgado federal de Dolores, en su momento a cargo de Alejo Ramos Padilla.

La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.