Cómo se gestó el polémico amparo que suspende el aborto en Argentina

Un juez federal de Mar del Plata ordenó en las últimas horas suspender la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en todo el país y las aguas que dividen a sectores a favor y a contra del derecho al aborto volvieron a agitarse. Si bien la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Acorta, anticipó que el Estado apelará la cautelar del titular del Juzgado Federal Nº 4 de esta ciudad, Alfredo López, que determinó la inaplicabilidad de la Ley 27.610, lo cierto es que desde la entrada en vigencia de la resolución hasta que una instancia judicial superior resuelva el planteo de fondo, en todo el territorio nacional no se podrá realizar este tipo de prácticas.

Ahora, ¿quién promovió el amparo de la polémica? El impulsor del pedido es Héctor Adolfo Seri, un abogado local jubilado de 69 años que pasó por la política en la década del ‘90, cuando fue primer candidato a diputado provincial por el partido de derecha Movimiento por la Dignidad y la Independencia, que lideraba el excarapintada Aldo Rico. Pero su carrera concluyó en la función pública y en medio de un escándalo judicial, luego de que quedara involucrado en una causa por estafa a la Anses que, se calcula, generó perjuicios fiscales por más de 100 millones de pesos.

En concreto, a Seri, un personaje siempre ligado a la Iglesia Católica, se lo acusa de haber participado en alrededor de 400 jubilaciones fraudulentas, sacando provecho de su trabajo en la Anses, en donde ingresó en 1999 como responsable del sector jurídico del organismo a nivel local. Tras jubilarse, en junio del 2019, se desempeñó como asesor en la UDAI del Puerto.

El rol que habría tenido Seri en las maniobras fraudulentas no era menor: para el juez federal Santiago Inchausti fue, ni más ni menos, uno de los jefes de la organización ilícita. Incluso, se lo consideró coautor de los delitos de defraudación contra la administración pública reiterado en dieciséis oportunidades, de tentativa de defraudación contra la administración pública en tres ocasiones y hasta de tenencia ilegítima de armas de uso civil. Tras resolver su procesamiento, el magistrado impuso además un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.

Alejado de la actividad y patrocinado por el abogado Mauro D’ipólito Blancat, Seri presentó el amparo contra el aborto legal en la justicia federal el 11 de mayo pasado y, tras ser rechazado por la justicia provincial por una cuestión de competencia, cayó en manos del juez López. “Seri fue candidato a diputado por el Modin en el ‘94, año en que el que fue la Convención Constituyente en la que se define adherir a los pactos internacionales y, de esta manera, tienen jerarquía constitucional por sobre el reordenamiento interno. Cada uno de esos tratados y convenciones a las que adhiere la Argentina garantiza el derecho a la vida del niño por nacer. De ahí surge la inquietud de presentar el amparo y peticionar como medida cautelar que, hasta tanto se resuelva si realmente o no se violentan derechos consagrados en la Constitución, se suspenda la aplicación de la ley”, precisó este martes D’ipólito Blancat.

Sorprendido por la repercusión que tuvo el fallo a nivel nacional, el letrado sostuvo que el juez López -quien ya se había manifestado en otras oportunidades como “Provida” e, inclusive, en su fallo hizo hincapié en que su “condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención” en el planteo- dio lugar a la medida porque “encontró fundamentos que refutan y reafirman lo establecido en los pactos internacionales”. 

De esta manera, ahora resta esperar a que el Estado apele el fallo en la Cámara y, de confirmarse, se estima que la discusión podría terminar en la Corte Suprema. “Al ser un tema que estaba tan politizado y que ha dividido al país, nunca pensé que iba a tener esta trascendencia ni que iba a contar con un magistrado que dictara una cautelar de esta envergadura. Mi representado, por su parte, está muy contento porque esta es una cuestión que perseguía desde hace tiempo. Para él es una victoria porque es católico y está a favor de la vida”, aseguró ante la consulta de 0223.

El abogado estimó que, por la envergadura del tema, la resolución judicial definitiva podría demorar, como mínimo, cuatro o cinco meses, lapso durante el que ninguna mujer o persona gestante podrá practicarse un aborto. “Se han comunicado con nosotros colectivos a favor de la vida, grupos de la Iglesia Católica y pastores evangélicos para expresar el apoyo al juez López e, incluso, quieren añadirse a la presentación”, advirtió y reparó en que, desde la sanción de la ley de IVE, en todo el país se presentaron 29 amparos pero ninguno prosperó como ocurrió en Mar del Plata. “El magistrado sostiene que si se está velando porque haya legislación por los derechos de los animales, cómo no vamos a estar a favor de proteger los derechos del niño y de las personas por nacer”, remarcó.

Por último, D’ipólito Blancat destacó la postura del magistrado de haber suspendido la normativa sancionada por el Congreso de forma democrática. “Independientemente de que una ley se sancione en el modo representativo, republicano y federal que tiene nuestro Estado tiene que pasar por un control de constitucionalidad”, sentenció.